El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a las tres comunidades autónomas que terminaron 2019 con superávit, Navarra, el País Vasco y Canarias, a gastar esos fondos para hacer frente a los gastos extraordinarios que les ha ocasionado la pandemia del coronavirus.
Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al dar cuenta de los criterios fijados por el Consejo de Ministros para repartir entre las autonomías los 16.000 millones del fondo Covid-19.
Navarra cerró el 2019 cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un superávit de 101 millones de euros, el 0,5% del PIB, y una deuda del 15,5% del PIB, por debajo del límite fijado en el 17,1%, según los datos facilitados en marzo por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.
En concreto, el endeudamiento se situó en 3.297 millones de euros y, de nuevo, se logró reducir deuda con respecto al año anterior, concretamente, en 148 millones. Además, fruto de las negociaciones con las entidades financieras y de la cancelación anticipada de préstamos, se consiguió un ahorro en gastos financieros de 38 millones de euros.
Canarias, por su parte, terminó el pasado ejercicio con 321 millones de superávit, equivalentes al 0,68% de su PIB, unos remanentes que la Ley de Estabilidad Presupuestaria obligaba hasta ahora a destinar, básicamente, a amortizar deuda.
En la anterior legislatura, el entonces presidente, Fernando Clavijo (CC), reclamó varias veces que le dejaran emplear esos fondos en reforzar los servicios públicos esenciales, porque no veía sentido a destinarlos de forma recurrente a amortizar deuda, siendo las islas la comunidad menos endeudada por habitante de toda España. El Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) recogió esa misma reivindicación casi desde sus primeros días de mandato y la ha intensificado.
REIVINDICACIÓN EN AYUNTAMIENTOS
El País Vasco, por último, fue la tercera comunidad de España que terminó el 2019 con un superavit. En concreto, logró el pasado año un superávit del 0,44% del PIB, lo que equivale a 328 millones de euros.
La reivindicación de poder gastar el superávit también la ha planteado la Federación Española de Municipios y Provincias para los ayuntamientos con cuentas saneadas y ha formado parte de las negociaciones entre partidos para conformar las mayorías que permitieron prorrogar en el Congreso el estado de alarma.
