• domingo, 02 de octubre de 2022
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POLÍTICA

Jaime Ignacio del Burgo presenta su nuevo libro: "En el PSOE prevalece el oportunismo"

El expresidente de la Diputación de Navarra presenta 'Asalto a la democracia', un recorrido desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. 

Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY
Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY

Jaime Ignacio del Burgo, primer presidente de la Diputación de Navarra, senador, diputado y doctor en Derecho, ha presentado recientemente en Pamplona su último libro, que hace el número 41 de su larga y prolífica trayectoria. 

En 'Asalto a la democracia', Del Burgo profundiza en lo que él considera que es "la gran mentira que pretende acabar con la Constitución y las libertades" a raíz de la llegada de Pedro Sánchez el poder. 

Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY
Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY

Para Del Burgo, "desde el día que Pedro Sánchez derribó a Mariano Rajoy en junio de 2018, se han producido varios intentos de asalto a nuestra democracia» y trata de diseccionarlos en el libro. 

El poder absoluto del presidente en el primer año de la pandemia, el chantaje de los socios del Gobierno, el cuestionamiento de la España de la reconciliación, la «dignidad» de Cataluña, la recuperación antihistórica de la memoria no democrática, las inútiles soluciones federalistas y la Corona en el punto de mira son parte de esa "nueva sociedad" contra natura que Del Burgo califica como una gran mentira y un grave peligro para la democracia y las libertades.

¿Cómo nace este libro, cuál es el punto de partida?

Cuando se convirtió en presidente en 2017, pocos meses después publicó su libro “Manuel de resistencia”. Contaba la epopeya de su recuperación de la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español. 

De la lectura del libro de Irene Lozano, ¿qué tipo de político ve en Sánchez?

La impresión que transmite es la de una persona narcisista, es decir, de excesiva complacencia en sus propias facultades que le hace creer superior a los demás. Es el nuevo mesías de la socialdemocracia española y europea. Se comporta como un autócrata y, en la práctica, ya ha conseguido controlar dos de los tres poderes del Estado y está a punto de dar el asalto final al tercer poder que es la Justicia.  Parece sensible ante la tragedia humana, pero es frío como un témpano a la hora de expulsar del paraíso a sus más fieles servidores. El mundo gira en torno a él mientras la libertad no está en lo más alto de su escala de valores. Y desde luego, no es un hombre de palabra. Cánovas dijo que gobernar es resistir. Después de analizar su pensamiento y su acción política podríamos concluir que gobernar es mentir.

Algunos dicen que es un rehén de los nacionalistas y de la extrema izquierda, usted sostiene que no, que está cómodo en esa posición, ¿por qué?

Pienso que ni está secuestrado, ni es rehén de los partidos de la extrema derecha ni tiene el síndrome de Estocolmo. Es verdad que depende de su voto, pero mantiene grandes coincidencias ideológicas con los neocomunistas porque su objetivo es la implantación de una “nueva sociedad” de acuerdo con los principios del socialismo originario y ha emprendido una cruzada contra el neocapitalismo liberal y el peligro del populismo de la extrema derecha. Y en cuanto a los independentistas, aunque no comparte la disgregación de España, si está dispuesto a su conversión en un Estado federal que reconozca que Cataluña y el País Vasco como nación. Eso supondría dejar a los separatistas a un paso de la independencia y dar el golpe de gracia a la Constitución de 1978. Sin embargo, eso supondría entrar en un proceso constituyente y estoy seguro de que el pueblo español no está dispuesto a ser dejar de ser titular de la soberanía nacional.

Hay varias alusiones en su libro al programa máximo del PSOE, al programa de Suresnes que González dejó olvidado en un cajón. ¿Sánchez lo ha recuperado?

Sánchez presume de que dirige el partido más antiguo de España, con 143 años de existencia. No hay razón para sentirse muy orgulloso respecto al pasado pues, desde 1879, el socialismo español utilizó como método de implantación la violencia más extrema.  

