El senador autonómico de Geroa Bai, Koldo Martínez, sostiene que "la democracia tiene una deuda con la familia" de Mikel Zabalza cuando se cumplen 35 años de la muerte de este joven de Orbaizeta "bajo custodia policial", tras ser detenido y conducido al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo.
Fue, dice, "una acción criminal" que es "conocida al menor detalle por los aparatos de inteligencia del Estado y que, sin embargo, no ha acabado en los tribunales", por lo que muestra su malestar con el general Manuel Llamas, que se ha negado a responder una petición de información con un "argumento falso" de que hay una causa abierta cuando fue archivada en 2010.
Esta "no respuesta" del jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, un cargo "ligado directamente" a la directora del cuerpo, no hace para Martínez "sino profundizar aún más en el ocultamiento por parte de los aparatos del Estado de una de las historias más trágicas y más vergonzantes de la democracia española".
Por eso ha solicitado en la Comisión de Interior del Senado la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska para que informe sobre la respuesta del general Llamas y aclare su ha habido "una intención de ocultación o, lo que es más grave", si el Gabinete Técnico de la Guardia Civil "no es capaz ni de rastrear el estado de una causa judicial".
Al respecto recuerda en un comunicado la pregunta que un ciudadano trasladó a la Guardia Civil, a través del portal de Transparencia, en la que solicitaba la documentación y expedientes relativos al caso de Mikel Zabalza, a su "arresto, desaparición y muerte" porque, decía, "necesitamos saber".
Y esa misma pregunta asegura que le la hará llegar al ministro al iniico del nuevo periodo de sesiones en el Senado" porque Mikel Zabalza "no puede seguir siendo considerado por el Estado como un 'objeto perdido'", según la expresión utilizada por un guardia civil cuando la madre del joven acudió a Intxaurrondo a preguntar por él.
”Es necesario exigir justicia y reparación en este caso" como "en todos los casos de violencia injusta e ilegítima. Es necesario aclarar, aunque hayan pasado 35 años, las responsabilidades por la muerte de un joven navarro detenido injustamente y torturado sin que nadie haya respondido de ese crimen", subraya el senador.
