La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha anunciado este jueves en el pleno del Parlamento que a partir de este año se eliminará el copago en el servicio de teleasistencia, por lo que pasará a ser gratuito para las personas usuarias, y además se abordará la puesta en marcha de 400 plazas residenciales para dependientes y ocho nuevos centros de día.
En respuesta a una interpelación sobre política general en materia de dependencia formulada por la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez, la consejera ha indicado que a finales de 2021 había 33.071 personas valoradas y 17.044 con un reconocimiento, un 7% más en el número de personas atendidas, 14.334 en total, la mayor cifra de toda la seria histórica.
Y ha explicado que la gestión se ha centrado en el desarrollo de un nuevo modelo de atención centrada en la persona y en las prestaciones para facilitar su permanencia en el domicilio, con un gasto de más de 260 millones, 107 más que en 2014, el último año de gobierno completo de UPN.
Esta nuevas líneas de gestión conllevan además inversiones en infraestructuras y servicios tecnológicos, con licitaciones para adecuación de residencias y nuevos centros, coordinación en toda la atención, extensión de programas para la autonomía y nuevos modelos de atención domiciliaria.
También, para adecuar las plazas residenciales, con 2.300 actualmente, se está licitando un nuevo sistema que persigue "acercarse a la concertación plena" y se han puesto en marcha nuevos modelos residenciales, al tiempo que se negocia el primer convenio del sector para mejorar las condiciones laborales.
"Son muchos los indicadores que corroboran la mejora en la gestión", ha afirmado Maeztu, y añadido que las listas de espera para prestaciones han pasado del 37% con UPN al 6% y los tiempos de valoración se han reducido de 3,5 meses a 2, a lo que ha sumado "el rigor y la transparencia" de este Gobierno.
Para la portavoz de NA+ sin embargo los objetivos de la ley de 2006 era garantizar a todas las personas dependientes unos servicios y prestaciones comunes y fijar un marco de financiación estable.
Pero "la evaluación no les deja en buen lugar" porque "Navarra ha ido bajando su posición con respecto a la media nacional" ya que "junto con los económicos hay aspectos de gestión que son tan importantes o más", por lo que ha lamentado que con el "progresismo" Navarra esté "la sexta por la cola y además en época de recuperación económica" según valoración del Observatorio.
Tras cuestionar también que aumenten las ayudas económicas (66%) y bajen los servicios (34%), la portavoz de NA+ ha señalado que esto conlleva falta de plazas residencias o en centros de día y un aumento de las listas de espera, con un 6% de personas "en el limbo de la dependencia", más de mil personas al finalizar 2021.
"Tiene usted mas dinero que el que ha tenido nadie en este departamento y más personal que el que ha tenido nadie, pero lo que no tiene es capacidad para gestionar ni para cumplir sus promesas", ha afirmado Álvarez, quien ha subrayado que las listas de espera "además de ser indignas son ilegales".
Para Nuria Medina, del PSN, "hace falta cuajo para criticar la gestión de este Gobierno y además hacerlo con mentiras y manipulaciones", y ha subrayado que UPN "nunca apostó por un sistema de atención a la dependencia de calidad", actuó con "visión cortoplacista" y "aplicó a lo grande los recortes" del Gobierno de Mariano Rajoy, creando 14 meses de espera para acceder a una prestación frente a los 5,5 actuales.
Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha apostado por unas políticas integrales para la dependencia, que contemplen la asistencia y la prevención, prioricen los servicios a las prestaciones económicas, ofrezcan condiciones laborales adecuadas y un modelo de atención de calidad centrado en las personas, y "se ha avanzado" pero "hay compromisos que acumulan retrasos" como el acuerdo marco para plazas residenciales y la teleasistencia.
Por EH Bildu, Patricia Perales ha denunciado que el tiempo de valoración "ha vuelto a subir y hay que reducirlo", "igual que el tiempo hasta que se recibe el servicio", ha apostado por otro tipo de valoración que no deje fuera a nadie, considerados "escasos" los servicios que se ofrecen, y criticado que "más de mil personas en este momento estén siendo atendidas desde el ámbito privado".
Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que la ley de dependencia "empezó muy bien" pero no ha sido ese su desarrollo para llegar a un modelo "público, gratuito y universal", aunque "vamos avanzando", y ha pedido una reducción de las listas de espera, calidad en los servicios, una mejora de las condiciones laborales en el sector y la creación de la figura del asistente personal.
Por último Marisa de Simón, de I-E, ha valorado lo que se ha hecho para la atención a la dependencia pero también ha considerado que el sistema "está muy privatizado", las condiciones laborales no son buenas y se puede mejorar la atención aunque son las familias las que eligen prestaciones y servicios.
