Sánchez de Muniáin ha advertido de que el préstamo de un millón de euros a Davalor en 2015, en "la forma en la que se hizo, puede constituir una ayuda ilegal de Estado".
UPN propondrá en la comisión de investigación sobre las actuaciones de Sodena remitir a la Fiscalía "todas las actuaciones y testimonios en torno al caso Davalor, para que sean los órganos de Justicia los que determinen si se han producido acciones delictivas o actos de corrupción".
"Ante las reiteradas sospechas, debemos remitir toda esta información al fiscal para que sea éste el que determine su alcance y, en su caso, establezca los procedimientos judiciales para que respondan de sus actuaciones quienes las han llevado a cabo", ha expuesto en rueda de prensa el parlamentario regionalista, Juan Luis Sánchez de Muniáin.
En su opinión, a lo largo de las sesiones de la comisión y en la información recibida se ha constatado "una sucesión de irregularidades, algunas de las cuales no se pueden explicar si no es con un actuación consciente del propio consejero". Y no ha descartado que UPN acuda a la fiscalía, si la propuesta de los regionalistas en la comisión es rechazada.
Además, Sánchez de Muniáin ha advertido de que el préstamo de un millón de euros a Davalor en septiembre de 2015, en "la forma en la que se hizo, puede constituir una ayuda ilegal de Estado, las cuales son controladas por la Unión Europea", lo que supone, según ha dicho, "un nuevo indicio de ilegalidad".
Según ha indicado el parlamentario regionalista, la directora general de Industria, Yolanda Blanco, en su comparecencia del 4 de febrero en la comisión, admitió que es una "administración pública la que otorga esta ayuda" y que Sodena actuó "de forma subsidiaria al inversor privado" porque en el mercado "no estaba encontrando ninguna ayuda", dos características que "definen la ayuda de Estado", ha remarcado.
"Si además esto no se comunica a la Comisión Europea para que la analice, obviamente esta ayuda de Estado es ilegal", ha sostenido Sánchez de Muniáin, para agregar que "las ayudas de Estado pueden ser denunciadas por cualquier persona anónima ante la Comisión Europea y pueden conllevar, no sólo el reintegro de todo lo actuado, sino además las correspondientes sanciones a la administración".
En este sentido, preguntado por si UPN denunciará ante las instituciones europeas la ayuda, ha contestado que "las denuncias deben ser anónimas" y que "cualquier ciudadano o institución puede ponerlo en conocimiento". "Nosotros examinaremos también el tema, pero en cualquier caso, no podríamos decir que somos nosotros quienes vamos a denunciar puesto que el propio procedimiento debe ser anónimo", ha aseverado.
"NUEVAS IRREGULARIDADES"
Para el representante de UPN, una vez escuchado todo lo declarado por los comparecientes sobre Davalor en la comisión de investigación y en la documentación recibida se han evidenciado "nuevas irregularidades y nuevas presuntas ilegalidades", como el hecho de que el vicepresidente Manu Ayerdi "haya prescindido del procedimiento regulado por Sodena para aprobar ayudas a un proyecto empresarial".
Un procedimiento, ha agregado, que "jamás nadie antes se había saltado en la historia de Sodena para aprobar un proyecto empresarial". "Las inversiones podían ir mejor o peor, pero siempre se respetaba el procedimiento y se guiaban por el criterio técnico", ha argumentado.
Además, ha censurado que para "burlar" ese procedimiento, Ayerdi "creó en una semana un consejo 'ad-hoc', un consejo a la carta en el que eliminó la presencia de todos los consejeros independientes y en muy pocos días improvisó un consejo con sus tres directoras". Y también ha criticado que, "según ha declarado un mediador del préstamo, antes de aprobarse el millón de euros, Ayerdi ya le había comunicado al promotor y al mediador la inminente concesión en una comida celebrada en un restaurante".
Igualmente, ha cuestionado que "de ese millón de euros, tan urgente y necesario según se dice por parte de Ayerdi, una parte fuera a parar inmediatamente al patrimonio del promotor de la empresa y a la empresa del intermediario y, otra parte, a frenar un concurso de acreedores interpuesto en esas mismas fechas".
Para Sánchez de Muniáin, "esa ayuda de un millón nunca se debió prestar porque la empresa Davalor se encontraba ya en ese momento en una situación de insolvencia" y también ha criticado que "ha habido un incumplimiento flagrante en lo relativo a la presentación de cuentas".
