La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra verán en su sesión de mañana llevan diversas iniciativas para conocer los proyectos que optarán a los fondos europeos de reconstrucción Next Generation y que el Gobierno se persone como acusación particular en el caso del exconsejero Manu Ayerdi.
Los grupos parlamentarios han registrado además cinco interpelaciones sobre política general en materia de competitividad de la Comunidad Foral, atención pediátricas, vivienda protegida y política fiscal.
También se han presentado varias mociones para rechazar la oferta lingüística del Ayuntamiento de Pamplona para los centros 0-3 años y modificar la normativa de escolarización para primar la cercanía del centro al domicilio del alumnado.
Otras mociones instaN al Gobierno a cubrir los costes generados por la pandemia en residencias de mayores y personas con discapacidad sin ánimo de lucro o dependientes de entidades locales, a fomentar la investigación en energías renovables y a la modernización tecnológica de Hacienda.
Además se han pedido varias comparecencias, entre ellas para que la consejera de Economía informe de cómo afecta a Navarra la normativa estatal en materia de planes de pensiones y otra del consejero de Ordenación del Territorio sobre la venta fallida seguido de la parcela de la antigua Superser en Cordovilla.
También quieren los grupos que la titular de Derechos Sociales dé cuenta de las tarifas y oferta en euskera de las Escuelas Infantiles y la de Relaciones Ciudadanas del informe sobre terrorismo de la extrema derecha en Navarra entre 1975 y 1985.
Asimismo se ha pedido que la consejera de Cultura y Deportes informe de la situación del Circuito de Velocidad de Los Arcos, empresa con la que se quiere igualmente mantener una sesión de trabajo, así como otra con trabajadores de TRENASA.
Otras sesiones de trabajo solicitadas son con familiares de José Miguel Etxeberria "Naparra" y personas que han investigado su desaparición y con el colegio Dos de Mayo de Castejón que ha pedido salir del PAI.
Además de numerosas preguntas al Gobierno tanto orales como escritas, se ha planteado por último la creación de una ponencia para adecuar el Reglamento del Parlamento a la ley foral de participación democrática.
