El vicepresidente Laparra la defiende alegando que "aúna el control público, la agilidad y la adecuación a la naturaleza de las actuaciones".
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha defendido la creación de una fundación para la gestión directa de varios servicios, y ha asegurado que esta figura "aúna el control público, la agilidad y la adecuación a la naturaleza de las actuaciones". Por contra, la oposición ha cuestionado esta iniciativa y la ha calificado como "una chapuza".
En una comisión parlamentaria, a petición del PSN, Laparra ha afirmado que "más allá" de los servicios que está previsto que asuma la fundación (los centros sociales de Estella y Tudela, los centros de observación y acogida y el centro de día para el cumplimiento de medidas judiciales de nueva creación), "no hay una política de publificación general del conjunto del sistema, ni se está pensando en eliminar la presencia de las entidades de iniciativa social en el sector, todo lo contrario". A este respecto, ha agregado que "en esta legislatura, las entidades sociales han visto desarrolladas sus funciones y recursos".
En opinión del vicepresidente, "hay servicios que nunca debieron ser gestionados por entidades privadas, que fueron creados en su momento y gestionados por el Gobierno de Navarra". Y ha defendido la creación de esta fundación para "dar homogeneidad a las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales en servicios que realizan funciones muy específicas".
Según ha indicado, "se ha elegido la figura de la fundación por el interés social de la materia en la que se quiere intervenir, una figura que aúna el control público, la agilidad y la adecuación a la naturaleza de las actuaciones".
En cuanto a los trabajadores que prestarán los servicios, ha garantizado que "el compromiso y la intención es que la dotación de personal de la fundación para asumir estos servicios se haga a través de la subrogación del personal" que atiende los servicios en la actualidad, un total de 127 trabajadores. Y ha destacado que "el compromiso también es mantener todas las condiciones laborales actuales de cada uno de los trabajadores".
Además, ha afirmado que su departamento se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a que en el primer año, una vez incorporado el conjunto de los servicios, se pasará a negociar un convenio colectivo, que "tendrá que responder también al proceso de homogeneización de plazas y profesionales que ahora mismo tienen condiciones laborales distintas".
TRASPASO DE LOS SERVICIOS
En este sentido, Laparra ha detallado que una vez constituido el patronato, se dará paso al nombramiento de la gerencia, algo que, según ha dicho, será "rápido", y que entonces "entraremos en el detalle con cada una de las entidades de cómo, cuándo y de qué manera se va a hacer el traspaso de los servicios para hacerlo de la mejor manera posible".
"A lo largo de los próximos meses se podrán ir cerrando esos acuerdos y decisiones técnicas de traspaso. A partir de ahí, estaríamos en condiciones, para finales de año, de negociar un nuevo convenio colectivo para la fundación y tratar de avanzar en cuanto a la regulación de los trabajadores que serán subrogados", ha detallado.
En cuanto al patronato, ha explicado que estará formado por 14 miembros, ocho titulares de distintas unidades administrativas del Gobierno y seis electos, tres elegidos por el Consejo Navarro de Bienestar Social y tres por la Cámara foral. Y respecto a la implicación presupuestaria, ha señalado que "hay que distinguir entre la dotación inicial, de 3.000 euros, con lo que serán los recursos previstos para su actuación ordinaria".
En este sentido, ha agregado que "se cuenta con los recursos ya previstos para estos centros y que suponen ahora mismo, según los contratos, un valor de 4,6 millones", un incremento del 3,2%, pero que, a su juicio, "está plenamente compensada con nuevos servicios".
DESPIDO EN DIFERIDO
En el turno de los grupos parlamentarios, la socialista Nuria Medina ha afirmado que no ven la "necesidad" de la fundación y ha lamentado, además, que el vicepresidente "no ha aclarado si se va a aplicar a estos trabajadores dentro de tres años el despido en diferido que ha planteado el cuatripartito en la ley de internalización, en el caso de que se apruebe la ley". "Si se desmantela algo es para crear algo mejor; si hubiese habido voluntad política de hacer las cosas bien, se hubiese hecho de manera más participada con el tercer sector y este Parlamento", ha planteado.
Por parte de UPN, Maribel García Malo ha pedido a Laparra que "pare esta chapuza, esta ocurrencia, una decisión arbitraria y precipitada, que se va a montar sobre la base de una gran inseguridad jurídica y económica". Se ha referido a dos informes "demoledores" de la intervención general y del servicio de presupuestos, y ha afirmado que esta iniciativa "no tiene medio pase". "Hace todo esto para quitarse del medio a las entidades que ahora mismo lo están prestando", ha reprochado al vicepresidente.
En representación de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha expresado su "apoyo decidido" a la decisión política de creación de esta fundación, que "encaja perfectamente en el modelo de gestión pública de los servicios sociales". Y ha asegurado que "va a ser beneficiosa para mejorar la gestión de los servicios que se están prestando en la actualidad y para los trabajadores que desempeñan su labor en estos servicios".
Desde EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde ha expresado la apuesta de su coalición por "una gestión directa y la publificación de los servicios", y ha señalado que aunque la fundación le generaba "una serie de miedos", se han dado pasos en "transparencia". "Apostamos por ella, aunque no es precisamente nuestro modelo, pero es el paso hacia el mismo y la forma más factible en estos momentos de ir avanzando", ha apuntado.
DESMANTELAR EL SISTEMA DE BIENESTAR
El parlamentario de Podemos-Orain Bai Mikel Buil ha afirmado que aunque la fundación "no es la fórmula perfecta, mejora mucho la situación en la que estábamos y tiene grandes potenciales que habrá que impulsar". Además, ha criticado la postura del PSN que, a su juicio, "lamentablemente tiene muy poco de socialista, porque lo que hace es desmantelar un sistema de bienestar como hicieron con la renta básica".
La parlamentaria del PPN Ana Beltrán, por su parte, se ha mostrado contraria a la creación de esta fundación y ha defendido la colaboración público-privada. Ha criticado el "empeño" de Laparra de crear esta fundación "a estas alturas de la legislatura", y ha considerado que "los servicios públicos puedan estar gestionadas por empresas privadas, como estaba ocurriendo".
Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido la puesta en marcha de esta fundación y ha reivindicado que "la gestión directa garantiza mucho mejor los servicios sociales, la atención de los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores". "Va a ser la mayor publificación de servicios sociales hasta ahora", ha valorado.
