UPN propone su derogación y asumir de forma transitoria la ley de 2007 mientras se elabora una nueva normativa.
El Gobierno del cuatripartito ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para derogar la Ley Foral de Policías de 2015, ya que ello supondría "volver" al bloque normativo de hace diez años con la consiguiente "inseguridad jurídica".
Según ha afirmado en conferencia de prensa la consejera de Interior, María José Beaumont, derogar la ley de 2015, después de rechazar el proyecto elaborado en 2017 por el Gobierno para una nueva ley de Policías de Navarra, generará una "profunda y general inseguridad jurídica".
En este sentido el Ejecutivo sostiene que la proposición de UPN argumenta para derogar la ley de 2015 que "genera problemas de gestión y organización que suponen un desgaste para la Policía Foral y puede conllevar serios problemas en la prestación de algunos servicios policiales". Por eso propone su derogación y recuperar de forma transitoria la vigencia de la anterior ley de Policías, de 2007, mientras se elabora una nueva normativa de cuya redacción se encargaría una ponencia parlamentaria.
Para el Gobierno sin embargo, ha dicho Beaumont, "volver a 2007 crearía inseguridad jurídica" tanto para el personal afectado como para la ciudadanía, además de que no es cuestión de "retroceder sino de avanzar, y el avance es el proyecto" del Ejecutivo que el Parlamento no respaldó a pesar de ser "un buen instrumento para solucionar los problemas y carencias de anteriores normativas".
Y al respecto el Gobierno subraya que la ley de 2007 ha sido modificada siguiendo un "camino de renovación y reformas que siempre va hacia delante, con un objetivo claro y único, el modelo policial buscado, procurando tanto la atención a las necesidades de la ciudadanía como una continua adaptación y corrección de la regulación a los cambios operados en las policías".
Los dos últimos pasos en esta senda han sido el nuevo Reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral, de 2016, y el propio proyecto de ley de 2017, por eso "no tiene ningún sentido dar ahora un paso atrás" que "sólo añadiría una profunda y general inseguridad jurídica" ya que son muchas los cambios introducidos en la ley desde 2007 que "están plenamente en vigor".
"La única modificación legislativa que puede hacerse, y deberá hacerse, es de avance, y no de retroceso", y para eso Beaumont ha insistido en la bondad del proyecto con el que el Gobierno hacía "una apuesta decida" y pretendía "paliar los problemas de gestión, organización y prestación de servicios a los que alude UPN en su proposición".
En la misma sesión, el Ejecutivo foral ha cedido prorrogar para 2018 la realización de horas estructurales por parte del personal del servicio de bomberos, unas horas que tienen carácter voluntario y no se compensan económicamente sino al final de la vida laboral.
