• lunes, 27 de septiembre de 2021
  • Actualizado 06:35

 

 
 

POLÍTICA

El Gobierno podría tener que pagar 48 millones más por los terrenos de la Ciudad del Transporte

Un auto judicial eleva el precio del suelo de los 20,8 euros el metro cuadrado pagados a 53,06 euros.

Ana Ollo durante si intervención en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
Ana Ollo en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA

Calificativos como de “herencia envenenada” y “marrón”, han salido de la boca de las consejeras de Función Pública, María José Beaumont, y portavoz del Gobierno, Ana Ollo respecto al auto del TSJN conocido este mediodía sobre el precio del suelo expropiado para la construcción de la Ciudad del Transporte.

El texto se refiere a un recurso presentado por el anterior Gobierno de Navarra y que ha sido rechazado. En 2008 un jurado fijó la cantidad de 20,8 euros por metro cuadrado para la expropiación de los terrenos en los que se construiría la fase 3 y 4 de la Ciudad del Transporte. Esta decisión fue recurrida por los propietarios de los terrenos. Y en 2012 el Tribunal Supremo les dio la razón, fijando un precio entre 53,06 euros y 57,01 el metro cuadrado. No obstante, el Gobierno de Navarra recurrió esta decisión del Supremo y ahora el TSJN da la razón al Supremo y, por lo tanto a los propietarios.

NEGOCIACIÓN PREVIA

El actual Gobierno de Navarra ha considerado que si se atiene al precio mínimo, el de 53,06 euros por metro cuadrado, tendría que pagar 68,5 millones de euros, si bien 20,2 ya fueron pagados en la expropiación de acuerdo a los 20,8 euros el metro cuadrado, por lo que ahora habría que pagar la diferencia, lo que supondría 54,1 millones de euros y unos intereses hasta alcanzar los 68,5 millones.

No obstante, la consejera de Justicia, Interior y Función Pública ha anunciado que están estudiando la posibilidad de recurrir nuevamente este último auto judicial. “No hemos valorado toda el contenido, pero en parte sí estamos de acuerdo con el recurso del Gobierno de Navarra, por lo que al menos esa parte sí recurriremos”, ha afirmado Beaumont.

La consejera, de todas formas, ha criticado la actuación del Ejecutivo de UPN. “El Gobierno anterior podía haber negociado con los propietarios tras la sentencia de 2012 y haber aplicado un precio superior a los 20,8 euros" pero no tanto como ha decidido ahora el TSJN.   


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