Los otros cuarenta son un vaivén donde prevalece el oportunismo, especialmente en el caso de Sánchez, pero eso no significa que no tenga grandes coincidencias ideológicas con sus socios. La relación con los independentistas es una gran traición. Escribe en su Memorial de resistencia que en Sarajevo se vacunó del nacionalismo al que definió como una ideología destructiva, que siempre juega contra los intereses de los ciudadanos e, incluso, de sus vidas. El nacionalismo genera odio y, en sus casos más extremos, su huella nefasta durará generaciones. El efecto de la vacuna fue muy corto, pues poco después lo veremos pactando con nacionalistas capaces de dar un golpe de estado o de utilizar la violencia terrorista.  

¿Es Sánchez el que ha venido a completar la tarea emprendida por Zapatero? 

Sin duda. Zapatero puso las primeras cargas de profundidad en los cimientos de la Constitución. Defendió su propuesta de reforma constitucional para (memoria histórica para cuestionar la transición y, por tanto, la legitimidad de la Constitución y de la Monarquía parlamentaria, negociación política con ETA, apoyo a cualquier proyecto de Estatuto que pudiera aprobar el Parlamento de Cataluña por amplia mayoría, sin haber hecho salvedad de que su contenido fuera ajustado a la Constitución.

Tanto uno como el otro se remiten a la legalidad republicana, pero al hacerlo ¿no están cometiendo los mismos errores de la república que desembocaron en un conflicto civil?

-Los hechos son irrefutables. En 1931 cayó el rey por haber consentido la dictadura de Primo de Rivera. Pero en las Cortes constituyentes y se aprobó una Constitución que legitimaba la persecución a la Iglesia Católica sin consenso y sin referéndum popular. En 1934 el PSOE se sublevó contra la República, que consideraba “burguesa”, para imponer por la fuerza de las armas la dictadura del proletariado al puro estilo de la Revolución soviética de 1917. Había una gran pobreza y la Iglesia estaba en el punto de mira. En noviembre de 1975 las Cortes franquistas proclaman rey a Don Juan Carlos. Por impulso del joven monarca, decidido a implantar la democracia en España, el año y medio después se eligieron por sufragio universal las Cortes constituyentes. Desde 1978 rige una Constitución elaborada por consenso y refrendada por el pueblo español. En la cúspide del Estado se sitúa la Monarquía parlamentaria. En los últimos cuarenta años España ha experimentado un extraordinario progreso económico en el marco de un Estado social y democrático de derecho que garantiza la igualdad básica de los españoles en el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la discapacidad y las demás facetas de la seguridad social. La igualdad de hombres y mujeres no sólo es un derecho sino un hecho. La nueva sociedad socialista es una propuesta antidemocrática, que aniquila la libertad y garantiza la igualdad en la miseria. 

Memoria histórica y memoria democrática, ¿qué son? ¿qué buscan? ¿qué esconden? 

Resucitar los odios del pasado que fracturaron la sociedad española en dos bandos que se enfrentaron en una cruel y cruenta guerra civil. Ocurre que en la actualidad sólo sobreviven los partidos que fueron derrotados en la guerra civil. Se manipula la historia para convertir en demócratas intachables a quienes cometieron crímenes horrendos. Y se resaltan tan solo los crímenes del franquismo. Aunque desde 1978 no hay ningún partido franquista, hay un mensaje subliminal. Los partidos de “las derechas” son los sucesores de los malos de la gran tragedia. Son los sucesores ideológicos del franquismo, fascistas al servicio del gran capital. Pero además no sólo hay una intención revanchista, sino que se pretende deslegitimar la Transición. La Constitución no es más que una prolongación del franquismo. No fue fruto del consenso sino de la imposición del ejército, la Iglesia y de la burguesía capitalista. Si así hubiera sido, la Monarquía es una forma de gobierno ilegítima. El sector comunista del Gobierno no se recata en decir que el “régimen del 78” está agotado. Por eso tratan de derribar la Monarquía. Y Sánchez nada dice. Sánchez no hace nada para evitar que el debate Monarquía-República, que impulsan sus socios de gobierno, se convierta en una confrontación entre la derecha y la izquierda.

