La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha acusado este viernes a Navarra Suma, en una comparecencia en el Parlamento para explicar su participación en el expediente administrativo del contrato de compra de mascarillas FFP2 con la empresa Efficold, de "intoxicar, confundir a la gente y tratar de sembrar dudas".
En su intervención en la Cámara, a petición de la coalición formada por UPN, PP y Cs, Saiz ha criticado las formas de Navarra Suma para "ejercer la oposición" al "dejar caer ciertas sospechas de una forma tan gratuita". "Mezclar cuestiones que no tienen ningún rasgo en común entre ellas y tratar de confundir a la ciudadanía es jugar sucio en política. Por lo visto, ustedes se sienten cómodos en el juego sucio", ha dicho.
Por su parte, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha expresado que hay "dudas y sombras" sobre el citado contrato a las que "no han dado respuesta" y ha señalado que "si les parece que 1,5 millón de euros es poco, a nosotros no". "El contrato de junio, luego pasó a agosto y sí estaba fuera de mercado y sí suponía un quebranto para la Hacienda pública", ha manifestado, para preguntar por qué ha habido un retraso de año y medio en el informe del Interventor General, si hubo presiones al interventor, por qué no se elevó el primer informe al Gobierno, por qué no se hizo desde Economía y Hacienda un estudio de precios, entre otras cuestiones.
La consejera Saiz ha manifestado, durante la comparecencia parlamentaria, que ya a finales de junio aseguró que "en ningún momento se estaba ocultando absolutamente nada" y "que este Gobierno no tiene ningún problema en trasladar la información necesaria siempre que se le ha requerido". "Es evidente que ese traslado debe producirse cuando el expediente está concluso", ha expuesto.
Ha detallado Saiz que el 9 de mayo se produjo un primer informe de la Intervención General y ha trasladado a Navarra Suma que "eso es lo que días después le informamos, advirtiendo de que hasta que este procedimiento no estuviera resuelto no se haría público". "Así las cosas, y ante el primer informe de la Intervención General que avalaba el reparo suspensivo que elevó la Intervención delegada y que ustedes conocían porque este Gobierno se lo hizo llegar, continuó el procedimiento, con el evidente y obligado intercambio de información entre el órgano gestor, que formuló sus discrepancias al respecto y la Intervención General", ha continuado.
Según Saiz, a la luz de la nueva información y argumentación trasladada a partir de entonces por el departamento de Salud a la Intervención General, "esta acabó por concluir que la aplicación del régimen de contratación de emergencia permitía que la adjudicación del suministro de mascarillas tuviera cobertura legal". "De ese modo, las deficiencias señaladas en su labor de control por la Intervención no se correspondían con ninguno de los supuestos de reparo suspensivo que recoge el artículo 21 del Reglamento de Control Interno, debiendo considerarse, por tanto, eliminada la suspensión de la tramitación derivada del reparo interpuesto por la Intervención delegada", ha indicado.
Saiz ha trasladado a Navarra Suma que se volvieron "a precipitar": "Llegaron a emplear su habitual recurso de acudir a la justicia para obtener respuesta a un asunto que les iba a llegar por su cauce natural". "Les trasladamos toda la información relativa a este expediente", ha señalado, para añadir que "el hecho de que en el ámbito de la Administración foral haya un órgano fiscalizador interno que actúa con independencia - y la existencia de discrepancias con los gestores que debe resolver el Gobierno es buena muestra de esa independencia - es una garantía de eficacia de ese control".
Ha añadido la consejera que el 30 de junio dio respuesta en el Parlamento y recibieron los parlamentarios el expediente completo y ha expuesto que en septiembre, desde Navarra Suma, "ustedes sabrán por qué", "de repente vuelven a la carga con mi petición de comparecencia además de las del director general de Intervención y la consejera de Salud".
"Eso sí, desde finales de junio hasta hoy, no les he oído decir absolutamente nada del último informe del Interventor General. Silencio absoluto. Y ahí, en ese informe, es donde está el verdadero quid de la cuestión", ha indicado Elma Saiz, quien ha incidido en que "ahí es donde queda de manifiesto que la labor del departamento de Salud queda avalada".
La consejera ha explicado que el pasado día 6 de junio, convocó una reunión en el departamento de Economía y Hacienda, con "el objeto de resolver las deficiencias señaladas por la Intervención en la resolución de la discrepancia, donde se apuntaba la necesidad de incorporar los informes que permitieran, en palabras de la Dirección General de Intervención, 'delimitar el contenido de los actos administrativos adoptados y atribuir las responsabilidades correspondientes'".
Según ha dicho, "ahí empezó y terminó mi participación directa en este expediente". "Lo que sucedió antes ya lo conocen. Y lo que sucedió después también. Y lo que sucedió después fue que en ejercicio de su independencia y tras la aportación de la información necesaria y demandada, la Intervención General emitió su informe final con el que se cerró el expediente, ese informe del que ustedes -NA+- no han dicho ni una palabra en contra", ha expuesto.
