El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha explicado en comisión parlamentaria que el Gobierno de Navarra no puede excluir de la licitación del servicio de transporte escolar a las empresas sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) hasta que la prohibición de contratar con la Administración sea firme.
La CNMC dictó en septiembre una resolución por la que sancionó a 33 empresas de transporte escolar y a la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET) con más de 3,3 millones de euros por crear un cártel en Navarra.
Estas empresas, según la Comisión, habían creado una trama para amañar los concursos públicos de Educación para el transporte de alumnado de Primaria y ESO, lo que durante ocho años, de 2013 a 2018, les permitió repartirse las rutas de su elección estableciendo turnos y compensaciones para asegurar la carga de trabajo y los precios.
Gimeno, quien ha comparecido en comisión a petición de EH Bildu, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no puede entrar a valorar la resolución" más allá de manifestar "su absoluto respeto" a las decisiones de la autoridad competente en la materia.
El consejero ha comentado que la última licitación de este servicio, del curso 2017-2018, fue adjudicada y posteriormente prorrogada hasta agoto de 2020 y después hasta agosto de 2021. De esta forma, se terminan todas las prórrogas legalmente posibles y se deberá licitar de nuevo para el curso 2021-2022, aunque Educación estudia la posibilidad de adelantar el proceso.
Gimeno ha precisado que las empresas pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y por tanto no se puede excluir a esas compañías de la licitación hasta que la prohibición de contratar con la Administración sea firme según el procedimiento legal establecido.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha mostrado su sorpresa por que el consejero no haya querido entrar a valorar la resolución y, tras resaltar que el informe "es demoledor", ha declarado que sospechan que "esto sucedía también en años anteriores". Se trata, ha agregado, de un tema que "merecería alguna reflexión por parte del Departamento".
Javier García, de Navarra Suma, tras pedir respeto a las resoluciones de la CNMC y los tribunales, ha declarado que, "más allá que hablar de futuras situaciones en las que nos podemos encontrar", la situación a día de hoy del transporte escolar "no es del todo satisfactoria".
Por el PSN, Jorge Aguirre ha mostrado "el más escrupuloso de los respetos a este tipo de cuestiones" y, tras desear que "esto no vuelva a ocurrir", ha resaltado que "ahora lo que toca es mirar al futuro".
La parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha recordado que, tras su acceso a la consejería de Educación en la pasada legislatura, en su equipo tuvieron "una batalla que fue más o menos tortuosa" para solucionar este asunto y ahora "tenemos la licitación que tenemos gracias a aquella pelea".
Solana ha señalado que, si finalmente estas empresas no pueden acceder a la licitación, "veo francamente una situación compleja y bien complicada de tratar" respecto al transporte escolar en Navarra.
La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha asegurado que este es un caso "de una gravedad supina", ya que están afectadas 33 de las 36 empresas de transporte escolar de Navarra, y ha instado a establecer un procedimiento con más control en la próxima licitación para evitar lo ocurrido con estas compañías, que "llevan años engañando, robando" a la Administración.
En su turno de réplica, Gimeno ha mostrado su "honda preocupación" por lo sucedido y ha apuntado que, si finalmente estas empresas no pueden presentarse a la licitación, "no sabemos quién va a prestar el servicio" de transporte escolar.
