Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han considerado que los límites son "difusos" y han criticado los "retrocesos de las libertades".
El Parlamento de Navarra ha aprobado una moción que insta a las Cortes Generales a emprender de manera urgente la modificación del artículo 573 del Código Penal y la calificación de terrorismo introducida a través de la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, al considerar que sus "límites son difusos".
La iniciativa impulsada por las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ha contado con el apoyo de estos grupos y el rechazo de UPN, PSN y PPN.
El texto, que será remitido a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, ha sido defendido por Unai Hualde (Geroa Bai), quien ha considerado oportuno abrir este debate ahora que no hay una mayoría absoluta del PP y es "matemáticamente posible revertir excesos del pasado de una legislatura negra", una legislatura "oscura", con retrocesos en libertades.
La ley, ha detallado, habla de "terrorismo" con unos "límites difusos", por lo que puede haber terrorismo sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública.
Tras señalar que numerosas personalidades han cuestionado esos cambios legales, ha apuntado que hay razones de peso para propiciar este debate desde Navarra, donde hay una mayoría progresista.
Ha agregado que además en la Comunidad foral se viven de "primera mano las consecuencias de injusticia de ese artículo y el ejemplo está en Altsasu a cincuenta kilómetros de este Parlamento".
Y es que esta legislación ha posibilitado que se atribuya delito de terrorismo a los jóvenes de Alsasua identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre en un bar de esa localidad, una acción "rechazable por la mayoría de esta Cámara", ha reconocido, pero que, ha aseverado, "no es terrorismo".
En este sentido ha remarcado que en "cualquier otro lugar del Estado", en Seseña o Plasencia, conllevan "una sanción penal común por lesiones o atentado a la autoridad" y aquí se habla de penas de hasta 15 años de cárcel.
"No se está blanqueando nada, ni se trata de falta de solidaridad con las víctimas, hay que alzar la voz para que no se produzcan situaciones tan flagrantes de vulneración del principio de proporcionalidad", ha concluido.
La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, tras solidarizarse con los jóvenes y pedir su libertad, ha considerado una "aberración" que una "bronca en un bar" se trate como delito de terrorismo. "No todo vale en un estado de derecho", ha remarcado.
Rubén Velasco (Podemos) no ha augurado un futuro esperanzador a esta moción, ya que recientemente se presentó en el Congreso una iniciativa en esta línea que no prosperó. Ha denunciado que los recortes de libertades del PP suponen una nueva "vuelta de tuerca con el terrorismo yihadista" y ha cuestionado la actuación judicial en el "incidente tabernario" de Alsasua.
El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha considerado necesario corregir ese "disparate jurídico", que "sitúa al sistema penal español en márgenes de excepción y abuso". "No es un Código Penal democrático", ha indicado.
El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte, quien se ha remitido a lo que digan los jueces respecto a los citados jóvenes, ha apuntado que hay legislaciones internacionales que no cuestionan que pueda existir terrorismo en ausencia de organización activa y ha opinado que esta iniciativa responde a la pretensión de EH Bildu a que no se castigue a quienes agredieron a cuatro personas en Alsasua.
La socialista Inmaculada Jurío ha pedido que no se interfiera en los procesos judiciales y ha manifestado que su partido apoyó esta reforma porque "el PSOE tiene sentido de Estado" y en ese momento había que responder al terrorismo yihadista.
Ana Beltrán (PPN) ha sostenido que el artículo que se quiere modificar no es difuso, sino "bien claro", ha criticado que se ponga en tela de juicio el criterio de la jueza Audiencia Nacional y ha dicho que la "agresión brutal" de Alsasua se debió a la condición de guardias civiles y tenía como objeto "sembrar odio y miedo".
