El PSN esgrime que sigue sin garantizarse el derecho a la inclusión, al no proporcionarse empleabilidad a los perceptores de la renta garantizada.
Los socialistas lamentan la falta de autocrítica del Gobierno de Uxue Barkos en la gestión y la aplicación que realiza sobre la ley de Inclusión Social y Renta Garantizada. La soberbia con la que actúa en este caso el consejero Laparra afecta directamente a la inclusión social real y el desarrollo profesional de las personas perceptoras, critica el PSN.
Nuria Medina, portavoz socialista en la materia, considera que “el departamento de Derechos Sociales limita sus esfuerzos a realizar una transferencia bancaria mensual y se olvida de implementar ayudas que garanticen un futuro lejos del círculo de pobreza en el que esas personas están sumergidas”.
Por otro lado, Medina no comparte “la demonización que pretende transmitir UPN a través de un discurso catastrofista en el que, intencionadamente, pone el foco exclusivamente en los perceptores”.
Eso sí, los socialistas cuestionan el cumplimiento de los objetivos del modelo de Renta Garantizada. Por eso, exigen una reflexión institucional. “Tras dos años desde la aprobación de la ley, es necesario conocer si la prestación permite la inclusión social y laboral real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, afirma Medina.
La socialista denuncia que el cuatripartito ha permitido que el Gobierno de Barkos incumpliera su propia ley. La norma establecía que, a los seis meses de su aprobación, debía ratificarse un plan de inclusión, “asunto que ha sucedido a los dos años, con las consecuencias negativas que eso conlleva, al no estar garantizando un derecho básico como es la inclusión social”.
A su vez, recuerda Medina, instauraba a que, al año de su aprobación, el Ejecutivo de Barkos evaluara el mecanismo de estímulos de empleo, algo que no se ha hecho. Por eso, la socialista acusa a de Barkos y a sus socios de gobierno de “mostrar escaso interés por el cambio efectivo de este colectivo”.
FALTA DE SEGUIMIENTO
Como muestra de ese desinterés, Medina señala la falta de seguimiento que el propio departamento reconoce asentar sobre los procesos de inclusión llevados a cabo por los Servicios Sociales de Base. Procesos que, por otra parte, son obligatorios al año de estar percibiendo la renta garantizada, pero que el Derechos Sociales dice desconocer en qué medida se están dando.
La portavoz socialista defiende que la renta garantizada es un derecho subjetivo imprescindible en una sociedad, la navarra, donde un 13% de la población está en situación de pobreza, pero que debe ser concebida como una herramienta que garantice unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas en tanto y cuanto la administración garantiza procesos de inclusión que ayuden a estas personas a iniciar o a retomar sus procesos vitales integrados tanto social como laboralmente.
El objetivo principal para los socialistas es contribuir a la inclusión de la mayor parte de perceptores y su acceso a un empleo normalizado. Para ello, es necesario fortalecer la empleabilidad de los perceptores.
En muchos de estos casos, la inserción social se realiza principalmente a través del empleo, especialmente del normalizado. Cuestión que, critica Medina, “el Gobierno de Navarra lleva dos años siendo incapaz de hacer y, como solución, ha optado por ampliar programas de empleo social, que, si bien son imprescindibles, deben estar dirigidos a perceptores con unas características concretas, y no a todos de manera generalizada”.
Los socialistas lamentan que los derechos tanto de inclusión social como de garantía de ingresos sean cuestionados por la mala gestión del Gobierno de Barkos. Por tanto, exige al Ejecutivo foral que establezca mecanismos para trabajar de manera coordinada con todos los recursos sociales, especialmente los de los Servicios Sociales de Base y el Servicio Navarro de Empleo, y consiga un consenso institucional en un área tan importante.
