La Cámara de Comptos ha publicado el informe de fiscalización sobre el acuerdo entre Sodena, CEN y Albyn para la adquisición de mascarillas al inicio de la pandemia, en el que recomienda que se llegue a un acuerdo entre las partes, para lo que sugiere la vía de la mediación o arbitraje; que se dé salida al stock de mascarillas antes de que caduquen; y, por último, aconseja a Sodena que en futuras actuaciones "asegure la mayor protección posible de los fondos públicos empleados".
La Cámara de Comptos concluye que el acuerdo alcanzado entre las tres partes contiene "varias deficiencias" y señala que "todas las partes son corresponsables" de esas deficiencias y que, por tanto, "tienen que asumir las respectivas responsabilidades, tanto las obligaciones contempladas como las no establecidas y que debieron preverse".
Tras señalar que "no existe una solución jurídica única irrefutable", Comptos subraya que "judicializar el asunto dificultaría dar salida al material antes de que caduque, lo cual "no sería entendible y resultaría contrario al interés general".
En las conclusiones del informe, la Cámara de Comptos destaca el "excepcional contexto" en que se produjo la operación y su naturaleza "compleja y atípica". Comptos entiende que las relaciones entre las partes firmantes del acuerdo "no son independientes y están íntimamente ligadas". Insiste, en este sentido, en que "el acuerdo no puede fraccionarse en partes, porque esta operación debe ser entendida como un todo".
El informe considera que Sodena "debería haber solicitado autorización previa al Gobierno para formalizar el acuerdo". La sociedad pública entendió que estaba amparada por el acuerdo de Gobierno de 26 de febrero de 2020, que le autorizó a conceder préstamos durante ese año hasta un límite de diez millones. El informe reitera "la excepcionalidad del contexto y la transparencia con la que se formalizó el acuerdo".
La Cámara de Comptos apunta "varias deficiencias" en el acuerdo. "No existía un compromiso formal por parte de las empresas para adquirir las mascarillas que Albyn compró siguiendo las estimaciones de las propias empresas; tampoco se planteó cómo resolver eventuales contratiempos que pudieran alterar los planes previstos; y el acuerdo no incluía garantías suficientes para una protección debida de los fondos públicos implicados en el mismo", señala.
Al respecto, el presidente de la Cámara, Ignacio Cabeza, ha afirmado que la pérdida económica tendrían que asumirla las tres partes implicadas, las cuales, "en el contexto de la solución", son quienes "tienen que resolver cómo se reparten esa pérdida".
Cabeza ha destacado la importancia de "contextualizar el acuerdo en el momento en el momento concreto en que este se firma", ha respondido que "no hay una respuesta única" a esta cuestión, ya que, por ejemplo, Comptos "ha dispuesto de informes jurídicos que han pedido cada una de las partes y unos dicen una cosa y otros dicen otra".
"La Cámara no es un órgano jurisdiccional para tomar una decisión jurídica, es un tema que compete, en primer lugar, a las partes", ha señalado, tras remarcar que, de producirse, "la judicialización" de esta cuestión tiene que desarrollarse "una vez resuelto el tema de la caducidad" de las mascarillas.
Asimismo, la Confederación Empresarial Navarra (CEN) ha afirmado que el informe de Comptos "ha desactivado la reclamación improcedente e injustificada extrajudicial de abril de 2021 de Sodena y Albyn Medical contra la CEN en la que se le responsabilizaba del stock existente cuando el acuerdo firmado en mayo de 2020 no le atribuía ninguna responsabilidad sobre el posible excedente". La CEN ha afirmado en una nota que, según el informe "si cada parte se atiene exclusivamente a los términos literales del acuerdo, nadie puede hacer responsable a las otras partes de los efectos que esta situación no contemplada ha generado".
También el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que la Cámara de Comptos avala "la legalidad y la transparencia" del acuerdo alcanzado entre Sodena, Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Albyn y ha apelado a la CEN para que sea "constructiva" en la búsqueda de una solución que dé salida a las mascarillas almacenadas.
Irujo ha afirmado que el informe de Comptos "deja claro que el fin último que perseguía el acuerdo era ayudar a las empresas en un contexto absolutamente excepcional de pandemia, ese fue el espíritu". Tras ello, el consejero ha señalado que el informe de Comptos "avala la legalidad y la transparencia" con la que se hizo el acuerdo y ha ejemplificado que "las mascarillas que se adquirieron corresponden a las estimaciones efectuadas por la CEN, no hubo ninguna de las partes que se lucrara, y el stock sigue estando ahí en su integridad".
