POLÍTICA

Comptos pide mejorar la eficiencia del sector público en Navarra tras la supresión de varias sociedades

La presidenta de Comptos, Asun Olaechea, ha asegurado en el Parlamento foral que "hay mucho trabajo por realizar".

Comparecencia de la Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra en el Parlamento. IÑIGO ALZUGARAY
Comparecencia de la Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra en el Parlamento. IÑIGO ALZUGARAY  

La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha manifestado este martes que "hay mucho trabajo por realizar" para "mejorar la eficiencia y la eficacia en el sector público y sus entes dependientes".

Olaechea ha comparecido en comisión parlamentaria para explicar el informe sobre la reestructuración del sector público de Navarra y ha precisado que Comptos estimó en 32,5 millones de euros el ahorro conseguido tras la reorganización de dicho sector.

Esta reordenación se concretó en la extinción de un ente público, el Consejo Audiovisual de Navarra, y tres organismos autónomos: la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, el Instituto de Administración Pública y la Agencia Navarra para las Emergencias. Las competencias de estos entes pasaron a manos de sus respectivos departamentos.

LA REORDENACIÓN SE INICIÓ EN 2009

En cuanto al sector público empresarial, ha explicado que la reordenación se inició con la creación en 2009 de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CEPEN). A partir de ahí, se realizaron dos planes de ordenación con objetivos concretos.

De las 39 sociedades existentes aquel año se extinguieron 22, principalmente a través de la fusión entre empresas. Como consecuencia del proceso, disminuyeron en 224 los empleados del sector público empresarial.

En cuanto al sector público fundacional, de las siete fundaciones existentes en 2009 se suprimieron tres: Instituto Navarro de Artes Audiovisuales y Cinematografía, Formación en Energías Renovables y Navarra para la Excelencia. Las funciones del primero las asumió el Departamento de Cultura, mientras que las de las otras dos pasaron al ámbito privado.

El informe concluye, ha detallado Olaechea, con recomendaciones como que "este tipo de procesos tengan una planificación conjunta e integrada, con planes sectoriales individuales, y que las reorganizaciones en los ámbitos administrativo-fundacionales incluyan objetivos concretos y cuantificables".

BALANCE POSITIVO DE LOS POLÍTICOS

El parlamentario de Geroa Bai Rafa Eraso ha señalado que el ahorro es una "cantidad importante" y ha indicado que "las medidas fueron coherentes con las necesidades que había en ese momento y han resultado satisfactorias para las cuentas generales de la Comunidad".

Desde UPN, Carlos García Adanero ha señalado que el informe es "bastante claro" y "compartimos el análisis que se hace". Según ha expuesto, "se hizo un trabajo para poner orden a través de la Corporación Pública Empresarial, que fue un acierto cuando se constituyó y le falta ahora una parte importante, la de profesionalizarse".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado también que el informe es "claro" y ha preguntado "si hay un análisis por la Administración de cómo afectó la pérdida de puestos de trabajo y si han tenido incidencia concreto en algún sector de estas empresas".

Por parte de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha esperado que "se haga caso a las recomendaciones" recogidas en el informe y ha señalado que "si en el futuro hay más reajustes afecte lo menos posible a los remeros".

El socialista Guzmán Garmendia se ha preguntado si se podría reflexionar sobre "ir más allá en la reestructuración, a lo mejor tendría que aparecer alguna nueva, unirse otras". "En la era digital, con lo que llega de la industria 4.0, se nos plantea si podría haber alguna reestructuración", ha agregado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "las empresas públicas no deben ser competencia desleal con la iniciativa privada" y ha preguntado "si se puede dar otra vuelta de tuerca más para buscar más efectividad sin perder los objetivos de cada una de las empresas".

José Miguel Nuin, de I-E, ha criticado que, en este ámbito, "la política de UPN estuvo motivada por la reducción de costes" y ha destacado la ley aprobada por el Parlamento en 2013 que "le dijo al Gobierno que en cualquier sociedad pública que se hiciera un ERE de más del 10 por ciento de la plantilla tenía que tener autorización del Parlamento".


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