• viernes, 29 de marzo de 2024
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POLÍTICA

El Gobierno ningunea a Comptos y crea su propia "oficina anticorrupción" a la carta

Beaumont ha comparecido en el Parlamento y ha dicho que sólo trabajará una persona con un "gasto mínimo".

Los consejeros Beaumont, Ollo, Mendoza, Domínguez en el Parlamento de Navarra.
Los consejeros Beaumont, Ollo, Mendoza, Domínguez en el Parlamento de Navarra.

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que la unidad del Ejecutivo contra la corrupción trabajará con una sola persona y tendrá el "coste mínimo necesario". De esta manera el Gobierno de Navarra ningunea a la Cámara de Comptos de Navarra, máximo órgano fiscalizador e independiente de Navarra.

Beaumont, ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición del PPN, y ha precisado que el Gobierno no ha creado propiamente la Oficina Anticorrupción, sino que deberá ser aprobada por el Parlamento cuando se dé luz verde a la correspondiente ley foral. "Tendremos que cumplir con el marco parlamentario que se apruebe", ha dicho, para explicar que el Ejecutivo ha creado una unidad como primer paso en esta materia.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que la consejera "ha escurrido absolutamente el bulto" en su comparecencia y ha dado "cero explicaciones". Beltrán ha dicho que la oficina es "absolutamente política". "Es una propuesta que tenía Bildu en su programa electoral, es el partido que más se empeñó en que esta oficina fuese incluida en campaña. Esta propuesta viene del partido más radical y más abertzale de esta Comunidad", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de UPN, Cristina Altuna, ha afirmado que en Navarra "ya hay un órgano que vela con independencia por el control de la legalidad y la auditoría de las cuentas públicas", en referencia a la Cámara de Comptos, por lo que ha considerado que "no tiene ningún sentido la creación de esta oficina".

El parlamentario de Geroa Bai, Patxi Leuza, ha recordado que la creación de la oficina viene prevista en el acuerdo programático de los cuatro partidos que sostienen al Gobierno y ha afirmado que no puede "entender cómo le puede molestar al PP que se vaya poner en marcha una oficina contra la corrupción".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha asegurado que esta oficina "no invade competencias" ni de la Cámara de Comptos ni del Defensor del Pueblo, y ha señalado que "la idea de levantar alfombras es importante y la sociedad navarra tiene derecho a conocer lo que hayan hecho las Administraciones".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Eduardo Santos, ha afirmado que el impulso para la creación de la oficina es "evidentemente político, porque aquí estamos para hacer política, hay una necesidad por parte de la ciudadanía de saber, es tan evidente que casi sonroja tener que argumentarlo".

La portavoz del PSN, Inmaculada Jurío, ha invitado a la consejera a que sea el Gobierno el que presente un proyecto de ley proponiendo la estructura y la finalidad concreta de la oficina, sin esperar a que actúe el Parlamento, y ha afirmado que "la única finalidad que puede tener una Oficina Anticorrupción es que se utilicen todos los mecanismos de participación y transparencia".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha saludado el acuerdo de Gobierno por el que se dan los primeros pasos para la oficina anticorrupción y ha dicho que no le preocupa el coste de esta unidad, sino que se capaz de "evitar la corrupción, de avanzar en transparencia, y de controlar la acción de Gobierno".

Beaumont ha precisado así que la unidad puesta en marcha por el Gobierno no supone un incremento de estructura y ha explicado que el Ejecutivo ya ha iniciado una revisión de las encomiendas de gestión y contratación, "una revisión estrictamente jurídica", para poder aportar unas "pautas" sobre los elementos que tendrá que tener la ley que se apruebe por el Parlamento.

Beaumont ha explicado que la idea es facilitar todas estas encomiendas a la persona que asuma la responsabilidad de la oficina para que pueda disponer ya de este material de trabajo cuando asuma el cargo.

La consejera ha confiado en que a lo largo del mes de octubre o incluso en un plazo de dos semanas pueda estar ya nombrada esta persona, que, según ha adelantado, "no será funcionario de la Administración, pero sí alguien conocedor en todo caso de la Administración, con perfil jurídico y experiencia en la contratación administrativa".

Ha afirmado que sólo habrá una persona trabajando en esta unidad, por lo que "no creemos que esté en contradicción con el principio de austeridad". "No necesita a nadie más de momento", ha dicho.

La consejera ha precisado que no podía manifestar si en la revisión que se haga se van a detectar irregularidades, "porque no sé si se van a producir", pero ha planteado que de los expedientes sí se podrían desprender "valoraciones políticas" en el sentido de entender que algo "no debió hacerse" de esa manera.

No obstante, ha asegurado que "no es una oficina política en absoluto, la persona que se haga cargo va a ser un jurista que va a estar en contacto con los letrados, no va a tener capacidad ejecutiva de ninguna clase, sino que hará un análisis de las encomiendas de gestión para el Gobierno, con el fin de que se informe a la ciudadanía".


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