• viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 10:34
 
 

POLITICA

Montan un camping en el Paseo Sarasate para denunciar las nuevas políticas de vivienda

Mediante una performace se ha escenificado en el Paseo Sarasate la necesidad acuciante de convertir el acceso a la vivienda en un derecho básico efectivo.

Performance de ELA como denuncia por las políticas de vivienda. ELA
Performance de ELA como denuncia por las políticas de vivienda. ELA

ELA ha llevado a cabo un performance en Paseo Sarasate de Pamplona, frente al Parlamento, para reivindicar el derecho a la vivienda. En la acción se han denunciado las políticas y la legislación, que favorecen la especulación sobre un bien que debería ser tratado como un derecho básico, y no como un negocio. La performance ha escenificado un campamento para visibilizar a las personas que no pueden acceder a una vivienda.

Tras la pandemia, ELA ha realizado un nuevo diágnostico sobre la vivienda, y en la primera parte de la acción se han presentado sus conclusiones: En Navarra hay más de 25.000 viviendas vacías, y al año se producen más de 350 deshaucios; la renta media de alquiler se encuentra en torno a 1.000 euros en Pamplona y el precio de la vivienda en compraventa es superior a los 1.500 euros por metro cuadrado en todo Navarra.

Hasta 2008, la construcción masiva de viviendas y el abuso de los sectores financieros concediendo hipotecas restringió gravemente el acceso a la vivienda, problema que se ha ido agravando después.

"El Gobierno de Navarra sigue con esta política, con nuevos 'pelotazos' como el de Salesianos o el anunciado por el para Echavacoiz y San Jorge, donde, ligado a la estación del TAV, se prevé la construcción de más de 11.700 viviendas, entre otros", han denunciado.

Ante esta realidad, las propuestas de ELA pasan por garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra-venta, la limitación de los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB.


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