Vamos al capítulo de la autocrítica. ¿Todo este asalto no hubiera sido posible sin un PP débil, debilitado por la corrupción, “nuestros enemigos fuimos nosotros”, escribe, por qué?

Precisamente por no haber sido capaces de tomar en su momento decisiones radicalmente regeneradoras para hacer frente al escándalo de corrupción provocado por el caso Bárcenas. Al decir que los enemigos fuimos nosotros quiero expresar que perdimos la oportunidad de demostrar a los ciudadanos que ante la presunta actuación delictiva de alguno de sus miembros habíamos tomado medidas drásticas de regeneración del partido. En 2015, 2016 y 2018 escribí a Mariano Rajoy de la necesidad de un cambio radical en la dirección y organización del partido. No recibí ninguna respuesta. En las tres ocasiones, expresé públicamente en medios de comunicación mi parecer. Por fortuna, en estos momentos el Partido ha vuelto a recuperar el rumbo y crece cada día la percepción de que solo el PP puede derrotar a Sánchez. 

Esto lleva a una moción de censura a la que calificas de legal pero ilegítima. ¿No tiene legitimidad Pedro Sánchez para gobernar a partir de la moción? 

La moción se produjo mediante una interpretación falsa de la sentencia dictada el 25 de mayo de 2018 por la Audiencia Nacional. Ni en esta sentencia ni en ninguna otra se acusa al Partido Popular de corrupción. La condena como responsable civil subsidiario de 245.000 euros por haber sido beneficiario de la financiación irregular de la campaña electoral de dos candidatos del partido suponía que los dirigentes nacionales del Partido, comenzando por el propio Mariano Rajoy, eran desconocedores de la existencia de esa financiación fruto de la prevaricación y cohecho de sus autores. De no haber sido así, hubieran sido juzgados como coautores o cómplices de los delitos cometidos. La doctrina del Tribunal Supremo, citada en la propia sentencia, establece que la responsabilidad civil subsidiaria “no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”. 

Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY
Jaime Ignacio del Burgo presenta su último libro 'Asalto a la democracia. La gran mentira que quiere acabar con la Constitución y las libertades'. IÑIGO ALZUGARAY

La sentencia lleva fecha de 17 de mayo de 2018. El 24 de mayo se publicó una nota informativa de la Audiencia Nacional redactada de forma equívoca que permitió iniciar la campaña de derribo de Mariano Rajoy. Por la noche de ese mismo día, Robles informó a Sánchez que la sentencia era “demoledora” para el PP. A las 10 de la mañana del 25 de mayo, antes de que se hiciera pública la sentencia, el PSOE presentó la moción de censura. Dos horas después toda la izquierda radical y los independentistas catalanes y vascos habían manifestado su apoyo. El PNV fingió que se lo pensaría, pues podía parecer una traición al PP después de haber aprobado el 19 de mayo los presupuestos generales.

Paradójicamente, en el debate de la moción el 30 de mayo, Sánchez dijo rotundamente que el PP no era un partido corrupto, pero su inacción frente a la corrupción obligaba a exigir la responsabilidad política de Rajoy para “recuperar la dignidad de las instituciones y restablecer la imprescindible estabilidad política”. Pese a todo, Sánchez se comprometió a tender la mano al PP en todas las cuestiones de Estado. Palabra de Sánchez.

El cinismo de Sánchez lo demuestra que mientras denunciaba a Rajoy por culpa “in vigilando”, se sentaban en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial tres expresidentes de la Junta de Andalucía, dos de los cuales habían sido presidentes nacionales del PSOE, acusados de haber dilapidado  600 millones de euros de los ERE destinados a indemnizar a los trabajadores  en casos de despido o suspensión de empleo (ERE), utilizándolos de forma arbitraria y sin control, con flagrantes casos de amiguismo y administración desleal. En la moción de censura, Sánchez manifestó sentirse orgulloso de sus compañeros encausados por haber dimitido de sus cargos cuando estalló el escándalo. En noviembre de 2019 la Audiencia dictó sentencia condenatoria. Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación y Griñán a seis años de cárcel y trece de inhabilitación. Este mes de mayo, el Tribunal Supremo ha llevado a cabo la vista de los recursos de casación presentados por los condenados. El fiscal ha pedido la confirmación de la sentencia. Pero al parecer la sentencia se hará pública después de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio para no interferir en su resultado.

