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Sorpresa en Hacienda: reconocen no tener medios para analizar el fraude en Navarra y gastan 15.000 euros en un informe externo

Laura Pérez (Podemos) asegura que le "sorprende" que se externalice el informe cuando ya se amplió una partida con este fin. 

Mikel Aranburu comparece en comisión. PABLO LASAOSA
Mikel Aranburu comparece en comisión. PABLO LASAOSA  

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha explicado que desde Hacienda se ha encargado un estudio independiente externo sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en la Comunidad foral en el periodo 2006-2016 porque no cuentan con "el equipo de investigación destinado a ese tipo de trabajos".

Aranburu ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Podemos sobre la redacción del citado estudio, que "completa los trabajos de la Hacienda". "Es un trabajo hecho por expertos investigadores, con los que la Hacienda no cuenta y que luego nos vendrá bien de cara a la programación de ámbitos de lucha contra el fraude fiscal", ha dicho, para precisar que "no se utiliza información confidencial en estos informes".

Ha indicado el consejero que el informe es externo porque "el perfil del estudio no encaja con ninguno de los servicios de la Hacienda ni de Tracasa". "Es un estudio para desarrollar estrategias para determinar las modificaciones legales para la lucha contra el fraude fiscal", ha indicado, para afirmar que "la lucha diaria contra el fraude fiscal ya la está realizando la Hacienda".

"La fórmula elegida es la licitación, perfectamente legal y esperamos que el resultado sea bueno", ha comentado para indicar que "hay que respetar la ley en cuanto a la privacidad de los datos de índole tributaria".

La parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha señalado que "nos sorprendía que fuera una empresa externa" la encargada del estudio y ha señalado que "la lucha contra el fraude fiscal debe ser un tema prioritario y crucial". "Nos sorprende que haya falta de medios porque se amplió la partida presupuestaria contra el fraude fiscal", ha expuesto.

Se ha mostrado partidaria de retirar la licitación y "agotar todas las vías públicas para el estudio y que esos 15.000 euros repercutan en el cumplimiento de los objetivos buscados".


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