La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha defendido que "no ha escatimado ningún tipo de recurso para atender" la pandemia en las residencias, "aportando financiación suficiente para que los centros pudieran acometer todos los gastos extraordinarios que han tenido como consecuencia de esta pandemia tanto en materia de personal como de materiales u otras cuestiones".
Así lo ha señalado la consejera en una comisión parlamentaria, solicitada por EH Bildu, para que informara sobre la memoria del programa de actuación en centros sociales residenciales realizada por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Maeztu ha repasado la situación que han vivido los centros residenciales desde el inicio de la pandemia hasta llegar a esta quinta ola, en la que la incidencia ha sido "muy inferior a las anteriores y muy por debajo también si se compara con la incidencia en el conjunto de la sociedad".
Según ha expuesto, "lógicamente esto es así por los buenos resultados de la vacunación que hace que las personas se contagien menos y fallezcan en menor medida, además de por el mantenimiento de las medidas preventivas".
En este sentido, y como ejemplo de la "diferencia de impacto", Maeztu ha explicado que si en la primera ola hubo picos de más de 800 personas con Covid positivas en los centros residenciales, en esta última ola, en cambio, el pico más alto ha sido de 100 personas.
Desde entonces, ha remarcado la consejera, "la tendencia ha sido a la baja, con ligeros repuntes hasta los 11 actuales". "A día de hoy, no se dan casos en la red de 55 centros de discapacidad existente en Navarra y hay 11 casos activos en tres de las 72 residencias de mayores censadas. Son ya tres semanas sin casos nuevos", ha comentado.
En este sentido, ha recordado que ya se ha comenzado a administrar la tercera dosis de la vacuna contra el Covid en las residencias y ha destacado que su departamento sigue trabajando con estos centros y con Salud en "las medidas necesarias para seguir protegiendo este ámbito que se ha mostrado tan vulnerable".
Respecto a la memoria elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral, Maeztu ha explicado que, entre otros aspectos, el informe destaca "el papel que ha jugado la coordinación y conexión entre los Departamentos de Derechos Sociales, Salud y las entidades gestoras como un factor de protección que fue activado".
"Resalta su efecto en los centros de mayores, e identifica, además, acciones de mejora concretas que pueden contribuir a una gestión más efectiva de potenciales situaciones de pandemia", ha señalado.
Según ha detallado, en sus conclusiones incide en "la necesidad de integrar la salud laboral en la gestión de estas entidades, así como la de incrementar estándares en infraestructuras, instalaciones y personal para avanzar hacia un nuevo modelo de sistema de cuidados, coincidente, en muchos aspectos, con el que ya hemos puesto en marcha a través del nuevo modelo de atención residencial centrado en la persona".
Asimismo, Maeztu ha indicado que el informe recoge "algunas carencias en aspectos como la compra de material de protección y la sectorización de los espacios y algunos aspectos del calendario de actuaciones". Según ha expuesto, "es algo que el sector residencial rebate al considerar que parte de esas apreciaciones no se ajustan a lo ocurrido y realizado".
A este respecto, ha afirmado que "tanto en la coordinación entre residencias y Departamentos de Salud y Derechos Sociales como en el calendario de actuaciones nos parece que el relato más exacto de lo ocurrido fue mejor de lo que se refleja en algunos detalles del informe". "De hecho, estamos trabajando conjuntamente para analizar algunas de las cuestiones señaladas en el mismo", ha agregado.
En el turno de los grupos parlamentarios, Patricia Perales, de EH Bildu, ha criticado "el poco interés del departamento en no cambiar en este sentido" y ha afirmado que le hubiera gustado que la consejera hubiera sido "algo más crítica" y "asuma lo que ha ocurrido". "No estoy diciendo que en todo se haya actuado mal, pero ha habido grandes errores", ha planteado Perales, para asegurar que el informe "pone de manifiesto carencias y deficiencias que se han dado en las residencias" con la pandemia.
Por parte de Navarra Suma, Marta Álvarez ha cuestionado el informe elaborado por el servicio de salud laboral y ha afirmado que se trata de un trabajo "absolutamente dirigido a un fin". "Que sirva esto para tapar los errores del Gobierno en la gestión no me parece de recibo", ha expuesto la representante de NA+, quien ha censurado "la mala gestión" por parte del Ejecutivo foral en las residencias, lo que, a su juicio, ha tenido "desastrosas consecuencias para cientos de personas y sus familias".
Por el contrario, la parlamentaria del PSN Nuria Medina ha puesto en valor el "esfuerzo ingente y el trabajo realizado" en las residencias y ha considerado que "se estuvo a la altura de la situación que se requería". Además, ha lamentado que esta situación, que ha generado "tanto dolor en tanta gente, sea utilizada con fines políticos" y ha manifestado que no le cabe en la cabeza que "se dude en que no se hizo todo lo posible para paliar las consecuencias de este virus".
Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu ha afirmado que esta memoria aporta "una información complementaria a otros documentos", si bien "falta la evolución en el tiempo porque estamos seguras de que todos los centros hicieron cambios y modificaciones que procedían para mejorar la gestión ante la Covid". En cuanto a las mejoras que propone, ha destacado algunas que su grupo comparte y ha resaltado que para Geroa Bai "la preferencia y la prioridad son los centros públicos y fundamentalmente aquellos que excluyen el ánimo de lucro entre sus objetivos".
