El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha explicado que está previsto que en agosto se concreten los compromisos presupuestarios.
El Gobierno de Navarra ha alcanzado un principio de acuerdo con la CEN, UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de la Economía Social (CEPES) en torno a las políticas activas de empleo del futuro Plan de Empleo 2017-2020.
El documento acordado, recoge los objetivos y las líneas de actuación en los ámbitos de la creación de empleo (emprendimiento, desarrollo de la economía social o competitividad y desarrollo empresarial); la mejora de la empleabilidad de la población activa (formación y activación laboral); la inserción de colectivos e igualdad de oportunidades; y la calidad del empleo.
El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha explicado que está previsto que a lo largo del mes de agosto se concreten los compromisos presupuestarios para estas materias en los próximos años. Asimismo, ha confiado en que el documento y su presupuesto sean aprobados definitivamente el próximo 19 de septiembre en la comisión de gobierno del Servicio Navarro de Empleo (SNE).
A partir de septiembre, según el principio de acuerdo, se negociarán otros aspectos del borrador del Plan de Empleo, relativos al diálogo social, la salud laboral, el empleo no declarado o la estabilidad en el empleo.
Laparra ha expresado su satisfacción por este avance que, en su opinión, "allana la negociación del resto del Plan de Empleo, que se abordará a partir de septiembre, y constata que el empleo es la principal preocupación y la meta común del Gobierno y de los agentes sociales".
NUEVO ENFOQUE BASADO EN LA SEGMENTACIÓN Y LA FLEXIBILIDAD
El Gobierno ha atendido "la mayor parte" de las aportaciones de los agentes sociales que forman parte del consejo de gobierno del SNE que "están en consonancia con las directrices europeas y estatales y con otros planes estratégicos del Gobierno foral, especialmente con la Estrategia de Especialización Inteligente S3 de Navarra".
Las partes han coincidido en la conveniencia de "dar respuesta a las necesidades de la población activa y de las empresas a través de un nuevo enfoque, basado en la segmentación y la flexibilidad". Esto es, las diferentes líneas de actuación se adaptarán a las situaciones de las personas trabajadoras o desempleadas (necesidades específicas de colectivos) y de los sectores empresariales.
El vicepresidente ha resaltado también cómo las partes han coincidido en la necesidad de poner en marcha "un sistema de respuesta contra el desempleo, que mejore la empleabilidad de las personas paradas, con especial énfasis en las más vulnerables y de más difícil inserción, y que incida también en las personas con empleos precarios". Para ello, se reforzarán las medidas de lucha contra el desempleo de larga duración en mayores de 55 años y el paro juvenil.
Asimismo, para favorecer la empleabilidad, el Gobierno y agentes parten, por un lado, de la premisa de que la formación para el empleo "tiene que ser de calidad y a lo largo de la vida, por su carácter preventivo para encontrar empleo, afrontar transiciones laborales y contribuir a la competitividad regional". Habrá una apuesta por programas con mejores resultados (programas mixtos de formación y empleo o itinerarios de empleabilidad) y sobre la base de la referida segmentación (según necesidades de sectores y colectivos).
En el ámbito de la empleabilidad, el principio de acuerdo recoge medidas para reforzar la orientación integral a personas desempleadas o en mejora de empleo. Para mejorar el servicio, habrá un plan de formación para las y los técnicos del SNE y de la red de entidades colaboradoras.
Gobierno y agentes también coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo (entornos precarios, situaciones de desigualdad y discriminación); estimular la iniciativa empresarial y de sectores emergentes; reconocer al empresariado o el trabajo por cuenta propia como generador de puestos de trabajo; y reforzar la competitividad empresarial a través de la consolidación y crecimiento de empresas, sobre la base del empleo de calidad, el capital humano, la Responsabilidad Social, la internacionalización, perfiles estratégicos cualificados (gerentes o directores generales de pymes) o nuevos modelos de gestión.
El documento recoge un apartado innovador orientado a la garantía de la igualdad de trato y contra la discriminación en el empleo por cualquier circunstancia social o personal: etnia, lengua, sexo, orientación sexual, edad, ideología, religión y filiación política y sindical.
También se refuerzan las medidas tendentes a reconocer la influencia de la Economía Social en el incremento del empleo (incorporación de socios, crecimiento empresarial, internacionalización, emprendimiento, formación, inserción laboral de colectivos (discapacidad, exclusión, empleo juvenil).
Finalmente, según ha subrayado el consejero, ha habido un consenso en la propuesta de "modernización y refuerzo" de la labor del servicio público del SNE, por ser este servicio el que articula el sistema de empleo, desde la "necesaria colaboración público-privada".
En este sentido, Laparra ha destacado que el sindicato LAB, que ha adelantado que no aprobará el documento resultante, "ha valorado positivamente aspectos como el refuerzo de la gestión pública, la formación profesional y las políticas antidiscriminación en el empleo".
