El cuatripartito y PSN han aprobado las modificaciones para establecer sanciones en la Ley de Reconocimiento a las Víctimas de 1936.
La comisión de Presidencia del Parlamento de Navarra ha aprobado el dictamen de la proposición de ley foral que modifica la ley de reconocimiento y reparación moral de las víctimas del golpe militar de 1936 y establece un régimen sancionador para acabar con "la discrecionalidad que rige" en la retirada de símbolos franquistas.
Tanto el cuatripartito (Geroa Bai como EH Bildu, Podemos e I-E) como PSN han votado a favor de esta modificación, que UPN y PPN han rechazado.
En el dictamen, que será elevado a pleno para su aprobación definitiva, se da un año de plazo antes de aplicar el régimen sancionador propuesto, con el fin de "acabar con la discrecionalidad que rige en la retirada de símbolos de enaltecimiento de la dictadura franquista".
Con esta norma se pretende terminar con lo que se considera una "afrenta a las víctimas y a los valores de una sociedad democrática", eliminando aquellos "vestigios contrarios a la libertad" y "representativos de un pasado a superar".
Así se establece un sistema de penas dirigido a castigar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. Se tipifican como infracciones muy graves (multa de entre 10.001 y 150.000 euros) la realización de excavaciones con el ánimo de extraer restos de víctimas de la represión del 36 "sin atenerse al Protocolo de Exhumaciones" aprobado por Orden Foral, además de la destrucción de documentos de Memoria Histórica o de pruebas de ADN.
En este apartado también se incluyen la construcción sin permiso sobre terrenos donde existe la certeza de la existencia de restos humanos de desaparecidos y la destrucción de sepulturas incluidas en el Mapa de Fosas de Navarra, así como la alteración grave de un bien integrado en un Lugar de la Memoria Histórica y la ejecución de cualquier obra que, sin la debida autorización, afecte a fosas.
Por otro lado, se califican como infracciones graves (multas de entre 2.001 y 10.000 euros) los incumplimientos de las resoluciones que requieran la retirada de elementos, símbolos, leyendas y menciones franquistas, así como la falta de conservación y mantenimiento.
También se penalizará con estas cantidades la producción de daños graves en un Lugar de la Memoria Histórica de Navarra y la no comunicación del descubrimiento de restos que pudieran corresponder a personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la dictadura.
Esta calificación también afecta a la instalación de nuevos elementos relativos a personas que se significaron por su apoyo al golpe de estado y la posterior dictadura; la rotura, retirada o alteración de placas, monumentos o elementos de homenaje con el fin de insultar, vejar, injuriar a las víctimas; y la utilización de expresiones ofensivas para las víctimas en cualquier medio de comunicación o intervención pública.
Entre las infracciones leves (que oscilarán entre 200 y 2.000 euros), se encuentra el incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley "cuando no exista ánimo de injuriar y, por tanto, no constituyan infracción grave o muy grave".
RETIRADA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
En el régimen sancionador se contempla la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas por un período máximo de dos años (en el caso de infracciones leves), tres (para casos graves) o cinco años (muy graves), y en el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas en materia de memoria histórica.
Además se facultará al departamento competente a proceder a la retirada de dichos elementos o a imponer multas coercitivas, hasta doce sucesivas, por períodos de un mes y cuantías de entre 600 y 6.000 euros.
En el debate parlamentario, desde UPN el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha rechazado "todo régimen totalitario" y ha apostado por "eliminar cualquier exaltación de las dictaduras en general y la franquista en particular", ha advertido que la norma "ofrece demasiadas carencias", que, a su juicio, hacen que el régimen sancionador sea "jurídicamente flojo, débil" y lejos de ser "justo y ecuánime".
Tras condenar la dictadura franquista, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha criticado la "doble vara de medir" de Podemos y EH Bildu, quienes han quedado "perfectamente retratados" al sancionar este tipo de cuestiones y preocuparse "tan poco" de la historia reciente. En este sentido, ha denunciado que EH Bildu proponga retirar simbología franquista pero no condene el terrorismo de ETA, y de la formación morada ha criticado que "supuestamente" haya sido financiada por la dictadura venezolana y la iraní.
En nombre de Geroa Bai, Virginia Alemán ha lamentado que a día de hoy "todavía quedan entidades locales y privadas que tienen pendiente dar cumplimiento a lo establecido" en la ley foral de Memoria Histórica. Por ello, ha abogado por "hacer entender a las entidades la importancia de la retirada de toda simbología franquista y, en último caso, aplicar un procedimiento sancionador".
Por EH Bildu, Dabid Anaut ha afirmado que lo expuesto en la norma "concuerda con lo que se está haciendo en otras comunidades", y en el turno de Podemos, Laura Pérez ha lamentado que diversos poderes públicos e instituciones mantengan "esa simbología ignominiosa que atenta contra la dignidad de las víctimas del franquismo".
Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha asegurado que el objetivo de la propuesta "no es recaudatorio, sino promover el cumplimiento de la ley de memoria histórica".
Por su parte, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha calificado esta modificación como "necesaria", y ha esperado poder contar con una ley "lo más completa" y con el "máximo consenso posible".
