El Gobierno de Navarra remitió un informe en el que defendía la constitucionalidad de la regulación y concluía que Navarra tenía competencias históricas.
La Junta de Cooperación entre Navarra y el Estado ha cerrado un acuerdo por el que se evita un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central a la ley foral de reforma del mapa local en lo relativo a las mancomunidades de planificación general (entidades para la coordinación de la prestación de servicios de competencia local).
Según ha informado el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en una comisión parlamentaria, el acuerdo reconoce "el carácter de competencia histórica foral en la regulación del régimen de la Administración Local de Navarra".
El conflicto comenzó el pasado mes de abril, cuando el Gobierno central solicitó a Navarra el inicio de negociaciones dado que entendía que la ley de reforma del mapa local, en el apartado de las mancomunidades de planificación general, podría ser inconstitucional por regular de forma diferente a la normativa básica y por afectar a la autonomía local.
En el ámbito de las negociaciones, el Gobierno de Navarra remitió un informe en el que defendía la constitucionalidad de la regulación y concluía que Navarra tenía competencias históricas en regulación del régimen de Administración Local, competencias que se han "mantenido y actualizado a lo largo de los años". Según dicho informe, la legislación navarra ya ha contemplado en distintos momentos históricos las mancomunidades forzosas.
El informe del Gobierno foral analiza el posible anclaje legal de las mancomunidades de planificación general en la normativa básica del Estado, teniendo en cuenta que Navarra es una Comunidad uniprovincial y que las mancomunidades de planificación general tienen su reflejo en la normativa de gestión de residuos de Navarra.
Respecto de la eliminación de la autonomía de los entes locales que argumentaba el Estado, en el informe se recoge que "la actuación del Gobierno de Navarra se limita a la de asesoramiento y coordinación pero que corresponde a las entidades locales mancomunadas la decisión sobre las fórmulas de gestión, respetándose así en todo caso la autonomía local".
En septiembre, la Administración del Estado aceptó los argumentos del informe y concluyó que no había lugar a plantear un recurso de inconstitucionalidad.
El acuerdo de la Junta de Cooperación precisa que, constituidas las mancomunidades de planificación general para la coordinación de la prestación de servicios de competencia local, "cuando la legislación aplicable atribuya esa función de forma necesaria a la Administración de la Comunidad Foral, se garantizará, por el legislador sectorial competente en cada caso, la autonomía local de los municipios integrantes de aquéllas, como ámbito de autogobierno para la gestión de sus respectivos intereses, en los términos interpretados por la doctrina del Tribunal Constitucional". "Es decir se reconoce y respeta la autonomía local de los municipios integrantes de las mancomunidades de planificación general", ha explicado el consejero.
Javier Remírez ha valorado que "se ha llegado a un acuerdo en este asunto que ha evitado un recurso de inconstitucionalidad frente a una ley foral aprobada por este Parlamento, que ha reconocido el derecho histórico de Navarra en la materia, y que ha satisfecho tanto al departamento competente en materia de administración local como al competente en materia de Presidencia".
El consejero ha destacado que "acuerdos como éste vienen a mantener la vía del diálogo y del consenso como alternativa a la mera confrontación judicial, es esta vía la que realmente fortalece nuestro autogobierno como instrumento de bilateralidad con el Estado dentro de la lealtad institucional entre todas las administraciones".
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El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, se ha alegrado de que "se hayan reconocido los derechos históricos de Navarra" y ha valorado que finalmente haya habido un acuerdo que evitar el recurso al Tribunal Constitucional. "En estos momentos, lo que queda es poner en marcha el funcionamiento de las mancomunidades, no hay ningún impedimento legal de ningún tipo", ha afirmado.
Por parte de Navarra Suma, José Suárez ha señalado que en la pasada legislatura el PSN definió la reforma del mapa local como una "castaña" y ha lamentado, sin embargo, que "parece que la ley del mapa local va a ser algo que nos va a acompañar muchos años". En este contexto, ha pedido que se modifique la norma "de tal manera que se convierta en una ley que de verdad piensa en los municipios y en los ciudadanos".
El portavoz del PSN, Jorge Aguirre, ha reconocido que en la pasada legislatura la figura de la mancomunidad de planificación general hizo que surgieran "dudas" también en el PSN sobre su constitucionalidad y ha valorado que el acuerdo alcanzado con el Estado "es bueno para Navarra por el respeto a los derechos históricos y también es bueno para la autonomía local de los municipios". Además, Aguirre ha dicho que al PSN "no le gusta la reforma del mapa local" y ha esperado encontrar a Navarra Suma "en el camino" para introducir posibles modificaciones a la ley.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha defendido que las mancomunidades de planificación general son "totalmente constitucionales" y se ha congratulado de que el Estado lo haya reconocido. "Estamos de acuerdo con la figura de las mancomunidades y con el acuerdo al que se ha llegado", ha señalado.