En el turno de los grupos, Cristina Ibarrola, de NA+, ha señalado que la consejera "manda la información después de una pregunta, y sorpresa, no había un informe, sino dos" y ha trasladado a la consejera que "debía haber velado por el precio de las mascarillas". "En agosto no se justificaba el precio -2,30 euros-", ha dicho, para acusarle de "incumplir la legalidad, ocultar información, hay maniobras raras, ocultaciones, mentiras para tapar una mala gestión del Gobierno, que posiblemente lleve a quebranto de dinero público".
La socialista Ainhoa Unzu ha reprochado a NA+ que "no quieren creerse la realidad, prefieren creerse otra cosa, no se para qué llaman a comparecer porque les dan igual las explicaciones dadas, a ver si les van a estropear una hoja de ruta que ya tienen diseñada". Ha añadido que NA+ busca "desprestigiar" y "su manera de actuar es difama que algo queda". "Seguro que, como en todas las administraciones del mundo, alguien se pudo equivocar en la pandemia", ha dicho, para añadir que "la gestión de la pandemia ha sido avalada por Comptos". "Una cosa son los errores y otra cosa es lo que hacen ustedes, un rosario de acusaciones", ha rechazado.
Desde Geroa Bai, Mikel Asiáin ha señalado que "no podemos sustraernos de la situación que se vivió en verano de 2020" en plena pandemia y ha preguntado "por qué no se elevó a Gobierno la discrepancia una vez emitido el informe en el que ratificaba el reparo".
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha reiterado la pregunta del anterior portavoz y ha añadido "por qué se cambio el curso natural del expediente". Además, se ha interesado por si "eran conscientes de que un expediente llevaba un retraso anormal" y ha añadido que "lo del precio sí es relevante, hay que aclararlo".
Por su parte, Mikel Buil, de Podemos, ha señalado que "no hay caso" y "se puede intentar 'mancha que algo queda'". "Este expediente ha tardado demasiado en resolverse, tiene deficiencias, pero no hay corrupción, ni quebranto de dinero público y lo demás es ruido para intentar desgastar al Gobierno de Navarra", ha dicho.
Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que, si bien no ha habido diligencia con el expediente, "se cuestiona la gestión del gasto para combatir la pandemia y la compra de estas mascarillas y yo creo que la necesidad es evidente". Y ha opinado que esta operación "se ajusta al proceso legal establecido".
También ha comparecido la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, quien ha afirmado que, "reconociendo que todo es mejorable y abierto a críticas, sembrar ahora dudas sin base sobre actuaciones de hace dos años y en un contexto y contenidos concretos sería injusto".
Induráin ha señalado que sería "injusto sobre todo para gran número de profesionales que en un momento de incertidumbre y necesidad claras tuvieron que tomar decisiones con la finalidad de garantizar la protección del profesionales sanitarios con mascarillas y otros equipos, buscando suministros y reservas estratégicas en un contexto muy complicado".
"Aunque todos tenemos el recuerdo de la labor impagable de muchos sanitarios de a pie, en ocasiones el compromiso y la implicación sin horario y sin límite de muchos técnicos económicos y de gestión de Osasunbidea que hicieron todo lo posible por cuidar a los cuidadores ha pasado más desapercibido, y además parece que se les cuestiona", ha afirmado.
En cualquier caso, Induráin ha señalado que "esto no está reñido con la exigencia de legalidad, transparencia, procedencia y eficiencia, y todos los atributos que podamos pedir a la gestión pública", pero ha subrayado el "esfuerzo muy intenso" que se realizó "en un mercado internacional que estaba roto en todos los sentidos".
La consejera ha asegurado que fue una compra "necesaria y urgente" que "respetó la legalidad", que "fue y es transparente" además de "proporcionada y procedente", y "siempre abierta a aprendizaje y mejoras". Además, ha asegurado que "la oferta firmada en junio era plenamente competitiva y el precio era acorde, e incluso inferior, a los precios de mercado".
Según ha relatado, el SNS realizó una búsqueda de proveedores que fueran "cercanos" (lo cual ofrecía una "garantía de suministros con frecuencia y cantidad determinadas") y "con experiencia" (para garantizar la calidad), y se encontró a la Corporación de Mondragón.
"Al ser mascarillas fabricadas en territorio nacional, facilitarían la agilidad de la entrega y la certificación de su calidad según los estándares homologados", ha apuntado, tras añadir que "el mes de agosto de 2020 venía marcado por el crecimiento de la segunda ola, que en Navarra se inició en julio", y "la amenaza de cambio de protocolo que provocaría un mayor uso de las FPP2".
