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Las empresas deberán hacer un "plan de euskera" en Navarra si quieren trabajar con la Administración

El cuatripartito aprueba esta norma un dictamen para la Ley foral de Contratos Públicos para los casos en los que haya atención al público. 

Manifestación en Pamplona convocada por Kontseilua bojo el lema Bide eman euskarari (Dad paso al Euskera). MIGUEL OSÉS
Manifestación en Pamplona convocada por Kontseilua bojo el lema Bide eman euskarari (Dad paso al Euskera). MIGUEL OSÉS  

La obsesión del cuatripartito nacionalista para favorecer a las personas que hablan euskera en Navarra y machacar al 90% de la población navarra vuelve a ofrecer serios síntomas alarmantes. 

A partir de ahora, las empresas subcontratadas por las administaciones locales cuyo contrato exija un servicio de atención al público deberá elaborar, de manera totalmente obligatoria, un plan de euskera para que los trabajadores que ocupen esos puestos se formen en el conocimiento de euskera

Se trata de un paso más para cerrar puertas a las empresas que no tengan interés en ofrecer ese servicio y forzar el aprendizaje como coacción. Además, la medida se ha introducido en la norma sin ningún reparo en función de la zonificación, por lo que cientos de empresas de zonas de Navarra donde el euskera es residual deberán forzar a sus trabajadores a aprenderlo.

La Comisión de Hacienda y Política Financiera ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, un texto que busca adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo de contratación.

UPN ha presentado una enmienda, que ha sido desestimada por el cuatripartito, que aludía precisamente a esa obligación de forzar a un plan de euskera a las empresas que trabajen con la administración. 

Los regionalistas han alegado que era algo “desproporcionado e injusto”, mientras que desde I-E se ha defendido a capa y espada esa obligatoriedad para las empresas, al considerar que es "un guiño al avance del euskera”.

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han discutido otras dos enmiendas, de las que solo ha prosperado una, del PSN, que excluye de la aplicación de esta Ley a las entidades y asociaciones de defensa de medio ambiente, caza y pesca, “por razón de su naturaleza”. Podemos-Ahal Dugu e Izquierda Ezkerra se han abstenido, mientras el resto se ha posicionado a favor.

El resto del texto ha sido aprobado por unanimidad. El proyecto de Ley Foral, según ha informado el propio Parlamento de Navarra, tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico navarro al escenario europeo de contratación para, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, propiciar un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, al tiempo que se garantiza un uso eficiente de los fondos públicos.

En ese contexto y en sintonía con las Directivas de cuarta generación, la Ley Foral pretende promover un mercado más competitivo, facilitar la participación de las pymes (ofrecen el mayor potencial de empleo) y proporcionar herramientas para la utilización de la contratación pública como un instrumento de las políticas sociales, ambientales o de investigación, todo ello desde un prisma modernizador inserto en el marco de la globalización económica.

Los grupos han coincidido en destacar el cambio de paradigma que, en detrimento de la oferta económica más ventajosa, supone la introducción de un nuevo modelo de contratación basado en la mejor relación calidad precio, así como en la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales de carácter preceptivo y transversal, esto es, sujetas a control en todas las fases del proceso, incluida la ejecución.

En ese sentido, destaca el alcance de las novedades de índole laboral insertas en un proyecto dirigido a garantizar la calidad del empleo a través del obligado respeto a los convenios sectoriales, también en los casos de subrogación. El objetivo no es otro que evitar ofertas temerarias, fuera de mercado, a costa de perpetuar la precariedad, con la consiguiente afección a la calidad de los servicios prestados.

Se avanza también en la incorporación de medidas de prevención y transparencia para hacer efectivos los principios de la nueva gobernanza, concebidos en todo caso para combatir el fraude, el clientelismo, la corrupción o los conflictos de intereses.


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