• jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 20:35
 
 

POLÍTICA

Izquierda Unida de Navarra reconoce que el referéndum catalán fue "ilegítimo y con ausencia total de garantías"

Marisa de Simón ha pedido la dimisión de Mariano Rajoy, por lo que ha calificado como una "actuación autoritaria y represiva"

Marisa de Simón y José Miguel Nuin hacen balance de los dos años de legislatura para IE y presentan sus prioridades para el cumplimiento del acuerdo programático (02). IÑIGO ALZUGARAY
Marisa de Simón y José Miguel Nuin parlamentarios de I-E en Navarra. IÑIGO ALZUGARAY

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha reconocido que la consulta ilegal convocada este pasado domingo por la Generalitat "no puede ser considerado un referéndum vinculante que dé paso a una declaración de independencia". "Su carácter parcial y la ausencia total de garantías hacen ilegítimo cualquier paso en ese sentido", ha sostenido De Simón. 

A pesar de esta postura, De Simón ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por lo que ha calificado como una "actuación autoritaria y represiva" desarrollada el domingo en Cataluña "contra el ejercicio de libertades democráticas por una parte de la sociedad catalana".

Marisa de Simón ha defendido "una solución dialogada al conflicto político existente en Cataluña que permita a pueblo catalán decidir libremente sobre su futuro mediante un referéndum pactado con garantías y en el que la ciudadanía catalana pueda votar entre las diferentes propuestas sobre la relación entre Cataluña y España (independencia, estado federal, autonomía)".

La parlamentaria de I-E ha precisado que "la movilización de una parte de la sociedad catalana" realizada este domingo "no puede ser considerada un referéndum vinculante que dé paso a una declaración de independencia". "Su carácter parcial y la ausencia total de garantías hacen ilegítimo cualquier paso en ese sentido", ha sostenido.

También ha manifestado que "la represión ejercida el 1 de octubre en Cataluña es una muestra más de la incapacidad del régimen político de la Constitución de 1978 para resolver los graves problemas políticos, sociales y nacionales hoy existentes".

Por ello, ha defendido la necesidad de "abrir un proceso de cambio constitucional que permita afrontar la crisis democrática y de régimen existente hoy en el Estado español".


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