La valoración sobre si las actas en cuestión son una "documentación necesaria" correrá a cargo del propio Gobierno de Navarra.
La comisión parlamentaria que investiga la desaparición de Caja Navarra podrá requerir al Ejecutivo foral la remisión de las actas de las reuniones de los órganos de gobierno de la entidad, siempre y cuando constituyan documentación necesaria para ejercer su función de "protectorado".
Así lo ha dictaminado el informe sobre protección de datos en relación con las actas de los órganos de gobierno de CAN entre 2000 y 2012, cuyas conclusiones se han dado a conocer la mañana de este viernes durante una nueva sesión de la comisión.
Según concluye el documento, la valoración sobre si las actas en cuestión son una "documentación necesaria" correrá a cargo del propio Gobierno de Navarra.
Además, la comisión podrá solicitar a la Fundación Caja Navarra la remisión de las mismas, tras lo cual, los miembros del órgano de investigación quedarán "sujetos al deber de secreto y confidencialidad respecto de su contenido".
Por este motivo, con el rechazo de UPN y el voto favorable de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y PSN, se ha aprobado solicitar al Gobierno de Navarra, antes del 8 de marzo, "su valoración sobre si considera que las actas de las reuniones constituyen documentación necesaria para ejercer su función de protectorado sobre la Fundación".
PLAZOS
En caso de que dicha valoración resultase afirmativa, se establecería el 30 de abril como plazo límite orientativo para pedir al Ejecutivo foral la habilitación de un espacio en sus dependencias para que los miembros de la comisión puedan acceder al contenido de las actas.
También como plazo límite orientativo se ha fijado el 10 de mayo, en este caso para la presentación de comparecencias, las cuales se celebrarían entre el 15 de mayo y el 15 de junio.
De esta forma y salvo prórroga, la presentación de las conclusiones y la finalización de los trabajos tendría lugar el próximo 30 de junio.
Según la propuesta de trabajo presentada por los cinco grupos, se pretende incidir en "comparar la labor 'in vigilando' que llevaron a cabo otros gobiernos regionales" que se encontraron en una situación "muy similar" durante "el proceso de fusión de otras cajas".
Asimismo, se busca investigar el "cronograma completo del patrimonio que componía la CAN en 2005", tratando de "aislar las instituciones o personas que de una u otra forma estuvieron involucradas o se pudieran haber beneficiado".
