Un catedrático de la UPV asegura en la comisión parlamentaria sobre el euskera que "oficialidad" no implica "imposición".
El catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Iñaki Agirreazkuenaga, ha negado que la "oficialidad" de un idioma conlleve "imposición", sino que "simplemente implica derechos".
Esto lo ha manifestado en la comisión especial para la elaboración de una nueva Ley foral del Euskera que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha comparecido para exponer el tratamiento de las lenguas en la función pública.
Según ha explicado, "que una lengua sea oficial no significa que tenga que ser conocida por todos", sino que "se tiene derecho a utilizarla". "Simplemente, lo que implica es lo que actualmente en Navarra existe: que en la enseñanza oficial todo aquel que quiere estudiar en euskera puede estudiar en euskera", ha trasladado.
Por ello, ha advertido que "el hecho de que el euskera sea oficial o no sea oficial no es el tema determinante", ya que "lo importante es determinar cuáles son los derechos lingüísticos que tienen los ciudadanos en Navarra".
En este sentido, ha explicado que los conocimientos que se exigen a la hora de acceder a la Administración se han de establecer en función de los requisitos necesarios para el desarrollo de las funciones públicas.
De esta forma, ha considerado que si los ciudadanos navarros tuviesen "derecho" a dirigirse a la Administración en inglés, "tendría sentido que se valorase el inglés".
"Lo que no entiendo, o no veo claro desde el punto de vista jurídico, es que se valore como mérito el conocimiento de francés, alemán o inglés, como he visto en la provisión de las plazas a la función pública en estos momentos, cuando no hay ninguna legislación que dé cobertura a ello", ha indicado.
El catedrático, que puede llegar a comprender que en las oficinas de turismo se valore, incluso que se exija, el conocimiento de francés, inglés y alemán, ha destacado que no entiende que dichos idiomas se valoren en la provisión de puestos de trabajo de funcionarios en Navarra.
Tampoco ha compartido que, entre los 16.000 funcionarios que existen en la Administración General de la Comunidad Foral, "no haya personal bilingüe más allá de los traductores" y que las plazas con perfil lingüístico "no lleguen ni al 1%". "Es algo absolutamente incomprensible desde el punto de vista del derecho", ha reivindicado.
Así, ha advertido que si el ciudadano tiene "solo el derecho" a dirigirse a la Administración en un determinado idioma y ésta no se relaciona con él en la lengua elegida, "no hay derechos lingüísticos".
Igualmente, ha lamentado que la actual normativa "se saca de la manga algo que no está en la LORAFNA" al crear "una zona mixta que no está en ninguna parte", tras recordar que el Amejoramiento solo "habla de zonas vascoparlantes". Agirreazkuenaga, además, ha advertido que en 1996 solo había 4 pueblos navarros donde no había ciudadanos que hablasen euskera, de un total de 254 localidades.
Asimismo, ha advertido que la realidad de la actual regulación es "peor" que la establecida en el Decreto Foral 70/1994 en "algunos puntos" relacionados con "los derechos que se reconocían a los ciudadanos".
Cabe recordar que este fue el primer decreto foral que reguló la aplicación de la Ley Foral del Vascuence en el campo de las administraciones y empresas públicas navarras y que fue modificado poco después de su aprobación.
"Lo que más favor le haría al euskera en el futuro es que alcanzasen acuerdos, cuanto más amplios, mejor", ha concluido Agirreazkuenaga, que ha recomendado que dichos consensos garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de forma que todos los navarros, vivan en la zona en la que vivan, "tengan reconocidos sus derechos cuando elijan entre las lenguas oficiales".
