• viernes, 02 de diciembre de 2022
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POLÍTICA

Navarra Suma impulsa una comisión de investigación ante la chapuza de las mascarillas

La coalición de la que forma parte UPN quiere que se investiguen hasta 4 contratos de compra de mascarillas que pueden tener irregularidades. 

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, en el pleno del Parlamento. PABLO LASAOSA
María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, en el pleno del Parlamento. PABLO LASAOSA

El grupo parlamentario de Navarra Suma ha anunciado este jueves que va a registrar la solicitud para constituir una comisión de investigación sobre los contratos chapuza de las mascarillas compradas por Salud, Sodena y la CEN, de las que miles de ellas se pudren en un almacén sin darles uso tras comprarlas a un precio por encima de mercado. 

Cristina Ibarrola, portavoz de la coalición Navarra Suma, ha intervenido en el pleno y ha explicado que habido una "mala gestión" en este asunto, del que "sorprende" la postura de Salud al no adquirir las mascarillas sobrantes cuando necesitaba grandes cantidades, por lo que ha apuntado que quizá hubo interés por tener a otra empresa como proveedor y ha culpado directamente  de lo sucedido a la presidenta María Chivite por "su inacción".

"Queremos transparencia absoluta, pero falta mucha información", ha añadido Ibarrola, que ha sostenido que la sociedad "merece conocer todo lo ocurrido y tener respuesta a todas las preguntas", de ahí que su coalición haya decidido pedir hoy mismo la constitución de una comisión de investigación para éste y otros contratos.

En concreto, se va a solicitar que el Parlamento investigue 4 contratos, entre ellos el de Sodena, Albyn y CEN. 

Este anuncio se ha producido después de que el Parlamento de Navarra haya rechazo este jueves una moción de EH Bildu, apoyada por Podemos, que pretendía instar al Gobierno a promover a través de sus representantes en el consejo de administración de Sodena acciones judiciales contra la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) para que pague el stock de mascarillas adquiridas tras el acuerdo firmado en la primavera de 2020.

En defensa de la resolución, el portavoz de la coalición abertzale, Adolfo Araiz, ha indicado que el acuerdo entre Sodena, que financió la compra, la CEN, que calculó las necesidades, y Albyn, que hizo la operación, conllevó la adquisición de mascarillas quirúrgicas y FPP2 en una cuantía "muy superior" a la necesaria ya que la CEN hizo una estimación de 2,4 millones de mascarillas pero las adquiridas después por las empresas no llegaron a 400.000.


Una situación, ha recordado, de la que Albyn alertó y que también preocupó en Sodena, que solicitó sendos informes que recomendaron a la sociedad pública solicitar a Albyn que requiriera a la CEN la compra del stock y si la patronal incumplía, resolver el acuerdo.

Seguidas las indicaciones, el problema a día de hoy no se ha solucionado a pesar de que han sido varias las propuestas plantadas a la CEN para un acuerdo extrajudicial y es que esta confederación, ha destacado Araiz, "exige una renuncia de derechos" a sus interlocutores.


En este sentido ha señalado que "la prioridad" es buscar una salida a las mascarillas pero ha dudado de que haya alguien interesado en ellas a su precio de compra cuando hoy su valor sería como mucho de 130.000 euros, por lo que ha apuntado que es posible iniciar la vía judicial sin dejar por ello de "hablar con la CEN y con el diablo si hace falta".

En apoyo de la moción, Mikel Buil, de Podemos, ha subrayado que "la CEN ha dejado colgada a Sodena" con 1,8 millones de pérdidas porque está desempeñando un papel de "obstrucción" y mientras el proceso de resolución por una vía extrajudicial "se está dilatando", por lo que ha apostado por defender el interés público frente al privado.


Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha apuntado que "queremos transparencia absoluta pero falta mucha información", ha añadido, y sostenido que la sociedad "merece conocer todo lo ocurrido y respuesta a todas las preguntas", de ahí que su coalición haya decidido pedir hoy mismo la constitución de una comisión de investigación para éste y otros contratos.

Tras subrayar que el fondo del acuerdo era "muy loable" en un momento "de absoluta inaccesibilidad al mercado de mascarillas" para las empresas, la socialista Ainhoa Unzu ha indicado que ahora "urge" dar salida a unas mascarillas que caducan en abril, algo que no sería posible si se opta por la vía judicial, pero también ha criticado que NA+ intente "sembrar dudas" y "enfangar la situación" en lugar de ayudar a buscar "una solución consensuada".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha señalado que renunciar a una reclamación judicial "es una línea roja imposible de aceptar", por lo que esta vía "está abierta", pero también la búsqueda de un "acuerdo negociado", de ahí que haya pedido "paciencia estratégica" para dar salida al problema ya que "lo urgente y lo importante no siempre coinciden", como tampoco las conclusiones de los informes emitidos por diferentes despachos de abogados. 


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