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El Gobierno foral tratará de mantener a los profesores de euskera cuyas plazas fueron anuladas por la Justicia

Para eludir el mandato judicial, su pretensión es ofrecer esas mismas 108 plazas también en castellano.

El vicepresidente primero, Javier Remírez, comparece en una comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY
El vicepresidente primero, Javier Remírez, comparece en una comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY  

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que están trabajando para dar una solución con "la máxima seguridad jurídica" que "permita mantener en su puesto" a las personas que ocupan las 108 plazas de euskera contempladas en la OPE docente del 2016, que fueron anuladas, y "al mismo tiempo poder ofrecer de nuevo ese mismo número de plazas en castellano".

Remírez ha comparecido este martes en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, para explicar las consecuencias que tiene para los 108 profesores afectados por la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anuló el decreto foral sobre la OPE del 2016 en lo referente a las plazas en euskera.

El consejero ha explicado que, una vez que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de reposición que el Gobierno foral interpuso frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, "quedan pendientes de resolver los incidentes de nulidad interpuestos ante el TSJN por los interesados".

Por lo tanto, según ha expuesto, "hay que esperar a que finalicen las actuaciones procesales pendientes y a que, finalmente, el TSJN comunique al departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior la firmeza de la sentencia y devuelva los autos".

En todo caso, Remírez ha remarcado que desde el departamento de Educación y el departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior "estamos trabajando en una solución adecuada que, desde el más escrupuloso respecto a la legalidad, trata de preservar los intereses tanto del sistema educativo navarro como del colectivo afectado".

Así, según ha explicado el consejero, "en lo que estamos trabajando es en la posibilidad de que se oferten 108 plazas para el cuerpo de maestros en castellano en especialidades a las que, a día de hoy, puede darse cabida en el sistema educativo", una solución "absolutamente excepcional para una situación también excepcional".

SITUACIÓN EXCEPCIONAL

"Se está buscando una solución con garantías jurídicas atendiendo a unos criterios y a una situación excepcional con dos objetivos: mantener en su puesto a esos 108 docentes en euskera que accedieron a su empleo después de un proceso riguroso, fuera de toda duda y a base de gran esfuerzo; y al mismo tiempo, cumplir con la legalidad y respetar lo que indica la sentencia, es decir, ofrecer la oportunidad de acceder al mismo número de plazas en castellano", ha subrayado Remírez.

En este sentido, el consejero ha precisado que, "si ejecutásemos la sentencia en su más amplio término, en sus últimas consecuencias, esos 108 docentes perderían su condición de funcionarios y habría que volver a sacar ese mismo número de plazas en castellano".

Por ello, Remírez ha incidido en que "la salida que buscamos pasa por una solución que, con la máxima seguridad jurídica, permita mantener en su puesto a los docentes que ocupan las 108 plazas de euskera y, al mismo tiempo, poder ofrecer de nuevo ese mismo número de plazas en castellano".

"Nos preocupan todas esas personas y la repercusión que la pérdida de su plaza pudiera acarrearles, una situación no deseable ni para Función Pública, ni para Educación, ni para este Gobierno, y esa es la labor en la que nos encontramos en este momento", ha destacado.

"EL FACTOR HUMANO"

Además, ha señalado que, "como Gobierno, nos debemos al cumplimiento estricto de la legalidad, pero, igualmente y dentro de los márgenes de la misma, a tener en cuenta el factor humano de estos 108 profesionales para que puedan continuar, dentro de lo posible, dentro del sistema educativo público, sin que este pierda ni efectivos ni margen de maniobra para dotarse de los recursos necesarios para ello".

Sobre el recurso presentado por Afapna, Remírez ha manifestado que no va a "cuestionar ni juzgar" las decisiones de un sindicato, si bien ha considerado que "llama la atención que se impulse un procedimiento judicial, esa demanda tenga éxito y se inhiba ante esa cuestión". "Llama la atención y no creo que en sede judicial haga mucha gracia, porque la administración de justicia ya tiene bastante tarea", ha agregado.

Tras la exposición del consejero, Pedro González, de Navarra Suma, ha valorado que, "por primera vez", el Gobierno foral proponga una solución para los afectados por la sentencia del TSJN. "Será buena o mala, podrá resultar o no, pero es una solución", ha indicado González, que ha sido muy crítico con la gestión que realizó de este asunto el anterior Gobierno y ha defendido el derecho de Afapna a recurrir el decreto sobre la OPE.

En representación del PSN, Inma Jurío ha defendido el planteamiento realizado por el Gobierno foral para dar una solución a los 108 afectados por la anulación, unos trabajadores que "han sufrido el error de la administración y hoy son funcionarios de carrera", ha remarcado.

"DESGASTE AL OPONENTE POLÍTICO"

También el parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama ha expresado su "apoyo" a estas personas, que "están sufriendo de una manera incomprensible la utilización de terceras personas como desgaste al oponente político", y lo ha calificado como "una irresponsabilidad". "En esta irresponsable política de tierra quemada también está algún sindicato", ha opinado.

Desde EH Bildu, Txomin González ha considerado que el recurso que presentó Afapna responde a una actitud "sectaria" e "irresponsable". "Afapna ha cometido muchos errores, pero no debería cometerlos el Gobierno actual; se debería garantizar dentro de las posibilidades las plazas que ocupan estas 108 personas", ha manifestado.

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que Afapna "se equivocó" con su recurso en "un contexto en el que estaba el debate de la lista única en su máxima expresión y había habido un debate importantísimo con el reparto de la OPE". Y ha pedido que "estas 108 personas no pierdan su puesto de trabajo".


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