El Gobierno de Navarra se ha aprovechado este lunes de la situación que está viviendo el Centro Penitenciario de Pamplona, que no cuenta con ningún médico ni para el servicio de consultas ni para el de urgencias, para volver a reclamar más competencias al Estado central, en este caso, las de sanidad penitenciaria.
Así lo ha indicado el director general de Justicia del Ejecutivo foral, Rafael Sainz de Rozas, durante su visita de este lunes a las instalaciones de la cárcel pamplonesa, en las que ha mantenido un encuentro de trabajo con su director, Enrique Soto.
Según ha comunicado el Gobierno, el objetivo ha sido abordar, dentro de un “espíritu profundamente colaborativo”, materias como la atención sanitaria de la población reclusa, la apertura de una delegación de la oficina judicial en el centro penitenciario, o la puesta en marcha de diálogos restaurativos.
Como ha recordado el Ejecutivo de María Chivite, las carencias en la atención sanitaria a la población reclusa de Pamplona han sido recientemente noticia, a raíz de las bajas no cubiertas de los facultativos que prestan servicio en el centro penitenciario. Sainz de Rozas se ha interesado por esta cuestión y ha brindado su apoyo para que el centro cuente cuanto antes con el personal necesario para garantizar el derecho a la salud de las personas presas.
Con independencia de esa colaboración, al término de la reunión ha reafirmado “el compromiso del Gobierno de Navarra en general, y del departamento de Justicia en particular, por la asunción lo antes posible de las competencias en materia de sanidad penitenciaria”. “Seguimos trabajando con los organismos estatales implicados para que la transferencia se realice con prontitud, una vez hay en Madrid un Gobierno estable y abierto a nuestra solicitud”, ha destacado Sainz de Rozas.
El director general de Justicia ha insistido en que “la inclusión de la población reclusa en los circuitos normalizados de atención sanitaria, es decir, dentro del Servicio Navarro de Salud, garantizará una atención de calidad y más cercana”.
"UNA CUESTIÓN DE AUTOGOBIERNO"
Sainz de Rozas ha subrayado que “las personas que se encuentran en un momento determinado en prisión pueden tener limitada su libertad, pero no su derecho a acceder, como el resto de la ciudadanía, a las prestaciones sociales y sanitarias de las que goza el resto de la población”.
“Es una cuestión sanitaria y humanitaria, en primer lugar; y es, además, una cuestión de autogobierno, porque así lo tiene establecido Navarra en su Amejoramiento, no solo en relación con la salud de nuestros presos, sino en todos los aspectos de la vida en prisión. Por eso, y sin perjuicio de seguir trabajando por mejorar sus condiciones de vida, queremos que la transferencia venga acompañada de un modelo penitenciario propio, en cuyo diseño ya estamos trabajando, y que ponga los medios para hacer realidad la reinserción”, ha recordado.
Respecto al resto de temas, Sainz de Rozas ha señalado que “hemos ultimado los detalles para la implantación de una sucursal de la Oficina Judicial en el centro penitenciario. Es un compromiso de legislatura que verá la luz muy pronto y en el que estamos plenamente implicados. Facilitará a las personas presas sus trámites con la Administración de Justicia, y al personal judicial se le van a evitar numerosos viajes para trámites rutinarios, que pueden hacerse de una manera más rápida y eficiente”.
Por otro lado, Sainz de Rozas ha destacado “los planes que tiene este departamento de favorecer la celebración de diálogos restaurativos con la población reclusa de Pamplona”. Esta iniciativa “permitirá a las víctimas que así lo deseen tener encuentros con quienes, al delinquir, atentaron contra sus derechos. El reconocimiento del daño causado resulta en muchos casos sanador para la víctima y contribuye a la responsabilización y reinserción del victimario,”, ha resumido.
