POLÍTICA

El Gobierno foral defiende su gestión con los okupas de Rozalejo: "Defendemos el interés general"

Según la consejera de Interior, no se consideró adecuado establecer una vigilancia policial del palacio ubicado en el Casco Viejo de Pamplona.

Comparecencia de la portavoz del Gobierno foral y la consejera de Interior, María Solana y Mª José Beaumont, para que expliquen el desalojo y posterior reocupación del Palacio Marqués de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY
Comparecencia de la portavoz del Gobierno foral y la consejera de Interior, María Solana y Mª José Beaumont, para que expliquen el desalojo y posterior reocupación del Palacio Marqués de Rozalejo. IÑIGO ALZUGARAY

La consejera portavoz del Gobierno del cuatripartito, María Solana, ha defendido que el Ejecutivo "ha actuado conforme a norma" en la gestión de la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo de Pamplona y ha asegurado que ha mantenido "una voluntad clara de evitar males mayores, siempre en defensa del interés general, de la seguridad de toda la ciudadanía y de los bienes públicos".

María Solana y la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, han comparecido este martes en el Parlamento de Navarra a petición de UPN y Podemos-Orain Bai para explicar su gestión en relación con el desalojo y posterior reocupación del edificio el pasado mes de agosto.

Beaumont ha señalado que la nueva ocupación ocurrió "por la simple y sencilla razón de que es un edificio vulnerable, y por su estructura y localización presenta importantes dificultades para realizar un cierre eficaz".

Según la consejera de Interior, tras el primer desalojo "el personal técnico actuante consideró suficientes las actuaciones de cerramiento practicadas" y no se consideró adecuado establecer una vigilancia policial, que "además no garantizaría el control de todo el perímetro y requería un importante despliegue de recursos humanos". "Todo ello afectaría a la actividad comercial de la zona y a la libre circulación de vehículos y personas", ha señalado.

Además, sobre la actuación policial en el desalojo, ha afirmado que la Policía Foral, en funciones de policía judicial a las órdenes del juzgado, intervino "teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad".

Una vez ocupado nuevamente el edificio, se optó por solicitar al juzgado la suspensión del desalojo, "ante el gran número de personas concentradas en Navarrería y la vulnerabilidad" del edificio.

"DECISIÓN COMPARTIDA DEL GOBIERNO"

Por su parte, la consejera María Solana ha explicado que "todas las decisiones que se han tomado en torno a esta cuestión han sido de manera absolutamente compartida y colegiada por el Gobierno de Navarra y en ningún caso de sus miembros por separado o de manera personal".

Además, Solana ha incidido en que durante el mes de agosto ella misma hizo "un llamamiento público al diálogo" con los okupas de "un bien público que estamos decididas a defender, pero buscando una salida y una mejor solución para todos, que llevara a un desalojo ordenado y pacífico". "Estas personas rechazaron ese llamamiento. Tenían agenda apretada y otras prioridades", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que "en el desalojo que se llevó a efecto no hubo ningún altercado reseñable, ningún herido y ningún detenido entre las personas que estaban en el inmueble por causas del desalojo". "Es verdad que en las inmediaciones hubo otros altercados", ha indicado Solana, quien ha defendido que "se actuó de una manera absolutamente responsable".

Solana ha dicho que "el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, fueron actuaciones correctas y oportunas, avaladas por la Audiencia y por el Tribunal Supremo".

En opinión de la consejera, el Gobierno "estuvo a la altura de las circunstancias en una toma de decisión política que ha habido quien ha querido judicializar, y el Supremo ha dicho que decisiones de este tipo no se resuelven en los tribunales sino en las urnas".

"Seguramente UPN no lo hubiera gestionado así y no sé qué hubiera pasado", ha indicado, para incidir en que el Gobierno tiene "un firme compromiso para llevar adelante un proyecto -el Instituto de la Memoria- para darle un uso al edificio que a va a revertir en el bien de todo un barrio, de una ciudad y de una comunidad".