Ante esa situación, y con el objetivo "prioritario" de cumplir plazos y que los sanitarios navarros "no se vieran con riesgo de desprotección en ningún momento", la empresa de la Corporación de Mondragón "propuso entregar el mismo número de mascarillas y de la misma calidad importadas desde China".
"Digo de la misma calidad porque tenían una idéntica certificación que las que fabricaban ellos mismos pero estaban en espera de esa validación. Osasunbidea valoró la situación, verificó la realidad de la documentación técnica que avalaba la calidad de las mascarillas y aceptó este suministro que fue debidamente recepcionado y acreditado", ha subrayado Induráin, tras añadir que "dado el contexto y el margen que daba el marco de emergencia, no se realizó un cambio en el contrato -en el ámbito puramente administrativo- al ser todo exactamente según lo acordado en lo esencial".
Además, ha añadido que "la Intervención ha avalado esta gestión", y que Comptos "avaló en su informe de forma general la gestión económica del departamento en gasto Covid en el periodo marzo- diciembre de 2020".
Aunque ha reconocido que Comptos citaba en su informe el reparo suspensivo de la Intervención delegada, ha subrayado que "también es cierto que, por las circunstancias tan excepcionales y el enorme volumen de expedientes, queda pendiente un proceso de formalización administrativa de una parte de los expedientes". "Lo que no quiere decir que todas esas operaciones no estén debidamente acreditadas con su pedido, documentación que acredite la legalidad, el albarán de entrega, la recepción del material coincidente con el pedido, la factura, documento presupuestario y contable en su caso...", ha subrayado.
Por otro lado, ha destacado "la calidad de los productos adquiridos en un escenario en el que era fácil equivocarse como les sucedió por desgracia a otras comunidades". "Las 560.000 de las que estamos hablando hoy suponen por cierto el 5% de todas las adquisiciones en 2020 de mascarillas de todos los tipos, que fueron más de 11 millones de mascarillas, lo que da una idea del reto y el riesgo que suponía para los gestores en un escenario tan complejo", ha indicado Induráin, que ha considerado que el Servicio Navarro de Salud "trabajó intensamente" y "siempre contando con todos los controles pertinentes".
La consejera, que ha remarcado que "todas fueron validadas" por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ha manifestado que "solo el 0,6% de las todas mascarillas adquiridas tuvieron una "alerta sanitaria". En cuanto a su precio y coste económico, ha asegurado que "la oferta firmada en junio era plenamente competitiva y el precio era acorde, e incluso inferior, a los precios de mercado".
La parlamentaria de NA+ Cristina Ibarrola ha planteado a la consejera diversas cuestiones, como por qué se realizó el contrato con esta empresa y no con otras, por qué no se renegoció el precio, si eran conocedores de las mascarillas del convenio de Sodena y de "sus excedentes", o si hicieron un estudio de mercado para garantizar que el dinero público se estaba utilizando de manera "adecuada". "El precio era muy diferente en junio que en agosto, y eso es una pérdida de dinero público, ustedes compraron un 30% por encima del precio de mercado", ha criticado.
La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha pedido a Ibarrola que "aterrice" en la "realidad verdadera, y no en su universo paralelo y completamente desquiciado", tras criticar los intentos de NA+ de "embarrar este tema y liarlo absolutamente todo". "Aquí solo hay que se necesitaron mascarillas y trajeron, solo en 2020, más de 11 millones para que a ningún profesional ni paciente le faltara esa protección", ha reivindicado, tras destacar el contexto de emergencia sanitaria "completamente desconocida e imprevisible" y que la compra fue avalada por Intervención.
Por parte de Geroa Bai, el parlamentario Mikel Asiain ha destacado "lo fundamental" del contexto y se ha remitido a las explicaciones aportadas por los distintos comparecientes a lo lago de la mañana y por el informe de Comptos, que hablan de un escenario "complejo" y de "riesgo permanente".
El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha compartido que el análisis "hay que situarlo en ese contexto", pero "eso no quiere decir que el contexto lo justifique todo". En ese sentido, ha mostrado "tremendas" dudas respecto al precio y ha considerado que deben dar "más explicaciones". "Les pudo más esa necesidad de tener mascarillas a toda costa que mirar el tema del precio", ha planteado.
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha coincidido en que "era un momento en que el mercado estaba roto". "Se nos ha explicado que se hicieron consultas como mínimo a 10 empresas y los precios eran competitivos, según Intervención. No tengo por qué discrepar de eso", ha afirmado, tras añadir que la "línea roja" para su partido hubiera sido detectar una "malversación" o "comisiones abusivas".
La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha considerado que lo "fundamental" es que las mascarillas cumplían los requisitos de seguridad, la compra era "absolutamente necesaria", y que "han sido eficaces". En cuanto al tema del precio, ha indicado que no puede tener opinión al respecto por tener "un lío tremendo", si bien ha creído ser "capaz de intuir que cuando se firmó el contrato, el precio parece que era el justo y el correcto".
