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Chivite se plantea recurrir la sentencia sobre el decreto del euskera: "Invalida toda la política lingüística"

La presidenta del Gobierno admite que en materia de política lingüística ha discrepado con sus principales socios.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, durante el pleno parlamentario. MIGUEL OSÉS
María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, durante el pleno parlamentario. MIGUEL OSÉS  

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo va a estudiar "técnicamente" qué supone la aplicación de la sentencia que anula parte del decreto del uso del euskera en las Administraciones públicas y valorar si "presentar recurso o no".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que "tenemos encima de la mesa concursos-oposiciones vigentes y más de mil personas podrían verse afectadas". "El Gobierno tiene que garantizar plena garantía jurídica en cada uno de los procedimientos", ha señalado.

Ha afirmado que el estudio técnico de la sentencia "no es una cuestión menor" porque "no solo es que invalide determinados artículos del decreto de la legislatura pasada; es que está invalidando toda la política lingüística de los últimos 20 años". "Hay que estudiar profundamente todas las consecuencias", ha expuesto.

Y es que, ha añadido la presidenta, la sentencia "pone en cuestión si el mérito del euskera se puede valorar o no y eso se ha estado haciendo en decretos anteriores en la zona mixta". "No es que anule determinados artículos de este decreto sino que anula también decisiones que tomaron Gobiernos de UPN y también podría poner en cuestión la valoración de mérito de otros idiomas incluso", ha expuesto, para incidir en que "hay que pensar bien en la garantía jurídica de todo lo que estamos haciendo".

Chivite ha insistido así en que es "pronto" para tomar una decisión sobre si recurrir o no hasta que "esté el tema bien atado técnicamente". "Hay que dar plena garantía jurídica a cada uno de los procedimientos y tenemos un mes para hacerlo", ha aseverado, para comentar que "tenemos un concurso-oposición que podría afectar a entre 1.500 o 2.000 personas y tenemos que darle garantía jurídica" porque "cualquier decisión errónea que podamos tomar, si no lo estudiamos bien técnicamente, podría suponer una avalancha de recursos".

La jefa del Ejecutivo ha expuesto que "si algo dice la sentencia es que hace falta una seguridad normativa; a lo mejor, que yo no sé, eso tiene que pasar por ley foral del Euskera, que es la base de toda la política que se ha hecho en esta materia, pero está claro que un nuevo decreto habría que hacer".

Chivite ha insistido en que de momento se está estudiando y en que "no es tan sencilla la cuestión como a favor o en contra". "Tenemos que garantizar la plena seguridad jurídica de cada uno de los procedimientos que tenemos encima de la mesa", ha añadido.

Y preguntada por discrepancias en este tema entre los socios de Gobierno, ha manifestado que "es evidente que en materia de política lingüística, concretamente Geroa Bai y PSN, hemos discrepado". "Pero ahora estamos en el momento de estudiar técnicamente y tomar una decisión", ha concluido.

BARKOS: "DEJA UN VACÍO LEGAL"

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha reconocido la preocupación de la sentencia del decreto del euskera porque “cuestiona la capacidad de la administración para catalogar los méritos en un concurso oposición”, y porque “deja en un vacío legal algunas de las OPE de 2018”.

En este sentido, ha coincidido en la valoración que ha realizado la presidenta María Chivite, ya que “cuestiona los procedimientos de los últimos 20 años” en materia lingüística.

Además, ha considerado “que se vulneran los derechos de una parte de la población navarra”, porque “no cuestiona la validez de otras lenguas” como el inglés, francés o el alemán.

Por otro lado, ha señalado satisfacción porque “la sentencia avala el 80 % del decreto del euskera” y “todo el plan lingüístico del pasado gobierno”.

Sobre las acciones que Geroa Bai prevé que PSN tomará en adelante, Barkos ha considerado que “el recurso de casación no es en estos momentos su posición”, pero sí ha indicado que les reúne “la necesidad de buscar de manera rápida una seguridad jurídica”.

En último lugar, ha reconocido que “no es una sentencia que se comparta” aunque sí “se respeta”, porque no tiene en cuenta “los derechos de una parte de la ciudadanía navarra”.


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