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Escándalo en la Policía Foral: expedientan a dos agentes tras recibir presiones de un alcalde del PSN

El cargo socialista se puso en contacto con el jefe de la comisaría de Tudela para cuestionar la actuación de dos policías con un grupo de cazadores.

Dos agentes de la Policía Foral, durante un control en una autopista. ARCHIVO
Dos agentes de la Policía Foral, durante un control en una autopista. ARCHIVO  

El jefe de la comisaría de la Policía Foral de Tudela, Miguel Ángel Escudero, aprovechó las atribuciones de su puesto para remitir una información a la Brigada de Régimen Interno desautorizando a dos de sus agentes después de haber recibido presiones del en ese momento alcalde de Murchante, Tomás Aguado (PSN).

Los hechos se remontan al pasado 4 de abril. Por la mañana, la oficina del 112 recibió una llamada de una mujer que alertaba de que unos hombres se encontraban disparando hacia una zona de caminos junto a la vía verde del Tarazonica, y que tenía miedo de pasar por esa zona, por lo que requería una presencia policial.

El 112 trasladó el aviso al Centro de Mando y Coordinación de la Policía Foral, que movilizó a una patrulla formada por dos agentes adscritos a la comisaría de Tudela. Estos hablaron directamente por teléfono con la mujer, que volvió a indicar la presencia de los hombres disparando armas de fuego, lo que le provocaba temor a caminar por la zona.

Los dos policías se trasladaron al lugar, que apenas distaba un kilómetro de la comisaría, y al llegar escucharon varias detonaciones y disparos. Uno de los agentes se bajó del vehículo oficial y se dirigió hacia el grupo de individuos gritándoles que arrojaran sus armas al suelo. Al no saber a lo que se enfrentaba, el policía llevaba desenfundada su arma corta en posición plegada hacia el suelo.

Los hombres, cuatro cazadores que portaban escopetas, hicieron caso omiso a los mandatos del policía y se mostraron con una actitud desobediente y esquiva, no parando de manipular sus armas. Además, se adentraron en una zona de olivares para tratar de que la Policía Foral les perdiera la pista.

No obstante, los dos agentes consiguieron encontrarlos y se hicieron con el control de la situación. Como las explicaciones vertidas por los cazadores no eran muy convincentes, los policías decidieron requisarles las escopetas e informarles de que se les iba a proponer para diversas sanciones administrativas, ya que los acusaron de haber hecho un uso negligente de las armas de fuego. Asimismo, uno de ellos estaba usando una escopeta de la que no era titular, sin aportar el correspondiente documento de cesión; el que se la había cedido tampoco contaba con la documentación necesaria; y otro de ellos había dejado un arma a la vista dentro de un vehículo estacionado a varios cientos de metros del lugar.

CONTACTOS EN MURCHANTE

Dentro de ese grupo de cazadores se encontraba un responsable del coto de caza de Murchante y otro de un coto próximo a Navarra. Una vez que los policías se marcharon, los hombres se pusieron en contacto con el alcalde de Murchante, que en ese momento era Tomás Aguado (sustituido por Luis Sancho, también del PSN, tras las elecciones locales de mayo). Este, tras conocer la versión que le dieron los cazadores (distinta a la expuesta por los agentes), llamó por teléfono al comisario de Tudela, Miguel Ángel Escudero, para protestar por la actuación de la patrulla.

Estos hechos ocurrieron con bastante celeridad, puesto que cuando los agentes regresaron a la comisaría tras la intervención, el comisario les pidió explicaciones sobre lo sucedido, puesto que ya había recibido la llamada del regidor municipal de la localidad ribera.

A partir de ese momento, las actuaciones internas dentro de la Policía Foral comenzaron a variar el cauce normal que deberían haber registrado. Por un lado, las denuncias a los cazadores emprendieron un camino distinto al reglamentario. Según la normativa que rige las actuaciones del cuerpo policial autonómico (y que es de obligado cumplimiento), en el caso de que se produzca una infracción en el reglamento de armas, esta debe ser remitida a la Delegación del Gobierno, el órgano competente y encargado de tramitarla. De hecho, las armas requisadas sí que fueron entregadas a la Guardia Civil.

Sin embargo, la Unidad de Gestión del cuerpo policial autonómico envió las denuncias al departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, que no es competente en este ámbito. Más adelante, la Brigada de Régimen Interno redactó y envió al citado departamento un informe explicando que, según su criterio, los agentes habían actuado incorrectamente, por lo que lo ponían en su conocimiento para que actuaran en consecuencia.

Dicho y hecho. El departamento de Medio Ambiente, sin competencias en el reglamento de armas y ante la aclaración de que los agentes habían tramitado mal las denuncias (cuando era la Unidad de Gestión la que las había enviado), archivó ocho denuncias, pese a que se habían formulado diez. Dos se extraviaron y no se sabe dónde están.

ABUSO DE ATRIBUCIONES

Por otro lado, a los dos agentes se les incoó un expediente administrativo a través de una resolución del director general del departamento de Interior del Ejecutivo foral, en ese momento Agustín Gastaminza. Se los acusa de haber actuado con abuso de sus atribuciones en perjuicio de la ciudadanía, una infracción grave cuyas sanciones pueden ser el traslado forzoso a otro puesto de trabajo, la suspensión de empleo y sueldo entre 5 y 30 días, o la suspensión de funciones durante un tiempo máximo de tres meses.

Según fuentes conocedoras del caso, el origen de la situación fue la llamada telefónica del alcalde de Murchante al comisario de Tudela, una llamada que viene reflejada en varios correos internos de la Policía Foral y hasta en la propia resolución del director general de Interior, a la que ha tenido acceso NAVARRA.COM.

En esa llamada, el alcalde del PSN cuestionó la actuación policial efectuada con los cazadores, remarcando que habían abusado de su autoridad. Acto seguido, el comisario inquirió a los dos agentes que cómo se les había ocurrido actuar de esa manera, desenfundando un arma. A raíz también de esa llamada, se dio inicio en junio a una información reservada dentro del cuerpo, que conllevó en julio la incoación de un expediente, por el que se les imputa a los dos policías una infracción grave al régimen disciplinario, acusados de haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones con perjuicio de terceros.

La misma llamada motivó también que las denuncias no registraran su recorrido obligatorio y acabaran en el departamento de Medio Ambiente, al igual que originó la redacción de un informe interno desautorizando la actuación de los dos agentes, que el pasado viernes recibieron la notificación del expediente y que ahora se encuentran a la espera de declarar como investigados y recibir la sanción correspondiente.


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