La riña en la Cámara foral ha provocado que el presidente de la comisión, Patxi Leuza, haya tenido que suspender la sesión durante unos minutos.
El Parlamento foral ha vuelto a convertirse en un 'gallinero' durante una comisión en la que el delegado del Gobierno de Navarra en Brusela, Mikel Irujo, ha defendido la reunión que mantuvo con Karl Vanlouwe, presidente del Comité de las Regiones y miembro del Parlamento de Flandes, para abordar el 'caso Alsasua', un encuentro que ha sido criticado por UPN, PSN y PPN.
Precisamente, la polémica la ha sembrado Laura Pérez, del grupo parlamentario de Podemos, al preguntar a Ana San Martín (UPN) si es una terrorista al considerar que los detenidos de Alsasua, la localidad foral y Navarra en general están siendo sometidos a una "tortura psicológica y física" por el juicio en la Audiencia Nacional. "Le gustaría que le llamara terrorista. ¿Es usted una terrorista?, ha cuestionado la expulsada de Podemos y que puede verse en el vídeo que se adjunta en esta información.
Estas palabras han provocado el enfado de los parlamentarios de UPN, lo que ha conllevado que el presidente de la comisión, Patxi Leuza, de Geroa Bai, haya decidido suspender la sesión durante unos minutos.
Cuando se ha retomado la comparecencia, Sánchez de Muniáin ha pedido que, al amparo del reglamento, "se haga retirar esas expresiones altamente ofensivas sobre una parlamentaria de UPN".
Laura Pérez ha asegurado que lo que ha dicho, dirigiéndose a Ana San Martín que hacía "aspavientos" ante su intervención, es que "a nadie le gustaría que le tachen de terrorista" y ha declarado que si se ha sentido "ofendida" retira sus palabras, con las que "quería poner en evidencia, y lo he conseguido, que es francamente denigrante que se les tache de terroristas".
LA COMISIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO DE NAVARRA EN BRUSELAS
En la comisión parlamentaria, a petición de UPN, Irujo ha recordado que el Parlamento de Navarra aprobó una resolución en la que instaba al Gobierno foral a "efectuar las gestiones necesarias ante los órganos comunitarios para asegurar el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales" y, entre otros puntos, a "realizar las gestiones necesarias ante los órganos comunitarios correspondientes para determinar" si, a su juicio, la petición de terrorismo para los acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas es "compatible" con las previsiones de la Carta Europea. Una resolución, ha agregado, que el Gobierno de Navarra tomó en consideración.
Según ha indicado, "en vista de la resolución del pleno del Parlamento, como haciendo seguimiento del acuerdo del Gobierno", la Delegación en Bruselas trasladó dicho acuerdo a los mencionados organismos de la Unión Europea y, a su vez, mantuvo una reunión de trabajo con Karl Vanlouwe, presidente del Grupo European Alliance del Comité de las Regiones y miembro del Parlamento de Flandes.
Ante las críticas a la reunión y a la posición del Gobierno ante la agresión a los dos guardias civiles y sus parejas, Irujo ha destacado que la presidenta Uxue Barkos y el consejero de Salud, Fernando Domínguez, fueron a visitar a una de las víctimas al hospital y ha remarcado que "la primera declaración que hizo pública el Gobierno de Navarra fue condenando los hechos".
UPN CONSIDERA "UN MONTAJE" LA REUNIÓN
Tras la exposición de Irujo, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que sus explicaciones "no despejan las dudas y la versión" de la formación regionalista sobre la reunión, que ha definido como "un montaje" porque "se utilizaban recursos públicos para unos fines políticos". Ha criticado, además, que se reuniera "con un determinado grupo político, Nueva Alianza Flamenca, un partido conservador, de tintes xenófobos, nacionalista y populista, los principales peligros que acechan a la Unión Europea y todo lo que representa" y le ha preguntado si tiene "vínculos" con este partido.
El delegado del Gobierno en Bruselas le ha contestado que se reunió con Karl Vanlouwe como presidente del Grupo European Alliance del Comité de las Regiones, no con el presidente de un partido, y ha considerado "falso y demagógico" la calificación que ha hecho de la formación.
Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán ha defendido que Irujo "ha cumplido con un mandato parlamentario" y ha agradecido "las gestiones que ha realizado". "Lo que ha hecho es realizar una encomienda de este Parlamento y un acuerdo de Gobierno respecto a todo lo que venía aconteciendo en Navarra sobre unos hechos y un juicio", ha expuesto la parlamentaria, quien ha considerado "sumamente injusta" y "desproporcionada" la calificación de terrorismo.
En líneas similares se ha pronunciado la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, quien también ha agradecido que Irujo desde su puesto "se haya dedicado a cumplir" una resolución de la mayoría del Parlamento ante "una desproporción absoluta y una injusticia". Y ha sido muy crítica con las palabras de Sánchez de Muniáin, de quien ha considerado que ha hecho un discurso "ridículo" y "no ha dicho nada de fundamento".
En opinión del PSN, Inma Jurío, ha remarcado que "nadie es quien en este Parlamento para erigirse en juez y parte y considerar qué es justo y qué es injusto" y ha criticado que el Gobierno foral asuma las resoluciones de la Cámara "cuando les da la gana y les interesa política y mediáticamente". Ha reprochado, además, a Mikel Irujo que trasladara en Europa la "vergüenza" de esta resolución.
El 'popular' Javier García, por su parte, ha calificado de "vergonzoso" que el Gobierno de Navarra utilice la oficina en Bruselas para "trasladar su opinión personal propia" sobre el caso Alsasua y le ha reprochado que "utilice las instituciones para fines partidistas entrometiéndose en la labor de la Justicia" y "no respete la separación de poderes".
Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha expresado su "apoyo" a "las gestiones que está haciendo y ha hecho" el delegado del Gobierno en Bruselas, unas actuaciones en las que, según ha dicho, "no vemos ningún problema". A su juicio, la tipificación de los hechos como terrorismo y las calificaciones de la Fiscalía suponen "una aberración democrática y una aberración jurídica".
