Un Gobierno sin autoridad ni liderazgo alguno. María Chivite, la presidenta socialista atada de pies y manos por el nacionalismo vasco, se ha mostrado este lunes incapaz de trasladar este miércoles una postura firma tras las sentencias que anulan el decreto que buscaba imponer el euskera a la sociedad navarra.
Los socialistas, que llegaron incluso a manifestarse en contra de este decreto por las calles de Pamplona, son ahora rehenes de sus sillones por la presión que el PNV y Bildu, sus principales aliados en el poder, para tomar decisiones por ellos mismos.
En una comparecencia sin contenido y vacía de argumentos, el portavoz del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo está analizando "todos los escenarios posibles" tras las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anulan la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zonas mixta y no vascófona.
"Estamos analizando no sólo las propias sentencias para ver qué acciones tomar, también las consecuencias que puede tener", ha expuesto Remírez, para detallar que "si la sentencia deviene en firmeza pueden verse afectadas algunas de las convocatorias" de concurso-oposición anteriores.
Remírez se ha escudado ahora en el análisis "técnico" de la sentencia", cuando en la oposición su partido denunciaba el uso político que el cuatripartito anterior le había dado al decreto del euskera y la necesidad imperiosa de derogarlo, algo que su partido prometía en campaña.
DISCREPANCIAS ENTRE LOS SOCIOS
Sobre las discrepancias entre los socios de Gobierno sobre la decisión del TSJN, Remírez ha señalado que "no toca" al Ejecutivo "valorar la posición política de los portavoces de los partidos políticos de los grupos parlamentarios, incluidos aquellos que sustentan la acción de Gobierno".
Ha destacado que el Gobierno "se debe a lo que viene en el acuerdo programático" y ha manifestado que "ante eso responderemos". Ha explicado, además, que tal y como ha solicitado Podemos, la comisión de seguimiento del acuerdo programático se reunirá en los próximos días.
En su opinión, "la pluralidad del Gobierno es precisamente lo que le fortalece". "Este Gobierno se basa en un acuerdo programático en el que se acuerdan los acuerdos y algunos de los desacuerdos, a partir de ahí la posición política de cada partido es respetable", ha incidido Remírez, quien ha puesto en valor "la pluralidad y las diferencias de opinión".
Preguntado por las declaraciones de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, sobre que esperaba que el Gobierno recurriera la sentencia, Remírez ha insistido en que "en este momento lo que está haciendo el Gobierno es analizar todos los escenarios posibles" y ha remarcado que, en materia de política lingüística, el Ejecutivo "se guiará por lo que marca su acuerdo programático".
Ha afirmado así que "lo que vamos a tratar, más allá del contenido de la sentencia y sus consecuencias, es lograr que haya el más amplio consenso posible en materia de política lingüística, un consenso político, social y sindical que trascienda de las luchas y discrepancias partidistas y ponga al euskera el valor que merece".
Respecto a las críticas de Geroa Bai y EH Bildu por el hecho de que el inglés o alemán se valore como mérito y no el euskera, el consejero ha indicado que "técnicamente, a la espera de un mayor estudio al respecto, si la sentencia deviene firmeza, nos encontraremos ante este escenario".
Y preguntado por la posibilidad de modificar la ley del Euskera, como defiende EH Bildu, Remírez ha recordado que el acuerdo programático "no cierra la puerta a una modificación de la ley, pero siempre en unos parámetros de respeto a la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades".
"NO SE CUESTIONA EL CONJUNTO DEL DECRETO"
En relación a las sentencias dictadas, el portavoz del Ejecutivo también ha subrayado que no se cuestiona el conjunto del decreto foral de 2017", ya que "algunas de las demandas solicitaban la derogación total o subsidiariamente el cuestionamiento de alguno de los artículos y el TSJN no ha considerado la derogación total del decreto".
"Se ha centrado en aspectos concretos, por tanto, no es una enmienda a la totalidad del propio decreto", ha expuesto Remírez, para agregar que, sobre la política lingüística, "sí que entra a valorar lo que ha sido la práctica política lingüística no sólo del último gobierno, sino de gobiernos anteriores".
