El pleno rechaza una ley para abrir la provisión de vacantes a trabajadores públicos en plazas con euskera.
El pleno del Parlamento ha rechazado una proposición de Ley Foral que modificaba el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, estableciendo que quienes accediesen a plazas para las que fuera preceptivo el conocimiento del euskera pudiesen participar en la provisión de todas las vacantes de su respectiva Administración.
La propuesta, formulada por EH Bildu, ha contado con el apoyo de Geroa Bai, la abstención de Podemos-Ahal Dugu y el rechazo de Izquierda-Ezkerra, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra y Partido Popular de Navarra.
Según se recuerda en la exposición de motivos, la normativa vigente establece que quienes accedan a plazas de la Administración para las que sea preceptivo el conocimiento del euskera o de algún idioma comunitario “solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes de su respectiva Administración Pública para las que el conocimiento de dicho idioma sea preceptivo para su desempeño”.
A juicio del grupo proponente, esto supone “una manifiesta injusticia, dado que impide a determinados trabajadores/as el acceso a una nueva plaza, a pesar de cumplir con todos los requisitos exigibles para el desempeño de dicha plaza”.
Por ello, se proponía que quienes ingresasen en plazas de la Administración para las que fuese preceptivo el conocimiento del euskera o de algún idioma comunitario pudiesen “participar posteriormente en la provisión de todas las vacantes de su respectiva Administración Pública”.
En palabras del portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, el artículo que se pretendía eliminar “discrimina y castiga a unos trabajadores concretos de la Administración” y “atenta de lleno contra la movilidad e igualdad” de dichos empleados.
“Algunos trabajadores son penalizados y discriminados, pues no se les permite presentarse a concursos de traslado de puestos sin perfil de euskera”, ha denunciado, tras lamentar que el “plus” que supone dominar dicho idioma “se utiliza para penalizar” a los cerca de 351 empleados que se encuentran en esta situación.
También la parlamentaria de Geroa Bai Virginia Alemán ha considerado que esta disposición “restringe los derechos de los funcionarios bilingües, utilizando la ley para limitar el principio de movilidad funcionarial”.
Además, ha advertido que supone “un fraude de ley” porque fue introducida “sin una adecuada negociación con los representantes sindicales”. “Respondió a intereses políticos que nada tienen que ver con el principio de capacidad y mérito, ni mucho menos con el principio de igualdad”, ha criticado.
Por el contrario, el regionalista Carlos García Adanero ha defendido “un circuito diferente” porque, de lo contrario, se estaría “discriminando dos veces” a los castellano parlantes en el acceso a la función pública.
El regionalista, que ha criticado ese “afán de discriminar a aquellos que no hablan euskera”, ha advertido que “lo que pretenden es una Administración euskaldun”. “Se estaría discriminando a una inmensa mayoría de ciudadanos navarros que no conocen euskera y están en inferioridad de condiciones a la hora de acceder a un puesto en la Administración Pública”.
Rubén Velasco, parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, ha justificado la abstención de la formación morada afirmando que esta cuestión “requiere de un debate en la Mesa General de la Función Pública”.
“Estamos ante un asunto muy delicado", ha indicado, "de lo que se trata no es de obviarlo, pero sí de tratarlo en los foros adecuados”.
La socialista Inma Jurío, que se ha posicionado “claramente” en contra de esta norma “nacionalista”, ha coincidido con Velasco en señalar que para cualquier modificación del Estatuto “es necesaria” una negociación en la Mesa General de la Función Pública.
La portavoz popular, Ana Beltrán, ha denunciado este “nuevo intento de EH Bildu de beneficiar descaradamente y sin ningún pudor a los funcionarios vascoparlantes en la Administración” mediante un “discurso victimista”.
“El atropello que pretenden cometer con esta ley no tiene nombre”, ha advertido Beltrán, que ha lamentado que “quieren pisotear a una mayoría de funcionarios castellano hablantes porque les molestan para conseguir sus objetivos”.
José Miguel Nuin, portavoz de IE, ha destacado que “si hay una vulneración grave de derechos fundamentales” hay otros cauces “más naturales” para actuar, como los tribunales o una negociación en la Mesa General de la Función Pública a iniciativa del Gobierno de Navarra.