Ese Asalto a la democracia, del que habla, no es un asalto de un solo golpe, sino por fases, a veces de manera sutil. ¿Cuáles han sido hasta ahora los momentos críticos del asalto si es que los ha habido?

En 2017, Sánchez alumbró un “documento ideológico”, donde con un lenguaje neomarxista, defendió una “nueva estrategia socialdemócrata” para con “un liderazgo coherente, honesto y comprometido con un proyecto de renovación fiel a los principios del socialismo, dar respuesta al agravamiento de las desigualdades y acabar con la concentración del poder y la riqueza en pocas manos. En su Memorial de resistencia se refiere a este documento como un gran hito del socialismo. Critica asimismo a la Unión Europea y aspira a liderar la socialdemocracia europea para la construcción de una Europa social para hacer frente al populismo ultraderechista. En su Memorial dice con toda claridad. “Esto va a ser una revolución, no tengo prisa… Queremos un nuevo modelo de partido a veinte años. No va a ser un parche, sino un legado”. Sabe que la revolución ya no se hace en las barricadas, sino a través del Boletín Oficial del Estado, donde poco a poco se va plasmando la transición hacia la nueva sociedad con reformas radicales en materias sensibles contrarias a la libertad de enseñanza, la imposición de la ideología de género, la aprobación de normas que limitan la libertad personal, el control de los medios de comunicación, la ocupación partidista de instituciones que han de ser imparciales e independientes, la asfixia de la iniciativa privada y, en especial, a los autónomos. Se anuncian nuevas reformas laborales y fiscales que afectarán negativamente a la libertad de empresa. Y, por supuesto, los intentos de acabar con la división de poderes. 

¿Está en peligro la independencia de la Justicia?

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Sánchez ya tiene las riendas del Gobierno, controla el poder legislativo gracias a su coalición con la extrema izquierda comunista e independentista, y está empeñado en dar el asalto definitivo a la independencia de los jueces y magistrados. La Constitución encomienda el gobierno de la Justicia al Consejo General del Poder Judicial. De sus veinte miembros, cuatro serían designados por el Congreso, cuatro por el Senado, en ambos casos entre abogados y juristas de reconocida competencia, y los otros doce entre jueces y magistrados. Una ley orgánica de 1980 dispuso la celebración de elecciones para la elección por sufragio de los doce representantes de la judicatura. 

Felipe González cambió radicalmente las reglas del juego. En 1985 derogó la ley de 1980 y estableció que los doce representantes de la magistratura serían nombrados por el Congreso y el Senado. El Grupo Popular presentó recurso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia salomónica. Declaró que la nueva ley no era inconstitucional pero sí sería contrario al espíritu de la Constitución si los partidos se repartían los puestos a cubrir conforme a su fuerza parlamentaria. Y esto es lo que ha ocurrido desde entonces. 

Sánchez declaró en 2014 que “no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de gobierno de los jueces, que eso pasa siempre. Yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al PSOE”. Las palabras se las llevó el viento. Y a toda costa quiere completar el asalto a la Justicia. El Consejo además nombra dos de los doce miembros del Tribunal Constitucional. Otros dos nombra el Gobierno. Con tres más le basta para proseguir la tarea de la demolición de la Constitución.

¿Es España un estado plurinacional?

En absoluto. España es una nación. Más aún, el fundamento de la Constitución se basa en la unidad de la nación española, patria común e indivisible. Nuestro Estado no es centralista, porque somos una nación plural. La Constitución reconoce la existencia de nacionalidades y regiones. Quien se considere nacionalidad puede definirse como tal en su respectivo Estatuto de autonomía. No somos un Estado centralista, sino un Estado autonómico. Un Estado que no puede renunciar al ejercicio de las competencias que la Constitución otorga al Estado por ser inherentes a la unidad constitucional de España, dirigidas a conseguir un Estado fuerte y eficaz que garantice la igualdad básica de todos los españoles y asegure el logro de los objetivos nacionales.  

