Navarra Suma ha denunciado que “el Gobierno foral ha ocultado que el sistema de Hacienda ha sido objeto de un ataque informático que ha puesto en riesgo los datos de los contribuyentes navarros”.
Además, sostienen, “este nuevo fallo de seguridad ha ocasionado un retraso en la adjudicación de plazas para docentes interinos que realiza el Departamento de Educación”.
NA+ indica que “apenas un año y medio después de que se produjera una brecha de seguridad en el sistema de datos de hacienda, se han vuelto a repetir los problemas sobre el mecanismo de custodia de los datos confidenciales de los contribuyentes de Navarra gestionados por el Departamento de Hacienda”.
“Estos hechos y la gravedad que conllevan han sido reconocidos y comunicados internamente en el Gobierno de Navarra, pero de nuevo no ha comunicado públicamente la incidencia, ni ha informado sobre la gravedad o el riesgo de la misma, ni de su posible solución pese a que los datos confidenciales de la mayor parte de los ciudadanos han estado expuesto o han podido ser robados”, han advertido.
Así, critican que “tan sólo se ha admitido por parte del Gobierno un ‘error informático’ para justificar un retraso en la adjudicación de plazas interinas del Departamento de Educación, sin admitir la evidencia del ataque que ha obligado al Gobierno de Navarra a deshabilitar temporalmente el sistema de datos DNI+PIN que recoge y gestiona los datos confidenciales”.
Ante esta situación, el grupo parlamentario de Navarra Suma ha registrado una petición de información con el fin de que los responsables del Gobierno detallen las circunstancias del ataque informático y aclaren el posible robo de datos pertenecientes a los contribuyentes así como la negativa a informar del suceso y de sus posibles consecuencias y soluciones.
NA+ recuerda que “ya es la segunda ocasión en la que se producen estos hechos que dejan al descubierto los datos que los contribuyentes confían a la Hacienda Tributaria de Navarra para cumplir sus obligaciones”. “Esta forma de actuar representa una completa irresponsabilidad ante un perjuicio que se ocasiona a los ciudadanos por la negligencia del Gobierno”, concluyen.
