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Freno al recurso de la sentencia, pero los nacionalistas presionan en el cambio de la normativa del euskera

Chivite ha anunciado que el Ejecutivo no recurrirá por "cuestiones de seguridad jurídica", pero Barkos ha advertido de que "no es la única vía el recurso".

Uxue Barkos y Unai Hualde hablan antes de la reunión semanal de la Mesa y Junta del Parlamento de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY
Uxue Barkos y Unai Hualde hablan antes de la reunión semanal de la Mesa y Junta del Parlamento de Navarra. IÑIGO ALZUGARAY  

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado este martes que el Ejecutivo no va a recurrir la sentencia que anula varios artículos del decreto foral sobre el uso del euskera en las Administraciones por "cuestiones de seguridad jurídica".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que "siempre he mantenido que la seguridad jurídica de cada uno de los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con las convocatorias de OPE y concursos-oposición, tenían que estar salvaguardados en cualquier momento".

La presidenta ha señalado que "tenemos un grupo de trabajo organizado para dar solución normativa a ese vacío legal que nos ha generado la sentencia, no solo sobre el decreto foral del euskera de 2017 sino que nos retrotrae a decretos anteriores". "Hay que darle una solución normativa", ha dicho, para insistir en que "no procede el recurso a la sentencia".

María Chivite ha indicado, sobre si existían discrepancias en el seno del Ejecutivo en torno a este tema, que "en el Gobierno había una línea de trabajo de garantizar una seguridad jurídica". "El Gobierno no va a recurrir la sentencia sobre el decreto y digo el Gobierno en su conjunto", ha aseverado.

Preguntada por los plazos que maneja el Gobierno para modificar la normativa, la jefa del Ejecutivo ha manifestado que "hay un grupo de trabajo que está en ello; lo importante no son las prisas sino hacerlo bien, que haya acuerdo y según el acuerdo programático que habla de conseguir un amplio consenso social, político y sindical en torno a una nueva normativa del euskera".

RECHAZO DE LA MOCIÓN

La comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra ha rechazado una moción para instar al Gobierno foral a "recurrir la sentencia dictada contra el decreto que regula el uso del euskera en las administraciones públicas, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes, a fin de actuar en defensa de la cohesión social y territorial proclamadas por el acuerdo programático para esta legislatura, también en relación con los derechos lingüísticos".

La resolución ha sido rechazada con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han votado a favor y Podemos se ha abstenido.

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con el voto en contra de Navarra Suma y las abstenciones de PSN y Podemos, se emplazaba al Ejecutivo foral a "adoptar la decisión de no valorar nunca el conocimiento del euskera por debajo del conocimiento de otras lenguas, y a proporcionar el soporte jurídico que ello requiere".

El respaldo de Geroa Bai, EH Bildu e I-E ha resultado insuficiente.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conminaba al Parlamento de Navarra a "mostrar su disposición a trabajar con vistas a aprobar una nueva ley del euskera que garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y supere la zonificación". Navarra Suma y PSN han votado en contra, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos lo han hecho a favor, mientras I-E se ha abstenido.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu califica la sentencia como un "gran retroceso" y sitúa el fallo en una visión "absolutamente restrictiva, contraria incluso a la política de promoción que la ley del euskera actualmente en vigor fija como objetivo".

"NO ES LA ÚNICA VÍA"

Los nacionalistas dentro del Parlamento se han posicionado de forma mayoritaria por un cambio normativo que dé seguridad jurídica a la valoración del euskera a la hora de optar a puestos en la administración.

Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha lamentado que la sentencia que anula parte del decreto aboca a "retroceder a una política lingüística que se basa en el mero voluntarismo" para avanzar, al tiempo que sitúa a las lenguas comunitarias en mejor posición que al euskera a la hora de puntuar como mérito en una plaza en la administración, "situación bastante inquietante".

Además, Ruiz ha considerado que el Gobierno "tiene la obligación política" de recurrir la "grave" sentencia contraria a sus intereses.

A favor de todos los puntos se ha posicionado Geroa Bai, aunque su portavoz, Uxue Barkos, ha advertido de que "no es la única vía el recurso", de forma que ha avanzado que el Gobierno no lo presentará y por ello ha abogado además por trabajar en "la vía normativa que fije claramente que el euskera tiene rango de merito como lengua propia, no como cualquier otra lengua extranjera".

Por Podemos, Ainhoa Aznarez, ha ahondado en ese argumento y ha valorado la formación de un grupo interdepartamental dentro del Gobierno que ya trabaja en la elaboración de un informe para ese cambio normativo, que en su caso se asienta además en su rechazo a la zonificación de la oficialidad del euskera en Navarra.

Marisa de Simón (I-E) ha recordado que su formación "no comparte" la sentencia porque entienden que la administración ha de ofrecer "comunicación bilingüe para toda la ciudadanía, independientemente de donde viva", y "qué menos que el euskera tenga puntuación semejante a la de cualquier otra lengua" en los concursos de mérito o de traslado, aunque se ha abstenido en el tercer punto por entender que hoy en día en el Parlamento no hay una mayoría suficiente para modificar la Ley del Euskera.

Iñaki Iriarte (NA+) ha mostrado su conformidad con el respeto a los derechos lingüísticos aunque ha cuestionado "hasta qué punto esto obliga a los demás" porque "no se puede forzar a alguien a que prenda una lengua" y en este terreno "no hay consenso social en cuanto al euskera".

Por su parte la socialista Inmaculada Jurío ha recordado su postura contraria a recurrir la sentencia y ha valorado el trabajo emprendido por el Gobierno para avanzar en la posible elaboración de una normativa que "tienda a dar una seguridad jurídica a quienes hoy se están preparando para OPEs".

"Este gobierno no tiene intención de vulnerar derechos lingüístico, pero todo ello debe conjugarse con lo establecido por una sentencia", ha avanzado Jurío, quien ha asegurado que en el PSN "nos encontramos cómodos con la Ley foral del Euskera tal y como está establecida". 


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