Dice que el propio Rubalcaba llegó a la conclusión de que para llegar al poder debían tender la mano a los independentistas. No es esa la imagen que nos han querido transmitir de Pérez Rubalcaba, tan laureado.

Por sus obras los conoceréis. Rubalcaba fue clave para transmitir la idea de que el Gobierno de Aznar mentía al atribuir a ETA el atentado del 11-M. Se inventaron la existencia de un terrorista suicida. Más tarde condujo la política de ZP de negociación con ETA. El atentado de la T-4, el 30 de diciembre de 2006 se llevó por delante el proceso de claudicación, pero es escalofriante leer el acuerdo de Loyola, al que habían llegado el PSN (Eguiguren), PNV (Imaz y Urkullu) y ETA (Otegui). En él se pactó, entre otras cosas, la entrega de Navarra a Euskal Herria, la constitución de una eurorregión vasca, el respeto a las decisiones democráticas de las instituciones vascas y la declaración de la oficialidad del euskera en todo el territorio vasco. El proceso culminaría con el sometimiento del acuerdo alcanzado a referéndum del pueblo vasco.

También aquí Sánchez parece dispuesto a demostrar que España es un Estado plurinacional. El día que en el pleno del Congreso los miembros de la Cámara tengan que ponerse los cascos para entender a través de un traductor que nadie sabe si expresa lo que el orador quiere decir, además de privar a los ciudadanos a seguir en las tribunas del público o a través de los medios de comunicación audiovisuales los debates parlamentarios, los artículos 2 y 3 de la Constitución habrán quedado pulverizados, porque España no es un Estado integrado por varias naciones y porque el castellano es la lengua oficial del Estado y los demás idiomas españoles solo lo son en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

Hoy dos opciones que tiran con fuerza, unas buscan la ruptura, otras la vuelta atrás, recentralizar, ¿cabe una tercera vía? 

El bloque de izquierda, encabezado por Sánchez, sueña con la caída de lo que llaman el régimen del 78, y por tanto la Monarquía parlamentaria, y con la implantación de la sociedad socialista. Otros creen que amar a España es volver a los Gobernadores civiles y a las Diputaciones Provinciales propias del centralismo franquista. La tercera vía es la del cumplimiento estricto de la Constitución. El Estado ha claudicado ante los nacionalismos y les ha entregado gran parte de la legislación básica que garantiza la igualdad de todos los españoles y un Estado fuere y eficaz. Y lo que ocurre es inconstitucional. La politización de la Justicia y del Tribunal Constitucional supone una perversión de nuestra democracia. 

¿Quién terminó con la banda ETA?

En 2010 ETA había sido derrotada por la acción conjunta de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Gendarmería francesa, respaldada por la Justicia española y la francesa. ETA pretendió una rendición honrosa, mediante conversaciones de paz con el Estado español con mediadores internacionales. Seis años después, el 4 de mayo de 2018 anunciaron su disolución y la entrega de las armas. Había llegado el momento de la política. Al día siguiente, el PNV Y Bildu presentaron las bases para un Nuevo Estatus Político Vasco para la conversión de Euskadi en un Estado soberano confederado con España. El 23 de mayo, el PNV aprobó los presupuestos generales de 2019, pero sabía que lo iba a traicionar.  El 25 de mayo se presentó la moción de censura. El 2 de junio Sánchez se convirtió en presidente. Comenzó el “blanqueamiento” democrático de ETA, hasta convertirse en aliado preferente de Pedro Sánchez. ¿Estaba todo sincronizado? Es una pregunta sin respuesta.

El capítulo en el que analiza la gestión de la pandemia es estremecedor. El gobierno minimizó el riesgo, priorizó la manifestación del 8 de marzo, aceleró la mayor crisis sanitaria, ¿prevaricó el gobierno?

