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El cuatripartito aprueba la Renta Garantizada sin cumplir "las promesas" del acuerdo programático con los colectivos sociales

La Plataforma por la Renta Básica asegura que con la nueva normativa "algunos se van a quedar fuera" y otros "se les descontará una parte".

Miguel Laparra ensimismado durante el pleno de esta mañana. MIGUEL OSÉS.
Miguel Laparra ensimismado durante el pleno de esta mañana. MIGUEL OSÉS.  

El Parlamento foral ha aprobado, con el voto en contra de la oposición, el proyecto de ley que regula los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, que sustituye a la actual Renta de Inclusión Social y que supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones.

El proyecto de ley ha salido adelante con el apoyo de las cuatro formaciones que sustentan al Ejecutivo foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el rechazo de la oposición, UPN, PSN y PPN.

Con la inversión prevista, según el proyecto de ley, se pretende mejorar la cobertura y las cuantías que reciben unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80 % de las perceptores de la renta de inclusión. Por el contrario unas 5.000, el 20 %, verán reducida su prestación de 655,20 euros mensuales a 600 euros.

Además otras 2.800 personas nuevas podrían incorporase a la renta garantizada por la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años o la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia par acceder a la ayuda.

A ello se suma el acceso de unidades familiares con menores o personas dependientes o con discapacidad superior al 65 % que lleven solo un año de residencia en Navarra o la posibilidad de prorrogar la renta más allá de 36 meses si persiste la necesidad.

Para acceder a ella se debe carecer de ingresos y patrimonio suficiente, estar inscrito en el SNE como demandante de empleo, a excepción de quienes se hallen en situación administrativa irregular, y acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo las excepciones citadas.

La ley establece una nueva escala de cuantías económicas que supone una mejora para familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilan desde los 600 hasta los 1.200. Actualmente varía entre 655,20 y 982,90 euros.

Además establece medidas para incentivar el empleo y la inserción socio-laboral, que se irán ampliando con el desarrollo de la norma.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha mostrado "satisfacción y alegría" por la aprobación de esta ley, "la mejor posible", que responde a principios de "justicia y equidad" y que reconoce un doble derecho: a la renta mínima y a la inclusión.

Por su parte, Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) se ha congratulado de la aprobación de una ley que "mejora" la anterior, pero que "no supone el fin, sino el principio", por lo que ahora toca poner los recursos económicos y humanos para sacarla adelante.

Mikel Buil (Podemos) tras afirmar que la cobertura "no llega a ser universal" como pedía una concentración ante el Parlamento, ha reconocido que no les resulta fácil defender esta ley, pero pese a las "sombras", están "satisfechos" por cuestiones como la reducción de la burocracia, la subida de prestaciones en base al número de menores del núcleo o la incentivación de la búsqueda de empleo.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, se ha mostrado satisfecho con la ley que supone "un paso adelante muy importante" y que va a servir para avanzar en un doble derecho; a la inclusión social y a la no pobreza. Ha remarcado que la ley "huye de modelos asistencialistas y se sustenta en un modelo de derechos".

Por UPN, Maribel García Malo ha denunciado que se va a recortar la prestación a 6.000 familias y ha rechazado el proyecto por "poco riguroso" y por la "nula voluntad de consenso" como, según ha dicho refleja el hecho de que no ha sido aprobada ni una de sus 54 enmiendas y se "han plagiado" unas alusivas a la discapacidad. Ha opinado que es "un mal modelo" que supone un "retroceso".

Nuria Medina (PSN) ha lamentado que no haya sido posible el acuerdo cuando hace poco más de un año sí se pactó un modelo de protección social que "hoy se cambia de forma brusca y unilateral", un "cambio egoísta que deja a mucha gente en el rincón mientras el Gobierno se desentiende del acompañamiento en la inserción".

"Esta ley no contenta ha nadie" ha afirmado Ana Beltrán (PPN), quien ha manifestado que la renta garantizada "no debe ser un fin en si mismo, las personas deben aspirar a la inserción" y en eso, ha remarcado, se basaba la mayor parte de sus enmiendas. "Buscan una sociedad asistencial para tener a la gente amarrada", ha dicho. 

LA PLATAFORMA POR LA RENTA BÁSICA DICE QUE ES "INSUFICIENTE"

La representante de la Plataforma por la Renta Básica, Ana Fernández, ha asegurado que el proyecto de ley de Renta Garantizada elaborado por el Gobierno de Navarra es "insuficiente" con respecto a lo "prometido" en el acuerdo programático.

Fernández ha añadido que "hay colectivos que se van a quedar fuera" y a otros que se incluye se les va a "descontar una parte de la prestación que están cobrando".

Y ha precisado al respecto que a todas las familias unipersonales se les va a reducir 55 euros al mes de la prestación de 655 que ahora cobran.

Ha asegurado además que a los jóvenes de entre 18 y 24 años se les van a "endurecer" los requisitos, "exigiéndoles dos años de emancipación de sus padres y un año de cotización a la Seguridad Social", algo que "en estos momentos es imposible".

Según Fernández a la Plataforma también le "parece mal" que "se haya entremezclado la ley de Renta de Inclusión Social con la de Renta Garantizada" y que a su juicio se deben separar para "invertir recursos y partidas presupuestarias en la ley de Renta de Inclusión Social, y dejar la Renta Garantizada para las personas que no tienen recursos económicos".

Sí que ha valorado los "avances que se van a producir", entre los que ha subrayado que no va a ser una prestación limitada en el tiempo sino que se mantendrá "mientras exista la necesidad", y la inclusión de la población inmigrante irregular y las personas mayores de 65 años.


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