El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves por unanimidad una modificación legal para que el Defensor del Pueblo de Navarra pueda imponer multas coercitivas a las Administraciones públicas que, pese a los reiterados requerimientos, no colaboren con esta institución.
La iniciativa legislativa ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, después de que el propio Defensor, Javier Enériz, hiciera esta petición al Parlamento foral, al encontrarse con algunas administraciones que no colaboraban con sus peticiones de información.
La proposición aprobada modifica la ley foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad foral de Navarra. Con la modificación incorporada, se habilita al Defensor a Imponer multas coercitivas de 1.500 euros a las Administraciones o entidades responsables, pudiendo reiterar la multa cada veinte días hasta el cumplimiento íntegro de lo requerido.
Además, la institución también podrá hacer pública la actitud incumplidora de las Administraciones o entidades que resulten responsables en su página web, en su informe anual o en un informe especial, en los medios de comunicación y dar traslado de la conducta al Parlamento de Navarra, para su conocimiento.
El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha considerado adecuado modificar la norma para que el Defensor del Pueblo pueda actuar "cuando se produzca una falta de colaboración contumaz" de las Administraciones y ha destacado que el Parlamento responde de esta mantera a una petición del propio Defensor.
La parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno ha abogado por "dar fuerza a la institución del Defensor del Pueblo" y ha señalado que "hay que darle las herramientas suficientes, porque lo más importante es la función que tiene, que es salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos".
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que el cambio legal "dota de mayor fortaleza y capacidad a la institución para requerir a las diferentes entidades el cumplimiento de los requerimientos que se le encomiendan en materia de colaboración".
Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha valorado la unanimidad alcanzada por los grupos para "mejorar la eficiencia del trabajo del Defensor del Pueblo" y ha explicado que con esta modificación "se trata de recordar a las Administraciones públicas cuáles son sus obligaciones de remitir información".
El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha dicho que su grupo "espera bastante de esta modificación" y ha destacado que el Defensor "es garante de que los fundamentos que debatimos aquí sean cumplidos de forma rápida y ajustándose a la ley por parte de la Administración, una administración que el Defensor siempre describe como bastante áspera".
Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha señalado que esta modificación supone "dar un paso muy importante para que la ciudadanía tenga ese derecho a la defensa ante las Administraciones públicas que el Defensor debe garantizar".