Sin duda. Sánchez y su gobierno tenían pleno conocimiento de lo que había que hacer para combatir al coronavirus desde finales de enero de 2022. Sabían que había que evitar las aglomeraciones. No hicieron nada porque las feministas del Gobierno querían a toda costa celebrar el 8 de mayo, el Día de la Mujer, con manifestaciones multitudinarias especialmente en Madrid. Cuando fueron a la manifestación sabían que al menos se habían contabilizado más de 17 muertos en España, la mayoría en Madrid. Estudios recientes, de máxima solvencia, ha evaluado que si se hubieran tomado las medidas adecuadas en las dos semanas anteriores a la explosión de la pandemia no se hubiera padecido el fallecimiento de 23.000 personas. La Justicia no llegó a conocer este dato y sin realizar la menor información sostuvo que nadie sabía nada hasta después de la declaración –inconstitucional- del estado de alarma de cómo combatir la pandemia.

Pero nadie es responsable. Y le pregunto, ¿ha utilizado el gobierno de Sánchez la pandemia para ejercitar una más férrea autocracia?  ¿La ha utilizado para reforzar su asalto a la democracia?

Está claro que sí. El estado de alarma le sirvió para legislar a su antojo, eludiendo el debate parlamentario, y dictar numerosas normas que nada tenían que ver con la pandemia. El confinamiento forzoso llegó incluso a paralizar la acción de la Justicia y provocó el colapso total de la economía productiva. Solo un puñado de diputados podían asistir a las sesiones parlamentarias. Una legión de trabajadores pasó a la condición de subsidiados del Estado. Sánchez aprovechó la pandemia para hacer propaganda personal con la utilización del gasto público sin control. Anunció a bombo y platillo que tras el fin de la pandemia España entraría en “la nueva normalidad”. Una expresión que escondía su propósito de llegar a la sociedad socialista. Pretendía erigirse en salvador de la patria y tener carta blanca para desarrollar liderazgo mesiánico. 

Y la monarquía, ¿en qué consiste el jaque mate a la monarquía?

Sánchez afirma ser íntimo del rey e incluso afirma que debe ejercer el poder moderador que le concede la Constitución, pero la realidad es que consiente que desde el propio Gobierno lancen misiles contra la Zarzuela y defiendan a todas horas la República. Socios del Gobierno insultan al rey y a la institución, y la respuesta como ayer mismo conocimos es despenalizar las injurias y calumnias contra la Corona. Sueñan con que la Monarquía no aguante y se derrumbe, arrastrando a la propia Constitución. Sería el primer paso hacia el totalitarismo socialista y España entraría en una nueva crisis de convivencia de consecuencias imprevisibles.

Hay esperanza, dices ¿dónde la encuentra? 

Acabo de decir que sueñan que el extremismo de izquierdas sueña con derribar la Monarquía. Pero no cuentan con la fortaleza de la Constitución y de la propia institución monárquica. Solo podrían derribarla mediante un golpe de Estado. Pero el pueblo soberano no lo consentiría. Son muchos los ciudadanos que consideran que la libertad no puede ser aplastada invocando un falso concepto de la igualdad. Libertad, igualdad, justicia y solidaridad son conceptos inseparables.  En que cada vez son más los que no quieren acabar en un régimen dictatorial que conduzca a la igualdad en la miseria.  

Por otra parte, Sánchez necesita de los fondos europeos y no puede llegar muy lejos con un gobierno social-comunista. Por otra parte, el triunfo del socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania ha sido un jarro de agua fría para el proyecto mesiánico de Sánchez de liderar la socialdemocracia europea para implantar en toda la Unión una sociedad socialista. El canciller alemán ha dejado muy claro que su Gobierno respeta plenamente los principios fundacionales de la UE que en el terreno económico se basan en la economía de mercado abierta y de libre competencia y en la libertad de empresa en el marco de un Estado social y democrático de derecho. 

Y, por último, no es ninguna utopía pensar que en las próximas elecciones generales el pueblo español dé la espalda al actual Gobierno social-comunista y el futuro Gobierno respete y haga respetar la Constitución y consiga sacar a España de la pavorosa crisis económica que actualmente padece.


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