La parlamentaria de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha reiterado la solicitud de respuesta de las 86 peticiones de información que el Departamento de Derechos Sociales se niega a responder bajo el pretexto de no disponer de los documentos o informes solicitados, excusa que, según la citada parlamentaria, es falsa.
El pasado mes de diciembre, Marta Álvarez solicitó amparo al presidente del Parlamento de Navarra “por vulneración de sus derechos como parlamentaria”, a la vista de que el Departamento de Derechos Sociales y, concretamente, su consejera Carmen Maeztu, se negaba a responder a 86 peticiones de información, además de retrasar sin motivo aparente la respuesta de otras 6.
A la vista de dicha solicitud, los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron un informe fechado el 17 de enero de 2020, que fue remitido al presidente del Parlamento y a la citada parlamentaria.
En el mismo los letrados concluyeron, con respecto a las 86 peticiones que la consejera Maeztu se negaba a responder, que la parlamentaria tiene derecho a acceder a toda la información existente, y que esa información debe existir necesariamente en el Departamento en, al menos, todas las peticiones referidas a acciones del Plan de Inclusión que tienen indicador, lo que ocurre en 39 de las peticiones.
Además, para el resto pone en duda que no exista en la mayoría de los casos la información, aunque no obre en un documento o informe, en cuyo caso debe ponerla a disposición de la parlamentaria mediante el acceso de esta a dicha información directamente en las oficinas del Departamento.
En opinión de la parlamentaria, “se trata de conclusiones lógicas porque, como se podía comprobar en las peticiones, se solicitaba información sobre cuestiones que se piden habitualmente y que se han facilitado en varias ocasiones, como ocurre con la información sobre mayores de 55 años que han recibido servicios de orientación del Servicio Navarro de Empleo o sobre perceptores de Renta Garantizada”.
El informe jurídico del Parlamento finaliza señalando que, ante esa vulneración de derechos, la parlamentaria tiene la opción de continuar por la vía parlamentaria a través de distintas iniciativas o de acudir al Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vía recurso de amparo o recurso contencioso-administrativo.
“A la vista de ello, y de que la consejera Maeztu no se ha manifestado a favor de cumplir con el informe jurídico, se ha decidido adoptar distintas iniciativas parlamentarias, como reiterar las peticiones de información, solicitar amparo verbal a la presidenta del Gobierno de Navarra y preguntar al vicepresidente primero en el próximo Pleno sobre la política de transparencia que va a seguir el Gobierno, como paso previo, en caso de no ser atendido este requerimiento, a la interposición de un recurso ante los tribunales”, ha explicado Marta Álvarez.
A su juicio, “el Gobierno de Navarra no puede continuar con esa política oscurantista, que oculta datos que legalmente debe proporcionar a la ciudadanía, como ocurre con las declaraciones de patrimonio de los altos cargos, y que entorpece la labor de control que debe realizar la oposición”.
