TURISMO

Regular los apartamentos turísticos: luz verde al anteproyecto de Ley Foral de Turismo de Navarra

El Gobierno foral ha anunciado que se crearán nuevas figuras para alojamientos y actividades.

Puerta de acceso a una Oficina de Turismo de Pamplona. EUROPA PRESS
Puerta de acceso a una Oficina de Turismo de Pamplona. EUROPA PRESS  

El Gobierno de Navarra ha dado luz verde en su sesión de este miércoles al anteproyecto de la nueva Ley Foral de Turismo de Navarra, que adaptará la legislación vigente desde 2003 a la nueva realidad del sector.

La nueva norma, que ahora se remitirá al Consejo de Navarra, incorporará nuevas figuras como los alojamientos singulares y las actividades y establecimientos de interés turístico e introduciendo una nueva regulación sobre el Registro de Turismo y la actividad de mediación turística, así como las nuevas garantías para la organización y comercialización de viajes combinados y servicios de viajes vinculados.

Impulsar el turismo en la Comunidad foral como un sector generador de empleo y riqueza es el objetivo de esta norma, según el Ejecutivo que apunta que las principios que subyacen en ella son la calidad como valor fundamental y una simplificación en los procedimientos de acceso al ejercicio de las actividades turísticas.

Entre las novedades con respecto a la ley de 2003 figura la modificación del concepto de empresas de mediación turística y se añaden nuevas regulaciones de las garantías para viajes combinados y vinculados.

Asimismo se contempla la obligación de que las personas físicas y jurídicas que organicen o comercialicen viajes combinados cuenten con una cuantía a modo de garantía, que cubra situaciones de insolvencia de las entidades organizadoras o comercializadoras.

La norma regula además nuevas figuras de prestadores de servicios como los establecimientos o actividades que, no teniendo carácter específicamente turístico, contribuyen a mejorar la experiencia de viaje, empresas “de interés turístico”, que contarán con una regulación propia dentro de la ley.

El concepto de alojamiento turístico se adapta a la nueva realidad y en ese sentido se sustituye lo que anteriormente se denominaba apartamentos turísticos por apartamentos turísticos y viviendas turísticas, y se crea una figura nueva: los alojamientos singulares, que engloba a aquellos establecimientos que, por sus características o excepcionalidad, no tienen encaje en el resto de modalidades.

Igualmente, se define el concepto de plataforma turística, y se recogen sus obligaciones y responsabilidades y se establece que la inscripción en el Registro de Turismo de Navarra será potestativa en las actividades de restauración pasa a ser potestativa y se elimina esa obligación para las cafeterías y bares especiales.

Para hacer frente a la competencia desleal se establece la obligación de que los establecimientos y actividades turísticas publiciten su código de inscripción en el Registro de Turismo de Navarra en todo tipo de documento o anuncio que realicen, y el derecho de las personas usuarias a conocerlo.

Asimismo, las plataformas de oferta turística tendrán la obligación de poner en conocimiento de la Administración los datos relativos a la titularidad y domicilio de las empresas que se comercialicen en ellas.

La norma prevé nuevas sanciones administrativas si se incumplen las obligaciones, indica el Ejecutivo que apunta que ahora el Consejo de Navarra, como órgano consultivo superior, dispondrá de 45 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente, sobre si la nueva norma se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.

Sus valoraciones deberán ser analizadas de nuevo por el Ejecutivo y una vez aprobado el proyecto de ley será derivado al Parlamento para su aprobación definitiva, lo que es espera para el último trimestre del año.

Para llegar hasta aquí ha superado dos procesos de participación, en el primero es incorporaron aspectos relacionados con los viajes combinados y servicios de viaje vinculados y en el segundo se recibieron cinco aportaciones de la Asociación de la Hostelería y Turismo de Navarra, de las que se estimaron tres, entre ellas el incremento de las sanciones por las actividades clandestinas a 9.000 y a 75.000 euros el importe máximo de las graves y muy graves.


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