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Laparra inmerso en una nueva polémica: denuncian recortes en los Centros Especiales de Empleo

Mientras la oposición crítica que los centros se encuentran en peor situación, el vicepresidente asegura que han mejorado.

Comparecencia de Miguel Laparra, consejero de Derechos Sociales, para explicar los pliegos para el contrato de asistencia técnica para la gestión de un Centro de Día. IÑIGO ALZUGARAY
Comparecencia de Miguel Laparra, consejero de Derechos Sociales, para explicar los pliegos para el contrato de asistencia técnica para la gestión de un Centro de Día. IÑIGO ALZUGARAY  

El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha asegurado que el Gobierno ha planteado una resolución "razonable" a las diferencias surgidas con la nueva convocatoria de ayudas a las unidades de apoyo a los Centros Especiales de Empleo (CEE).

Durante una comparecencia en el Parlamento a petición de UPN, el consejero ha negado que los CEE estén ahora en peor situación, "más bien todo lo contrario", y defendido el "rigor" en el uso y control del dinero público para "garantizar derechos".

Y ha destacado que ha crecido un 37% la financiación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un 23% el número de usuarios de los CEE, un 14% sus salarios, el 11% la dotación para las unidades de apoyo y el 80% para la contratación indefinida, que ha aumentado un 108%.

"Es un cambio de tendencia muy significativo desde 2015" que ha permitido, entre otras cuestiones, ha recordado, poner en marcha más recursos para la orientación laboral hasta atender a 500 personas con discapacidad de las 1.400 inscritas en el paro.

En relación con las subvenciones a las unidades de apoyo para superar barreras por parte de los trabajadores de los CEE, el consejero ha indicado que las nuevas bases han recogido la "práctica previa existente" sobre niveles de discapacidad física, sensorial y múltiple, y ajustado el tamaño de la unidad al número de personas que trabajan en el CEE.

Como "novedoso" ha calificado que los gastos subvencionables para financiar la actividad dirigida a la contratación indefinida introducen una modulaciones según aspectos como las jornadas.

La convocatoria también incrementa la financiación y presenta "importantes mejoras", entre ellas la posibilidad de imputar parcialmente a los técnicos la labor de apoyo, lo que permite una "mejor gestión" de recursos.

Asimismo cada tres meses deberán justificar la subvención según la plantilla del centro, se simplifican los procedimientos técnicos y se aclaran términos que "generaban inseguridad".

El único cambio admitido por Laparra ha conllevado la retirada del informe de adecuación al puesto de trabajo de los miembros de las unidades de apoyo, que "no era nada extraordinario" pero que se ha aceptado suprimir al considerar que son los propios CEE los más interesada en la preparación de los técnicos.

El resto de modificaciones introducidas en la convocatoria, ha dicho, se han "aclarado" con las entidades gestoras y entran dentro de los "mecanismos de control habituales" o persiguen subvencionar el tiempo real de la actividad que motiva la ayuda.

Para UPN sin embargo los cambios suponen "recortes" con respecto a la anterior convocatoria de ayudas, ha afirmado Isabel García Malo, que también ha criticado la "rigidez" de algunas de las medidas incorporadas ahora y la "discriminación" que implicaba la finalmente retirada.

Al respecto ha sostenido que ese informe "vulneraba" derechos según el CERMIN y los CEE, que cuentan con 1.600 trabajadores, lo que les llevó a presentar un recurso de alzada contra la convocatoria.

Tras subrayar la "importante contestación" a ésta cuando la anterior normativa ha tenido un "notable éxito", García Malo ha criticado los retrasos en el abono de anteriores convocatorias de ayudas.

La portavoz de Geroa Bai, Isabel Aramburu, ha destacado por el contrario que "no hay recortes sino incrementos", por lo que "cuatro dificultades" en una convocatoria que "están perfectamente solventadas" no pueden "empañar" la labor del Gobierno.

Asun Fernández de Garaialde, de EH Bildu, ha valorado la labor de estos CEE y apuntado que las diferencias parecen resueltas, aunque sí que ha pedido que se supere el "bloqueo" de una ayuda de 2015.

Por Podemos, Mikel Buil, ha apoyado el "control y seguimiento" de los personas con discapacidad para evitar que falle la adecuación al puesto de trabajo y ha defendido un mayor pago a las unidades de apoyo para evitar situaciones "límite" para no perder financiación.

Nuria Medina, del PSN, ha reconocido que han aumentado los fondos para los CEE pero, "a partir de ahí, todo han sido trabas, con modificaciones arbitrarias de las convocatorias, algunas no ajustadas a derecho, y con falta de transparencia".

"Todo lo han destrozado, es mejor que no toque nada", ha comentado Ana Beltran, del PP, que ha recordado que "a los que prometió proteger y cuidar son los que más se le vuelven en contra" por cambios que no aportan "nada".

"Ustedes no quieren que las cosas cambien porque el suyo es un modelo de caridad y asistencialismo", ha apuntado a UPN y PP José Miguel Nuin, de I-E, quien ha puesto en valor las políticas para el empleo de personas con discapacidad y el aumento de fondos.


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