• viernes, 22 de octubre de 2021
  • Actualizado 14:24

 

 
 

EDUCACIÓN

Los sindicatos inician una ronda de contactos con los partidos navarros para nuevas medidas en Educación

Buscan impugnar el acuerdo 'antidemocrático y de dudosa legalidad' aprobado por el Gobierno foral poco antes de la pandemia.

Representantes de UGT, LAB y SEPNA-FSIE, esta mañana en el Parlamento. UGT NAVARRA
Representantes de UGT, LAB y SEPNA-FSIE, esta mañana en el Parlamento. UGT NAVARRA

Los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT, LAB han dando comienzo a una nueva ronda de contactos con todos los partidos políticos, que ha comenzado este mismo lunes, 20 de julio, mediante la reunión mantenida con Jorge Aguirre Oviedo, parlamentario del PSN.

Además, han anunciado que acudirán al Defensor del Pueblo y que convocarán diferentes tipos de movilizaciones que, junto al Covid-19, marcarán el inicio del nuevo curso.

Los sindicatos SEPNA-FSIE, UGT, LAB que tienen el 88% de la representación sindical de la Enseñanza Concertada e Ikastolas, rechaza el acuerdo regresivo y no negociado que el ejecutivo navarro aprobó el pasado 15 de julio de 2020. Dicho acuerdo ha sido avalado por las patronales y tan sólo por el 1% de los sindicatos (USO y CCOO), tras ser apartada la representación sindical de la mesa de negociación "a tres" entre administración, patronales y sindicatos, tal y como se ha venido haciendo en los últimos años.

Tras el cambio de gobierno, el anterior acuerdo que finalizaba en agosto de 2019, fue prorrogado hasta junio de 2020 con el fin de poder realizar una  negociación con garantías tras la aprobación de los presupuestos de 2020. Esta aprobación se atrasó hasta finales de febrero, poco antes de la pandemia, y a pesar de haber un incremento del 4,5% en las partidas de concertada, el Departamento no ha trasladado esta subida de recursos económicos a una mayor financiación del nuevo acuerdo.

Tras el confinamiento, los sindicatos se han encontrado con que el Departamento de Educación ha cambiado el marco de negociación vigente en los últimos años dejándolos fuera, y que las patronales, sin consulta previa a los sindicatos, han aceptado inmediatamente un acuerdo de bases con el Departamento que implica recortes en las condiciones laborales de 3.500 trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, lejos de habilitar una nueva prórroga y atender a las declaraciones institucionales aprobadas por el Parlamento el pasado mes, se ha aprovechado el estado de alarma para imponer los primeros recortes en educación por parte del consejero Gimeno. La presidenta Chivite tampoco ha querido recibir a los sindicatos para que le transmitan su malestar.

Sin haber existido ningún tipo de negociación con Administración y/o patronales, los sindicatos USO y CCOO con el 1% de representatividad en total han firmado este acuerdo regresivo, mientras que SEPNA-FSIE, UGT, LAB y ELA con el 99% se han negado a aceptar  estos  recortes, más aún sin proceso  negociador.  Cabe  destacar que  los únicos dos delegados de USO se han mostrado públicamente contrarios a la firma.

El pasado día 15, el ejecutivo navarro dió luz verde a un "acuerdo ilegítimo" avalado mediante la práctica "antisindical" de firmar en minoría de USO y CCOO, y utilizando un procedimiento de "muy dudosa legalidad", ya que el VI Convenio Estatal de Enseñanza Concertada establece que los acuerdos autonómicos deben ser firmados por la mayoría empresarial y sindical. Las cuatro formaciones sindicales no firmantes consideran lamentable que una administración pase por encima de la mayoría de la representación legal de los trabajadores, y respalde un acuerdo antidemocrático firmado por el 1% de representación sindical para imponerlo a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores que atienden al 38% del alumnado navarro.

La próxima movilización será una concentración que se realizará el jueves 23 de julio a las 11.00 horas frente al Departamento de Educación. El fin de todo ello será revertir una situación injusta y antidemocrática para el conjunto de las plantillas de centros concertados e ikastolas, y a su vez, intentar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de este sector, ya de por sí, mucho más precarias que en la red pública.


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