REPROCHES DE UPN Y DE PODEMOS-ORAIN BAI

El parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que "precisamente lo que no ha hecho el Gobierno ha sido estar a la altura, ha estado con sus amigos radicales, abertzales y antisistema, ha hecho una clara dejación de funciones, ha jugado con la seguridad de la policía, se ha burlado del juez, ha convertido a Navarra en el hazmereir con un dispositivo policial que llevó a la reocupación del edificio, y el Gobierno está mucho más preocupado de o que puedan opinar sus socios sobre la actuación policial, que fue perfecta".

"Si gobernara UPN, hoy no habría ocupas en el palacio", ha asegurado, para preguntar si hubo "un chivatazo" que avisar a los 'okupas' del inminente desalojo en agosto.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha criticado que "llevamos desde 2017 con un bien público que pertenece a toda la ciudadanía ocupado y el Gobierno de Navarra no ha realizado las funciones que a todo buen gestor se le pueden pedir". "¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué explicaciones van a ofrecer a la ciudadanía? Porque hasta ahora no han hecho nada efectivo para que el palacio vuelva a su legítimo dueño. Esto se podía haber solucionado mucho antes y se podía haber iniciado el proyecto del Instituto de la Memoria, pero es el Gobierno el que lo impide", ha señalado.

Por parte del PPN, Ana Beltrán ha afirmado que "esta es una vez más la historia de un Gobierno arrodillado a los intereses de los insumisos, de EH Bildu, de la izquierda abertzale radical, de los borrokas, de los que violan la ley ocupando un edificio público".

"Este es un Gobierno miserable con esta actitud. ¿Cómo pueden hablar de que hay que dialogar? Que se vayan primero y luego ya dialogaremos. ¿Cuándo les van a sacar por la fuerza? ¿Qué tontería vamos a estar aquí con el diálogo? ¿A la señora Pérez y a la consejera les ocupan su casa y van a dialogar con ellos? Los okupas se le ríen al Gobierno a la cara pero lo que me preocupa es que se nos rían a todos los navarros", ha planteado.

La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que "hubo violencia en el desalojo, porque cualquier desalojo lleva intrínseca violencia, no hubo ningún tipo de actitud pacífica y ordenada, y muchos menos intervención proporcional y ordenada".

"En el lugar aparecieron balas y no se nos ha aclarado esto. Se tiene que producir una investigación desde la Administración pública y que se clarifique qué hacían ahí esas balas", ha indicado. Además, ha pedido al Gobierno de Navarra que retire la denuncia por la ocupación y que "busque otras alternativas".

BILDU APOYA EL PROYECTO DE LOS OKUPAS

Por parte de Geroa Bai, Unai Hualde ha indicado que "ha habido un intento de rentabilizar políticamente de forma miserable un episodio delicado y difícil de gestionar para cualquier Gobierno" y ha considerado que la actuación del Ejecutivo "se ha guiado sin ninguna sombra de dudas por dos principios: la responsabilidad de defender la recuperación de un bien público indebidamente usurpado y la necesidad de garantizar la seguridad pública en una operación delicada".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que su grupo "transmitió en público y en privado al Gobierno que no estaba de acuerdo" con su decisión de personarse en la causa abierta en el juzgado e instar al desalojo y "aventuramos problemas que luego se produjeron". "La solución del desalojo no era la más adecuada y había que plantear vías de diálogo. Y el desalojo por la fuerza no sigue siendo la solución. Creemos en los proyectos autogestionados y seguimos creyendo que en este caso lo importante es el proyecto y no la ubicación", ha señalado, para explicar que están manteniendo conversaciones con los 'okupas'.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha afirmado que la gestión del Gobierno de Navarra "no tienen nada que ver con nada que se parezca a complicidad y connivencia" con los 'okupas' y ha señalado que "lo que ha hecho el Gobierno es poner en conocimiento del juzgado la situación, personarse, solicitar el desalojo y poner a la Policía Foral a disposición del juez. "El Gobierno ha querido recuperar el uso del local y lo ha hecho instando un desalojo, que es en lo que discrepamos con el Gobierno, porque creemos que no es la solución", ha indicado.


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