• martes, 30 de noviembre de 2021
  • Actualizado 06:21

 

 
 

TRIBUNALES

La justicia gratuita reforzará su carácter de servicio público en Navarra con un nuevo modelo

El Gobierno remite al Consejo de Navarra el proyecto de decreto foral para aprobar un reglamento que dote al servicio de más cohesión territorial y mejore su financiación.

Eduardo Santos del Gobierno de Navarra y María Caballero del Ayuntamiento de Pamplona firman un convenio de colaboración para regular un proyecto de acompañamiento a mujeres migrantes que forman hogares monomarentales, y que están alojadas en viviendas de emergencia habitacional del consistorio pamplonés. PABLO LASAOSA
Eduardo Santos del Gobierno de Navarra y María Caballero del Ayuntamiento de Pamplona firman un convenio de colaboración para regular un proyecto de acompañamiento a mujeres migrantes que forman hogares monomarentales, y que están alojadas en viviendas de emergencia habitacional del consistorio pamplonés. PABLO LASAOSA

La justicia gratuita reforzará su carácter de servicio público con un nuevo modelo organizativo, que busca dotarle de más cohesión territorial y mejorar su financiación.

La renovación del sistema busca “dotar de mayor racionalidad, coherencia, igualdad y cohesión territorial a todos los servicios que los diferentes colegios de la abogacía prestan a la ciudadanía a través de la justicia gratuita”, ha detallado en rueda de prensa el consejero Eduardo Santos, quien ha subrayado que el objetivo es que "nadie pueda quedarse si una defensa real y efectiva".

Entre otras cuestiones, se introduce el principio de que un mismo profesional atienda a la persona detenida desde el mismo momento de su detención hasta el final del proceso penal, se dota con más profesionales el servicio de guardia de asistencia a la persona detenida y se modifica el sistema de retribución de las guardias.

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria, la toma en consideración del proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, y que generará un nuevo modelo organizativo para la justicia gratuita.

La toma en consideración del proyecto de Decreto Foral se realiza a efectos de la petición de emisión del preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, ha explicado en la posterior rueda de prensa el consejero Eduardo Santos.

La justicia gratuita, ha sostenido, es “garantía de derechos para la población más vulnerable, que es quien hace uso de ella” por lo que resultaba imprescindible asegurar “una atención jurídica de calidad en todos los casos, con el seguimiento oportuno para cada cual y que resulta homogénea para todas las personas usuarias, vivan donde vivan, porque somos conscientes de que la situación no es la misma en los distintos partidos judiciales”.

En ese sentido, ha detallado, el nuevo Reglamento “dota de mayor coherencia e igualdad al sistema y, en general, mejora las retribuciones de los servicios de guardia”.

Lograr que las personas tengan capacidad de defender sus derechos mediante una asistencia profesional de calidad ante los juzgados y tribunales, independientemente de su situación económica, es lo que se pretende con la reforma que se ha llevado a cabo “a través del contacto estrecho y el acuerdo con los colegios profesionales, a los que ha agradecido su compromiso por ofrecer un servicio de "la máxima calidad, tanto desde la abogacía como desde la procura”.

La colaboración con los colegios profesionales no se limita únicamente al desarrollo de este Reglamento, sino que aspira a continuar en cuestiones que se consideran clave como la formación especializada, una apuesta del nuevo Reglamento en el que, por otro lado, se unifica el sistema de formación.

Este proyecto de decreto foral supone actualizar un reglamento que databa de 2012, año desde el que se han producido múltiples modificaciones legales y se han incluido prestaciones que no estaban contempladas entonces, servicios como el SAM (Violencia contra la Mujer), SOJP (Servicio Penitenciario) o Extranjería y que ahora se incluyen para garantizarlos.

Esos servicios, que hasta ahora se regulaban por convenios específicos, pasan por medio de este decreto a consolidarse como parte integral de las prestaciones de justicia gratuita que financia el Gobierno de Navarra.

La búsqueda de la cohesión territorial, ha explicado el consejero, supone acabar con discriminaciones históricas de retribución a la baja de los colegios de ámbito territorial con menos población.

Para ello, se modifica el sistema de retribución de las guardias a partir de la media de asistencias diarias de cada colegio, partiendo del Colegio de Pamplona, que es quien más guardias tiene y adecuándolo de forma proporcional al resto. Se cobra así en función del esfuerzo medio, mejorando las retribuciones de todos los abogados.

También mejora la compensación que reciben los colegios profesionales por la gestión de los expedientes y la organización de los turnos y aumenta la cuantía total que perciben los diferentes colegios por la prestación de este servicio, con una reorientación de las partidas asignadas para retribuir los servicios con criterios de esfuerzo.


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