Navarra podrá seguir gestionando y recaudando el impuesto sobre residuos y podrá fijar los tipos de gravamen, según ha acordado la Comisión Negociadora del Convenio Económico, integrada por representantes de la Administración de la Comunidad Foral y de la Administración del Estado.
En el encuentro celebrado este viernes se ha firmado el acuerdo para la armonización del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Según el acuerdo alcanzado, la exacción del impuesto corresponderá a Navarra cuando radique en su territorio el vertedero o la instalación de incineración o coincineración en la que se entreguen los residuos gravados.
De igual modo, según detalla el Ejecutivo Foral, Navarra aplicará la misma normativa sustantiva y formal que la establecida por el Estado, pudiendo incrementar los tipos de gravamen dentro de los límites vigentes en territorio común.
La firma, que tiene lugar en el marco de la modificación del Convenio Económico, actualmente en tramitación, se produce con el fin de que el nuevo tributo se incorpore al Convenio Económico y pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2023.
Al término de la reunión la consejera Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha valorado el acuerdo alcanzado que ha enmarcado en "la máxima expresión del autogobierno" y que ha considerado una "buena noticia" fruto de una relación "fluida, bilateral, constante y de diálogo entre administraciones".
Lo que se ha hecho, según ha explicado, es armonizar, convenir el impuesto para "poder seguir teniendo el impuesto navarro" y además, ha remarcado, con "margen de actuación en cuestiones como tipos de gravamen".
En palabras del líder de Navarra Suma, Javier Esparza, el Gobierno de Navarra está renunciando a defender el régimen foral". Así, en declaraciones a los periodistas ha sostenido que "no se está defendiendo la realidad institucional de Navarra, la potestad tributaria que tiene el régimen foral y que desde siempre ha ejercido la Comunidad foral".
Ha considerado que la postura del Ejecutivo es "bajar los brazos y asumir a la primera y sin rechistar lo que está diciendo el Gobierno de España",
Con este acuerdo, según Esparza, "se replica la figura impositiva del Estado. La consejera puede interpretar lo que quiera pero esto es claro. Otra cosa es que entres en una disputa judicial y el Tribunal Constitucional marque cual es el camino, pero nunca Navarra había dejado de defender una posición como esta".
En su opinión, lo que se tenía que haber hecho es "mantener el impuesto aprobado en 2018 y luego si el Estado recurre, que recurra y vamos al TC", pero cree que "no se ha hecho para no molestar a Sánchez".
Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que es "inadmisible" que UPN pida ahora un "enfrentamiento" con el Estado en relación a la ley de residuos, cuando a su juicio es responsable de que Navarra viera "cercenada" su capacidad para hacerlo.
"No es cierto" que en estos momentos Navarra esté en disposición de llevar a cabo "una batalla en torno a la capacidad de generar tributos en solitario", ha sostenido Barkos, quien ha apuntado que en 2015 "fue UPN quien encabezó y el Parlamento rubricó, no por cierto con todos los votos", una reforma del Convenio que deja a Navarra "claramente cercenada en su capacidad de batallar la capacidad de conveniar tributos de una manera diferente a como los tiene el Estado".
Una vez rubricado el acuerdo, esta armonización se deberá llevar al Parlamento para su aprobación por mayoría absoluta, informa el Gobierno Foral que añade que, además, el trámite necesario exige la aprobación de la Ley de modificación del Convenio Económico por las Cortes Generales.
En ese sentido, el pasado 31 de marzo se aprobó en el Parlamento una actualización del Convenio Económico y esta nueva modificación se incorporaría en el proyecto de Ley que tiene que aprobarse por el Consejo de Ministros para su posterior tramitación en Cortes Generales.
