Los sindicatos CCOO, UGT y LAB han apoyado la propuesta, mientras que ELA se abstiene por asegurar que se trata de un "parche insuficiente".
El Gobierno de Navarra ha alcanzado este lunes un acuerdo "histórico", tal y como ha definido el propio Ejecutivo a través de una nota de prensa, con las organizaciones sindicales respecto de la aplicación de los fondos adicionales.
El acuerdo se ha alcanzado en Mesa General de Negociación del personal funcionario y estatutario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos celebrada este lunes bajo la presidencia de la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont.
El Ejecutivo navarro ha calificado de "histórico" este acuerdo con la representación sindical de los trabajadores públicos, siendo apoyado "por los sindicatos LAB, CCOO y UGT, y con la abstención del sindicato ELA".
El acuerdo, que acoge reivindicaciones "del personal, algunas históricas", es el resultado de las reuniones de trabajo celebradas por la consejera y la directora general de Función Pública, Amaia Goñi, con los representantes de las citadas organizaciones sindicales los días 11 y 20 de septiembre pasados.
Así se decidió en Mesa General celebrada el día 3 de julio, una vez se conoció que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, permitía a Navarra un incremento extra del 0,30 % de la masa salarial.
Y ello como consecuencia del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo suscrito por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública con las organizaciones sindicales de ámbito estatal, acuerdo que contempló un 0,20 % en 2018, un 0,25 % en 2019 y un 0,30 % en 2020, porcentaje que alcanzaba un 0,30 % en cada ejercicio para Navarra al haber finalizado el ejercicio 2017 cumpliendo el objetivo de déficit.
La Administración navarra estima destinar a estos fondos adicionales 3.404.066 euros en 2018 y, siempre que las leyes de Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2019 y 2020 lo autoricen, 3.660.814 euros en 2019 y 3.822.314 euros en 2020, informa el Gobierno foral.
Una vez se ha terminado la negociación del destino de los fondos adicionales, será el próximo jueves día 4 de octubre, a las 10 de la mañana, cuando la consejera María José Beaumont suscribirá el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales.
Tras este acto comparecerán conjuntamente ante los medios de comunicación tanto la consejera y la directora general de Función Pública como los representantes sindicales para explicitar los términos del acuerdo y la valoración del mismo.
ELA: "ES UN PARCHE INSUFICIENTE"
Por su parte, el sindicato ELA ha considerado que el incremento del 0,3% que el Gobierno de Navarra propone para su plantilla es un "parche insuficiente".
A través de un comunicado, ELA defiende las mejoras destinadas a ciertos colectivos pero se ha abstenido en la Mesa General porque "el seguidismo a Madrid impide la negociación propia y no se revierten todos los recortes".
ELA considera "muy insuficiente" el 0,3% adicional que el Gobierno de Navarra ha propuesto para repartir entre algunos colectivos profesionales de la Administración. En primer lugar, la aceptación de ese 0,3, que cifra en apenas 3 millones de euros para 2018 a asignar entre una plantilla de más de 20.000 personas, implica la negación de la negociación colectiva propia en Navarra, ya que proviene de la Ley de Presupuestos del Estado de 2018 aprobados en mayo por el Gobierno del PP.
"Ése es el límite marcado por Madrid y que el Gobierno de Navarra acepta sin ninguna pega. De los 241 millones de superávit que tiene Navarra, Madrid solo deja destinar tres millones al personal público", ha denunciado ELA, que ha calificado esta situación como la negación misma del autogobierno.
Además, añaden en su comunicado, en la posterior negociación de la Mesa General era imprescindible un estudio de puestos y necesidades para acertar en las asignaciones de funciones y retribuciones para cada colectivo profesional. "Sin ese estudio, cualquier medida será un parche y provocará nuevas diferenciaciones entre colectivos, agrandando los problemas existentes", destaca ELA.
En todo caso, ELA ha justificado su abstención para defender que las mejoras aplicadas a determinados colectivos se hagan efectivas. Al mismo tiempo, ELA ha defendido que si existen otros colectivos cuyas retribuciones merecen complementarse, el Gobierno debe "hacerlo independientemente de que Madrid otorgue su permiso".
