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Santos afirma que la sentencia no es de su competencia: el Consejero no se 'moja' con el Procès

NA+ le ha recordado su posicionamiento "en solidaridad con los independentistas" cuando Santos era diputado en el Congreso.

Comisión de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, comparece en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA
Comisión de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, comparece en el Parlamento de Navarra. PABLO LASAOSA  

El Consejero de Justicia, Eduardo Santos, ha eludido opinar desde su actual responsabilidad sobre la sentencia del Tribunal Supremo acerca del 'procés', por entender que desde el cargo que ocupa tiene "autolimitada" su libertad de expresión para evitar siquiera "inquietar" al poder judicial.

Así lo ha señalado en comisión parlamentaria a la que había sido requerido por Navarra Suma, cuyo portavoz, Jorge Esparza, le ha recordado posicionamientos "en solidaridad con los independentistas catalanes" cuando Santos era diputado de Unidas Podemos en el Congreso, y le ha afeado que, pese a que siempre se ha caracterizado siempre por decir lo que pensaba, "ha sido enfundarse el traje de consejero y perder la oportunidad de conocer" su opinión.

Así, Esparza le ha animado a ser "honesto consigo mismo y fiel a lo que usted ha defendido", y le ha preguntado por su posición ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'proces' que condena a los líderes catalanes a penas de prisión.

Al respecto, Santos ha sido claro al advertir de que la sentencia no es de su competencia y de que como consejero no puede hacer "una valoración ni política ni jurídica" sobre ella, por lo que ha asegurado que lo que realmente pretendía Esparza era "confrontar mi posición actual como consejero de Justicia con abrir un debate extemporáneo sobre mi posición anterior" en el Congreso.

Tras señalar que al respecto su posición política es "absolutamente conocida en ese sentido", ha subrayado que es función de los liderazgos políticos emitir opinión, en base a la "libertad de expresión y el derecho a la participación política", que solo tienen como límite "el respeto a los derechos fundamentales de otras personas".

Sin embargo, como consejero del Gobierno de Navarra, ha puntualizado que "quienes tenemos esta responsabilidad debemos tener autolimitada nuestra libertad de expresión", pues quienes tienen "funciones ejecutivas no podemos ni dar apariencia de que vamos a inquietar a otro poder del Estado, en este caso los jueces, en el ejercicio de su función jurisdiccional".

"Eso supone un sacrificio de mi libertad de expresión política y social", ha asumido, pero ha subrayado que "por encima de mi interpretación y opinión de esta sentencia, que la tengo, tengo una responsabilidad institucional y debo tener un respeto exquisito a esa responsabilidad que ostento".

Además, y debido al gobierno de coalición al que pertenece, con cuatro grupos diferentes firmantes del pacto, Santos se ha reconocido como "sujeto a una doble lealtad: la primera, al orden constitucional, que me exige estar en mi sitio y por lo tanto tener una distancia respetuosa con el ejercicio de otro poder del Estado".

Su segunda "lealtad" debida es al Gobierno de coalición, por la que su posición "no puede ser otra que la que establece el Gobierno de Navarra en su conjunto".

Aún así, Santos sí ha aportado una reflexión sobre el papel de la justicia trasladable a lo sucedido en Cataluña, la de que "la justicia como servicio público se legitima en tanto en cuanto es un instrumento útil para resolver conflictos sociales".

"En el momento en el que se le piden imposibles, a la justicia se la coloca en situaciones muy complicadas que no tienen que ver con la posición concreta de los jueces o tribunales en el momento de emitir las sentencias sino con la posición que como sociedad le queramos dar al ámbito de la justicia", ha advertido.


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