• viernes, 29 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Acusan al Gobierno de permitir contratos ilegales en una empresa dependiente de la Mancomunidad de Pamplona

La empresa pública SCPSA habría vulnerado la tasa de reposición, convirtiendo así contratos temporales en indefinidos. 

Isabel Elizalde en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
Isabel Elizalde en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA

UPN ha puesto contra las cuerdas a la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, al preguntarle sobre unos contratos temporales que ha realizado SCPSA, empresa pública dependiente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que estos contratos temporales incluyen "una cláusula que se entiende pude ser ilegal y que lo que hace es convertir los contratos temporales en una promesa de contratos indefinidos, vulnerando a nuestro juicio el máximo de la tasa de reposición, que está tasada en 13 contratos y que han sido superados en fraude de ley".

En respuesta, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, ha echado balones fuera afirmando que el Ejecutivo carece de competencias para ejercer un control sobre las empresas públicas de entidades locales, por lo que no puede controlar las contrataciones de personal que realiza SCPSA.

Isabel Elizalde ha afirmado que "el Gobierno de Navarra ejerce el control de la legalidad de las actuaciones de las entidades locales y en ningún caso le corresponde ejercer el control sobre las actuaciones de las entidades públicas dependientes de las entidades locales", por lo que "no se ha llevado a cabo ninguna actuación" respecto a los contratos de SCPSA "al carecer de competencias".

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que no le deja "satisfecho esta interpretación, porque está abriendo la puerta a una absoluta falta de control de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona". "La consejera está buscando un subterfugio para no ejercer el control de legalidad sobre estas contrataciones", ha señalado.

Isabel Elizalde ha replicado que no busca "ningún subterfugio ni ninguna excusa". "La cuestión es que el departamento tienen unas competencias concretas sobre las entidades locales y no las tiene sobre las empresas públicas de esas entidades locales", ha afirmado.


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