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Santos asegura que la intención del Gobierno es desarrollar una Justicia "sin desigualdades territoriales"

El consejero Eduardo Santos se ha reunido con representantes de los Colegios de Abogados de Tudela, Estella y Tafalla.

Desde la izquierda, Bernardo Lacarra (Estella), Luis Miguel Arribas (Tudela), Jesús Jiménez de Luque (Justicia), Eduardo Santos, Luis Goñi (Tafalla) y Rafael Sainz de Rozas (Justicia). GOBIERNO DE NAVARRA
Desde la izquierda, Bernardo Lacarra (Estella), Luis Miguel Arribas (Tudela), Jesús Jiménez de Luque (Justicia), Eduardo Santos, Luis Goñi (Tafalla) y Rafael Sainz de Rozas (Justicia). GOBIERNO DE NAVARRA  

La Administración de Justicia debe dar un servicio público de defensa de sus derechos a toda la ciudadanía navarra, independientemente de su lugar de residencia y tratando de evitar cualquier desigualdad territorial. Así lo ha destacado este martes el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, al término del encuentro que ha mantenido con representantes de los Colegios de Abogados de Tudela, Estella y Tafalla.

En concreto, Santos se ha reunido con Luis Miguel Arribas, decano del Colegio de Abogados de Tudela; Bernardo Lacarra, decano del Colegio de Abogados de Estella; y Luis Goñi, decano del Colegio de Abogados de Tafalla. Por parte del departamento también ha asistido el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas.

La cita forma parte de la ronda de contactos que el consejero de Políticas Migratorias y Justicia está manteniendo con todos los colectivos profesionales implicados en la Administración de Justicia, de cara a recibir sus propuestas, presentarles su programa de acción y abrir cauces de comunicación fluida para los próximos años.

Tras el encuentro, Santos ha subrayado el compromiso del Gobierno foral con “una Justicia como servicio público y de carácter universal, que no tenga fallas o cortapisas por el hecho de que una persona viva en un lugar u otro de nuestra comunidad”.

En ese sentido, ha señalado que “la aspiración de este departamento es que la Administración de Justicia funcione y sea vista por la ciudadanía como un servicio público universal y territorialmente cohesionado”.

Tal y como ha explicado el consejero, “Navarra tiene condicionantes sociales, geográficos y demográficos, que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear iniciativas que acerquen la Justicia a la ciudadanía y faciliten su acceso universal”. “La Justicia es un derecho, no un privilegio; y debe serlo para cualquier ciudadano, independientemente de su lugar de residencia”, ha concluido Santos.


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