POLÍTICA

El Gobierno foral apuesta por la protección del empleo y social para hacer frente a la crisis

“Los servicios sociales han demostrado ser esenciales en el primer envite de la crisis", ha subrayado Maeztu.

Panadería L’Aterlier en el barrio pamplonés de Iturrama. PABLO LASAOSA
Panadería L’Aterlier en el barrio pamplonés de Iturrama. PABLO LASAOSA  

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha considerado que de cara al futuro la prioridad está en “ser capaces de adaptar con rapidez las políticas activas de empleo” e implementar una “adecuada protección social” para hacer frente al presente y futuro próximo de la crisis de la COVID-19.

Maeztu ha hecho estas consideraciones en una comisión parlamentaria en la que ha explicado la gestión de su departamento con motivo de la pandemia.

Para afrontar la situación actual, ha indicado, “debemos ser capaces de adaptar con rapidez las políticas activas de empleo para adecuarlas a la nueva realidad con muchas más personas en desempleo y sectores que están llamados a ver muy mermada su actividad”, una adaptación, ha apuntado, que “debe acompañarse de una adecuada protección social”.

La vulnerabilidad de la población se ve reflejada en la cobertura de la Renta Garantizada, que perciben 12.796 unidades familiares y cuya tramitación se ha “agilizado al máximo”, ha asegurado y ha apuntado que se ha aumentado el volumen de valoraciones en un 50 % con respecto a los cuatro años anteriores, con 1.880 expedientes en marzo y 2.140 en abril.

“Los servicios sociales han demostrado ser esenciales en el primer envite de la crisis y lo seguirán siendo en el futuro para atender las necesidades básicas de las personas y garantizar derechos esenciales como los ingresos y los cuidados directos de personas vulnerables”, ha subrayado.

En lo referente a medidas concretas, ha detallado, desde el Servicio Navarro de Empleo se han ampliado las vías de contacto y simplificado las gestiones y se han ofrecido nuevas vías de formación remota y online.

Para garantizar la continuidad en medidas dirigidas a colectivos vulnerables, en subvenciones y ayudas se ha establecido que no computan los plazos para los compromisos de mantenimiento de la actividad o con el compromiso de mantenimiento de la contratación.

En materia de atención a mayores, personas con discapacidad y menores “la situación ha mejorado sustancialmente”, pues desde el pico de la pandemia se ha reducido un 78,1 % el número de casos activos de COVID positivo en residencias de mayores, un 88 % en centros de discapacidad y un 67 % el número de profesionales de baja, aunque “sigue siendo necesario ser extremadamente prudentes”.

Ahora, ha señalado, el trabajo se centra en la identificación precoz de casos y en el plan de contingencia ante un posible rebrote, mientras que en previsión del progresivo cierre de recursos intermedios contemplan la opción de “habilitar un alojamiento temporal único que se mantendrá abierto los próximos meses como medida de contingencia”.

También han monitorizado las necesidades y la situación de los servicios sociales y se han reforzado las plantillas tanto para prevenir contagios como para la prestación de nuevos servicios, para lo que han contado con un millón de euros del Fondo Extraordinario aprobado por el Gobierno central para las Comunidades Autónomas.

Además, el Gobierno foral ha dotado 500.000 euros al fondo de ayudas de emergencia y se ha apoyado la liquidez de los servicios sociales abonando a las entidades locales del Servicio de Ayuda a Domicilio y el 25 % de la financiación anual.

Asimismo, se han detectado necesidades básicas de familias vulnerables, se ha proporcionado ayuda alimentaria a 4.905 menores, se ha habilitado el centro Fuerte Príncipe y se han mantenido y flexibilizado las subvenciones del ámbito de la inclusión.

En cooperación internacional se han priorizado las convocatorias de ayuda humanitaria, intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo y se ha reorientado el programa de vacaciones en paz.

Desde Navarra Suma Marta Álvarez ha reconocido que en materia de cooperación al desarrollo, atención primaria, inclusión social e infancia “han respondido razonablemente bien”, pero en atención a personas mayores, discapacidad y dependencia ha criticado su gestión y ha pedido a Maeztu que reconozcan sus errores.

Nuria Medina, del PSN, ha asegurado que “nunca se habían puesto en marcha tantas medidas en un espacio de tiempo tan pequeño” y ha destacado que estas no solo han buscado hacer frente a la situación presente, sino también en un futuro próximo.

En la opinión favorable ha coincidido Isabel Aramburu, de Geroa Bai, quien ha considerado que “en términos generales el departamento puede decir que ha demostrado un muy buen hacer” y “ha sabido extraer diferentes aprendizajes de todo ese esfuerzo”.

Por parte de EH Bildu Patricia Perales se ha mostrado de acuerdo en muchas de las medidas planteadas, aunque ha recriminado a la consejera que no sea crítica con los errores cometidos señalando que con esta crisis “han quedado en evidencias las grandes deficiencias de algunos servicios” como las residencias, donde a su parecer no se ha actuado correctamente.

Mikel Buil (Podemos) se ha mostrado satisfecho “con la cantidad y oportunidad de medidas tomadas”, aunque ha considerado que podría haberse mejorado en aspectos como las residencias o la coordinación de las redes de solidaridad y ha coincidido con la consejera al considerar que en esta crisis “ha habido innovaciones importantes que deberán consolidarse”.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha puesto en valor que, con esta crisis “los servicios sociales se han mostrado imprescindibles” y ha considerado que “la priorización de los social de los últimos 5 años ha sido esencial para que tengamos unos servicios sociales que han permitido responder con más garantías”.


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